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21 de noviembre de 2024
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El magistrado del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, no se parecen en nada. El primero nació en Valladolid y el segundo en Canarias. Su trayectoria profesional es muy diferente pero los dos tienen hoy un mismo destino en las investigaciones que llevan en curso, las ramificaciones del Process y los sucesos que hace siete años tuvieron lugar en la Ciudad Condal. Los dos han tomado la misma decisión: prolongar durante seis meses más los sumarios que afectan de forma muy directa a Carles Puigdemont y las personas de máxima confianza del que fuera presidente de la Generalitat.
Es imposible que Emiliano García Page se equivoque en política. Lleva cuarenta años de prácticas ininterrumpidas. Ha sido y es todo lo que se puede ser en su tierra, en Castilla La Mancha: concejal, diputado, consejero, portavoz, vicepresidente y presidente. Ha tenido de profesor a uno de los más listos en ese difícil arte de deslizarse por la política sin caerse nunca del todo como es José Bono, incluso cuando perdía alguna de las batallas. Si se pone a hablar con tres presidentes autonómicos del PP para decirles que tiene un pie dentro y otro fuera del PSOE y que Pedro Sánchez y sus fieles escuderos no perdonan hay qué preguntarse por sus objetivos. Es el último superviviente de las batallas internas del socialismo.
Centrados como están los partidos políticos con las nuevas elecciones que vienen y los argumentos para derribar de la manera más rápida y letal a sus adversarios, nos olvidamos que tras la larga gestión parlamentaria de la ley de amnistía y la posterior de la realización de un referéndum legal en Cataluña, están y seguirán estando los tribunales y los jueces. El camino legal pactado entre Sánchez y Puigdemont discurre por los terrenos de la política. La senda de la justicia será más estrecha y más larga. Con un espectador sentado a la puerta de su partido, Alberto Núñez Feijóo, acompañado en ocasiones por un Santiago Abascal que necesita defenderse con la propia munición que le proporciona el Gobierno.
Para hacer justicia a la historia, Alberto Núñez Feijóo tenía que haber reunido a sus ochenta alcaldes en Alcalá de Henares y no en Madrid. En la ciudad universitaria , en la capilla de San Ildefonso, está el cenotafio que alberga los restos del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, el religioso, político, militar y, sobre todo, hombre de estado que consiguió que la España que formaron los Reyes Católicos no se rompiera a la muerte de Isabel, que Fernando actuara de regente tras la oportuna y rápida enfermedad del infiel y ambicioso flamenco Felipe I de Castilla, y que Carlos V se sentara en el trono de los varios reinos, creando el primer Gran Imperio de la Edad Moderna.
Nueve mil kilómetros separan Galicia de China y unos cuantos miles más de palabras sobre la Constitución y las negociaciones con los independentistas catalanes son las que separan a Pedro Sánchez de Emiliano Garcia Page. El presidente del Gobierno se ha dado un baño de militancia gallega para intentar que el PP de Núñez Feijóo no siga en la presidencia de la Xunta; el jefe del Gobierno de Castilla La Mancha intenta que las grandes empresas chinas inviertan en su región. Uno y otro son socialistas, al menos eso dicen.
Todos los años, durante cinco días, los financieros, empresarios y políticos más ricos y poderosos del mundo se reúnen en los Alpes suizos para “enseñar” al mundo por dónde deben caminar los ocho mil millones de personas que habitamos el planeta Tierra. A la llamada anual del presidente del WEF, Klaus Martin Schwab, los obedientes “davosianos” dejan sus países y sus empresas para reunirse en cordial armonía con sus colegas llegados de todas pates del mundo, sobre todo del Occidente económico. La genial idea de un economista alemán que en 1971 pensó en arreglar el inquietante futuro sobre la base de reunir a los poderosos.
La tarde del 27 de junio de 1977 a las siete de la tarde, tras comer y una pequeña siesta, el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, salía del chalet del diplomático y financiero, Manuel Ortínez, camino del palacio de La Moncloa. Durante años tuvo en estar fuera de España y llevaba negociando su regreso con mensajeros del Gobierno de Adolfo Suárez, con mensajeros del Rey Juan Carlos y siempre con el círculo empresarial más cercano al PNV, hasta el punto que el avión en el que viajó a Madrid era propiedad de Luís Olarra, el hombre que, ante el chantaje económico que le exigía ETA, optó por "otra solución”: les hizo llegar a los dirigentes de la organización terrorista que si le mataban a atentaban contra cualquier miembro de su familia había depositado 500 millones de pesetas en Marsella para que la mafia francesa acabara con todos los familiares de los cabecillas. No pagó ningún impuesto revolucionario. Nunca.
