Nueva guerra entre Aguirre y Gallardón por la paralización de las obras en Serrano

El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, ha negado que la Comunidad haya "paralizado en ningún momento" las obras de la calle de Serrano, aunque ha advertido de que antepondrá la protección del patrimonio hallado al "interés especulativo" de unas "plazas de aparcamiento".

"Es sorprendente que alguien plantee que debe primar el interés especulativo sobre el patrimonio. Si es lo que piensan, que digan abiertamente que quieren destruir el patrimonio y acabar con él, porque es más importante el interés de una plaza de aparcamiento", ha afirmado.

Ignacio González, que se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha reclamado que "no se busquen justificaciones para que el Ayuntamiento le eche la responsabilidad a otros de los problemas que puedan surgir con los contratistas por sus intereses económicos".

Según ha explicado, los restos de la cerca de Felipe IV hallados bajo la calle de Serrano (en total 61 metros) "no se pueden mover" ni "destruir", pero bastaría con "desplazar un muro del párking un metro y medio" para que las obras del Ayuntamiento continuaran.

Por tanto, a su juicio, lo que debería de hacer el Ayuntamiento es "exigir al contratista que ajuste el proyecto a las exigencias de protección del patrimonio".

González ha hecho hincapié en que la Comunidad "nunca ha dictado ninguna resolución de suspensión de las obras" y ha apuntado que, si el "cartel informativo" instalado por el Ayuntamiento "da a entender que se paralizan las obras, será responsabilidad del Ayuntamiento el pararlas".

"No hay ninguna resolución de la Comunidad de Madrid diciendo eso, sino todo lo contrario, estamos dando alternativas para que las obras se realicen preservando el patrimonio", ha subrayado, tras apuntar que así se lo transmitió ayer al vicealcade, Manuel Cobo.

"Le dije que la Comunidad de Madrid no ha dictado ninguna orden de paralización y que lo que queremos es facilitar la realización de la obra preservando rigurosamente el patrimonio histórico-artístico", ha relatado.

González ha resaltado que precisamente la Ley de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico de la Comunidad de Madrid fue aprobada por el entonces Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón, y ha asegurado que la Comunidad no tenía "conocimiento de que el Ayuntamiento iba a poner el cartel" que ha puesto.

Ha dicho además que no conoce "ninguna obra en que se haya puesto nunca un cartel de esas características" y que "a lo mejor es una nueva modalidad; es como si uno pone un cartel que dice que se paraliza una obra porque se ha quedado sin dinero".

"No sé qué problemas tiene el Ayuntamiento en esa obra, pero debe ser duro", ha reconocido el vicepresidente, que ha recordado, no obstante, que la Comunidad ya advirtió en su día al Gobierno municipal de que era probable el hallazgo de restos arqueológicos bajo esa calle.

También ha recordado que los comerciantes en su momento manifestaron sus "discrepancias con la obra por los posibles perjuicios para sus intereses comerciales", y ha resaltado que aún así el Ayuntamiento "decidió seguir adelante con la obra", lo que le parece "muy respetable".

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid sostiene que el cartel que ha colocado en Serrano para informar a los madrileños de que las obras están suspendidas para permitir la realización de excavaciones arqueológicas exigidas mediante resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad dice "la verdad".

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha dicho en rueda de prensa tras la Junta que ese cartel, que el director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad, José Luis Martínez-Almeida, considera "falso" en su contenido, "no dice que la Comunidad de Madrid haya paralizado las obras".

"Dice que el Ayuntamiento suspende las obras porque hay unos restos arqueológicos -una antigua canalización de agua- respecto a los cuales se pide unas determinadas actuaciones que imposibilitan seguir la obra", y eso, ha remachado el vicealcalde, "es verdad" y es algo de lo que el Ayuntamiento quiere informar a los vecinos.

Es, ha dicho el vicealcalde, algo similar a los carteles que los ayuntamientos han tenido que colocar junto a las obras financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local para informar de que están financiadas por el Plan E.

"A partir de ahí -ha subrayado-, no es un problema de elegancia ni de nada, es un problema de que nos pongamos a trabajar a toda velocidad, que es lo que quieren los ciudadanos y lo demás no tiene mayor sentido. Hay que acabar esas obras en las mejores condiciones posibles, conservando el patrimonio en las mejores condiciones posibles".

Para justificar sus palabras, Cobo ha leído lo que la Comunidad ha ordenado al respecto, en primer lugar "la limpieza, la inspección y documentación textual, gráfica y fotográfica del interior de la estructura", que "podrán ser efectuados por los servicios municipales especializados en la inspección subterránea de infraestructuras bajo seguimiento periódico del equipo arqueológico".

En segundo término exige "la realización de un sondeo arqueológico transversal a la canalización, de 2 a 4 metros de anchura, que permita examinar el extradós -superficie exterior y convexa- y paredes exteriores de la bóveda".

En el caso de que "de la información obtenida resulte informe favorable a su desmontaje, deberá entonces efectuarse excavación arqueológica completa del extradós para la completa documentación del inmueble", que "podrá efectuarse a cielo abierto por tramos para no interrumpir el tráfico o bien en mina una vez terminada la losa superior".

Eso quiere decir que no se puede continuar la obra hasta que, primero, se decida si los restos deben ser conservados y, segundo, se establezca si se pueden trasladar o hay que mantenerlos en su lugar original, caso éste último en el que el Ayuntamiento considera inviable terminar las obras del aparcamiento subterráneo afectado.

En todo caso, Cobo está "convencido" de que no sólo el Ayuntamiento sino también la Comunidad quieren que se produzca "la mayor agilización posible" de las obras.