RAUL HERAS

Las elecciones en Euskadi este domingo, 21 de abril de 2023, sentarán las bases políticas de los próximos meses en toda España. Por primera vez una formación, Bildu, heredera de una organización terrorista como fue ETA aspira a convertirse en la primera fuerza en votos y en escaños, por encima de los partidos que han gobernado, no sólo durante la actual democracia, también desde los tiempos de la II República. Un vasco de primera generación de 48 años, Imanol Pradales, crecido políticamente a la sombra de José Luís Bilbao, se juega la lendakariza contra Pello Otxandiano, un vasco con ocho apellidos de la tierra y el artífice del cambio programático que ha dirigido Arnaldo Otegui. Uno de los dos necesitará a Eneko Andueza - convertido en la persona de confianza de Iñaki Arriola - para lograr la mayoría necesaria en el Parlamento y, de paso, evitarle a Pedro Sánchez la decisión de optar entre los radical y lo convencional.

Convertido en el más fiel de los aliados de Pedro Sánchez dentro del universo socialista, capaz de aparecer en los más variopintos escenarios nacionales e internacionales, José Luis Rodríguez Zapatero puede y debe transmitirle al mejor de sus “alumnos”, con permiso de José Blanco, la historia de su propio y anunciado final en La Moncloa, aquel dos de abril cuando a anunció que se marchaba y que nunca más sería el candidato del PSOE. Los pronósticos apuntaban a decisiones presidenciales que se tomarían tras las elecciones municipales y autonómica de aquel 22 de mayo. Situación muy parecida a la actual. El presidente Sánchez no ha mencionado sus deseos de dejar el poder, que no los tiene, pero mantener los sesenta escaños de sus socios tras los inevitables choques entre nacionalistas y el derrumbe de la izquierda se presenta como una misión de resistencia de “Manual”, al alcance de muy pocos.

Seis partidos políticos representados en el Parlamento vasco desde 2020 de los que votan sólo dos aspiran a gobernar. Los dos son nacionalistas y mientras uno, el PNV, se declara tímidamente independentista, el otro, Bildu, afirma una y otra vez que quiere llegar a la independencia por medios legales. Uno y otro reivindican un futuro “estado vasco “ en el que se incluya Navarra. El resto de las formaciones, muy a su pesar, son compañeros para la formación del futuro gobierno que salga de las elecciones del próximo domingo.

Si el presidente del Gobierno quiere que la gran compañía estratégica de este país, que es Telefónica, mantenga su españolidad frente a la llegada de la saudí STC de Bin Salman y los grandes fondos norteamericanos con Black Rock a la cabeza, necesita llegar a acuerdos accionariales con el presidente de Criteris y máximo accionista de Caixabank. Entre las dos entidades catalanas suman, de cara a la Junta General de este viernes, el 7 5% de las acciones. Con el futuro 10% del Estado y el 4,5% del BBVA España tendrá asegurado un paquete de control muy similar al que tienen otros países europeos en sus compañías de telecomunicaciones. No se puede olvidar que el Estado, tras la absorción/ fusión con Bankia, mantiene un 16,5% en la entidad financiera, convertida en el primer banco del país.

En las elecciones autonómicas de 2020 la mitad de los vascos que tenían derecho a votar se quedaron en casa. Cuatro años antes acudieron a las urnas un diez por ciento más. Este próximo 21 de abril veremos si sube o baja el porcentaje del evidente desencanto electoral de los ciudadanos de Euskadi por su propio gobierno. Sumemos a esa realidad matemática la desigualdad que existe entre las tres provincias a la hora de lograr un escaño en el Parlamento autonómico: en Alava se consigue un asiento con cinco mil votos, en Guipúzcoa se necesitan diez mil y en Vizcaya dieciséis mil. Es otra de las incongruencias que tienen las leyes electorales en España. No todos los votos son iguales.

Un simple cambio en la ley electoral reduciría la tensión política y los problemas entre autonomías y entre partidos. La ley es injusta en la representación política y otorga, desde los inicios de la democracia, un exagerado beneficio a los partidos nacionalistas, en contra de las formaciones con presencia en toda España.

Una boda dentro de la familia Borbón es un motivo tan bueno como cualquier otro para que el Rey Juan Carlos de un paso más en su regreso a España desde las arenas del desierto. Un paso necesario tras su voluntario exilio en Abu Dahbi y ya con la Princesa de Asturias como heredera legítima de Felipe VI. Un seguro para la Monarquía ante los nuevos ataques centrados en la Reina Letizia, por un lado, y el lodazal que envuelve a los partidos.