Convertido de hecho, que no de derecho, en el cuarto vicepresidente de Sánchez, Carles Puigdemont está dispuesto a explotar al máximo los siete escaños que su partido tiene en el Congreso. Los decretos leyes que los ministros de Sánchez llevan a la Cámara se atascan por la tozudez que exhibe su portavoz Miriam Nogueras que piensa en la defensa qua de su jefe, con fecha de caducidad como son las elecciones europeas, por encima de las necesidades económicas y sociales de los españoles más vulnerables, también aquellos que les votan en cataluña.
Si Alfonso Rueda no consigue mantener el Gobierno de Galicia en manos del Partido Popular el próximo 18 de febrero con la mayoría absoluta que consiguió Alberto Núñez Feijóo durante cuatro Legislaturas, la derrota se le apuntará en el debe al actual presidente del PP. La distancia que separa Santiago de Compostela de Madrid es menor que la que separan las dos formas de gobernar que tienen Rueda e Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno en Sevilla. El candidato popular gallego ha adelantado la electoral por dos razones bastante simple: el miedo a perder el poder o tener que pactar con Vox para mantenerlo.
Es imposible que una persona culta, con sólida formación económica y política, siempre de izquierdas, crítico con todos los partidos. y que ha publicado cientos de artículos y libros sobre la historia de este país llamado España, pueda pensar con sinceridad y sensatez que la creación de un nuevo partido político, para combatir desde dentro de la izquierda por una democracia popular, no sea más que un favor que se quiere hacer a la derecha.
Sin la ayuda financiera del judío Isaac Abrabanel a los Reyes Católicos más a Isabel que a Fernando, que obtuvo más beneficios aportando mucho menos dinero - no habrían conquistado el reino árabe de Granada el dos de enero de 1492, ni Isabel de Castilla habría tenido dinero suficiente para que Cristóbal Colón iniciara su viaje en busca en una nueva ruta hacia las Indias el 3 de agosto de ese mismo 1492. Sin la sabiduría financiera y la capacidad de organización de la tesorería Real, la España cristiana no habría podido vencer al Rey Boabdil cuando lo hizo, ni las Tres Carabelas habrían partido del puerto de Palos de Moguer cuando lo hicieron.
El presidente del Gobierno vuelve a demostrar que es el más listo de la clase. Puede que no sea el más inteligente o el más leído o el que más sabe de economía, pero de política y de uso del poder lo sabe todo. Y lo utiliza. Los movimientos dentro del Gobierno tras la salida de Nadia Calviño al BEI son la mejor demostración.
El balance de este año que acaba de hacer el presidente del Gobierno sólo podía ser uno y así ha sido: su mirada al vaso llamado España no puede estar más lleno, nada de medias tintas. Todo lo conseguido, pese a la mala situación europea, a la herencia recibida de los gobiernos del PP, y a dos guerras como las de Ucrania e Israel, se ha debido a las buenas decisiones tomadas por el Ejecutivo. En contra de las zancadillas, los ataques y la poca fe que tiene la oposición en las capacidades de los españoles. Sánchez diez, Feijóo cero.
La Carta Magna es, para el Rey, el único terreno de juego en el que la libertad de todos y el futuro de todos es posible, una libertad que nos ha costado trabajo conseguir y que es la base del progreso y el compromiso de futuro exigible a todos los gobiernos y a todas las oposiciones
Entrar en el accionariado de la Telefónica que preside José María Alvarez Pallete era y es una necesidad de Estado, al igual que lo es su presencia en la Indra de Marc Murtra y sería muy saludable que estuviera con una participación en la Iberdrola de Sánchez Galán o el Repsol de Imaz, por no poner más ejemplos. Los mismos que critican la intención - hasta ahora intención declarada - del Gobierno son los mismos que aplaudieron la venta de Endesa al Gobierno italiano, y los mismos que no dicen nada a que el Estado italiano tenga el 20% de Telecom Italia, o que en Francia ese mismo Estado tenga el 13,3% de Orange, o que en Alemanía el 13,8% de Deustche Telecom esté en manos del Estado. Compañías estratégicas para la seguridad nacional de todos esos países, al igual que también sucede en Noruega, Suecia o Suiza. Dos varas de medir o de defender tapándose un ojo.
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