Los diez millones de españoles que viven en Euskadi y Cataluña, que hablan un mal español ( castellano ) y un aceptable vasco y catalán votarán en el próximo mes y medio por tener a 210 representantes de la soberanía popular de sus territorios en sus dos Parlamentos. pensarán que votan por sus señas de identidad, por unas mayores dosis de gobierno, por mejores servicios sociales, por más protección para los mayores, para más inversión en educación y sanidad. Es lo que les habrán dicho desde la derecha del PNV o Junts a la izquierda de Bildu o la Cup. Les estarán mintiendo, como llevan haciendo desde hace 40 años. No les descubrirán su verdad oculta: todos los votos independentistas son síntomas de dos graves enfermedades endémicas y difíciles de erradicar, el egoísmo y el rencor.

Si el presidente del PP quiere convertirse en presidente del Gobierno sólo tiene un camino: lograr la mayoría absoluta en unas elecciones generales. Lo consiguió José María Aznar y lo logró Mariano Rajoy. Esa es la esperanza de la derecha a nivel nacional. Sin esos 176 escaños en el Congreso conseguidos por sí mismo, el Partido Popular se encuentra con dos agujeros negros que le penalizan en su objetivo de gobernar en España. Euskadi y Cataluña tienen sus propias derechas nacionalistas, cada vez más alejadas de suscribir pactos de Legislatura con los populares. El independentismo se ha convertido en una línea roja que opera en los dos sentidos y, como veremos veremos en abril y mayo, cierra las aspiraciones de Núñez Feijóo para sentarse en el palacio de La Moncloa.

Se alimentan los medios de comunicación, nos alimentamos los periodistas de las peleas de taberna que protagonizan cada día los representantes del pueblo. Vemos cada día sus caras crispadas, sus insultos, sus descalificaciones, sus deseos de acabar con los adversarios. Justo lo contrario de lo que la mayoría de los ciudadanos desearíamos de aquellos que hemos elegido para servirnos, con el Gobierno a la cabeza, con el presidente del mismo a la cabeza, cumpliendo con su misión de buscar el acuerdo, el pacto, el diálogo con la oposición, por más brava y poco justa que crea que se está comportando.

La Asamblea fundacional de Sumar, cargada de discursos tan altisonantes como vacíos, confirma que el proyecto de Yolanda Díaz es una Resta política para la izquierda que soñó en destronar al PSOE de la hegemonía de ese espacio sociológico de la vida pública española. Sólo votó un 11% de los supuestos “afiliados” al proyecto y la realidad, la cruel realidad para la vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez es que se ha convertido en una dirigente prescindible. Su base de poder, que se alimenta de los rescoldos de lo que fue Podemos, se circunscribe a los 10 diputados del Congreso que se dicen de Sumar.

El 13 de noviembre de 2003, ante 20.000 personas que llenaban el Palau Sant Jordi, el presidente del Gobierno y Secertario General del PSOE, José Luís Rodríguez Zapatero, cerraba la campaña electoral catalana con la frase que ha perseguido a todos los políticos y a todos los partidos desde entonces: “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”. Días más tarde la formación que había liderado Jordi Pujol durante veinte años dejaba el poder pese a sus 46 escaños, y el socialista Pascual Maragall, con 42 parlamentarios, se convertía en presidente de la Generalitat gracias al apoyo de los 23 asientos que había conseguido ERC. Empezaba un nuevo capítulo en las relaciones entre el independentismo catalán y el Gobierno central que explican la degradación de la situación actual veinte años después.

Vivió desde una posición privilegiada - su puesto como espía de la KGB en Berlín - la destrucción de la antigua URSS y la caída en picado de Rusia, ya desde San Petersburgo, también como espía, pero dando los primeros pasos en su ascenso hacia el Kremlin. Vladimir Putin se ha sucedido a sí mismo por quinta vez ganando las elecciones presidenciales con casi un noventa por ciento de los votos, incluidos los de las Repúblicas del Donest anexionadas durante la guerra de Ucrania.

Le empujaron a abdicar y abdicó. Le dijeron que no podía seguir siendo Rey y lo aceptó. Le convencieron de que la única forma de salvar la Monarquía era dejarla en manos de su hijo y entregó la Corona a Felipe VI. Díez años más tarde los escándalos de los partidos, los cambios de liderazgos en los partidos y la crisis constitucional han convertido a España en un país de locos, en una jaula de grillos en la que los insultos y ataques personales entre diputados en todas las Cámaras parlamentarias han roto la convivencia impidiendo el necesario diálogo democrático entre el poder y la oposición.

Sin barreras, sin control, sin pensar en las consecuencias para España, que ya son muchas y aún van a ser más, tanto para la convivencia de los españoles como para la imagen que proyectamos hacia el exterior, El Gobierno del PSOE y la oposición del PP, con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo llegando a límites que nunca se habían alcanzado en los últimos 47 años, han conseguido que el Estado se enfrente al Estado, que todas y cada una de las Instituciones que lo conforman se deterioren, desde la Monarquía al último de los Ayuntamientos.