El juez Sierra ve indicios de delito y abre diligencias sobre la supuesta trama de espionaje en Madrid

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha acordado hoy abrir diligencias para esclarecer la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid al considerar que "los hechos presentan caracteres que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado José Sierra ha decidido incoar diligencias previas en relación con la denuncia que el pasado día 20 interpuso el secretario general del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria Bolívar, por los seguimientos a los que -según el diario El País- fue sometido el vicepresidente regional, Ignacio González.

Antes de ordenar cualquier diligencia, sin embargo, ha pedido a Bolívar que aclare si interpuso la denuncia en nombre sólo de la Comunidad de Madrid o también en el de González, ya que considera que, siendo este último la víctima del supuesto espionaje, debió ser él quien la presentara.

El objeto de la denuncia, según consta en el auto del juez, son los hechos publicados por el citado diario, según los cuales González habría sido objeto de "distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante una serie de viajes públicos y privados".

En la denuncia también se afirma que en los seguimientos fueron utilizadas en algunos casos cámaras ocultas y que se elaboraron informes a los que se incorporaron fotografías y documentos privados, con utilización de información reservada.

Añadía que de la información periodística se deriva la posibilidad de que estas conductas se hubieran podido producir respecto a otros altos cargos de la Comunidad de Madrid, por lo que se entiende que concurre un interés general en la averiguación y el esclarecimiento de los hechos, así como de sus responsables.

Con carácter previo a ordenar diligencias de investigación, Sierra ha dado a Salvador Victoria Bolívar un plazo de cinco días para que aclare si interpuso la denuncia "únicamente en razón de su cargo en nombre de la Comunidad de Madrid, o igualmente en nombre y representación de la persona agraviada", a los efectos de lo establecido en el artículo 201 del Código Penal.

Este precepto establece que, una vez comprobada la comisión de indicios de delito, debe tener lugar una condición previa para la averiguación de los mismos, como es la "necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal".

Como de la denuncia se desprende que la persona agraviada es González, el juez entiende que debió ser él quien necesariamente debió interponer la denuncia.

Por lo tanto, agrega el auto, "se hace necesario, cuando los hechos presentan caracteres que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, la incoación de diligencias previas y con carácter previo, requerir al denunciante a fin de que manifieste en el Juzgado el carácter de su intervención".

Por otra parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, comparecerá a petición propia en la Asamblea el próximo viernes, 30 de enero, con motivo del supuesto caso de espionaje en la Comunidad de Madrid desvelado por "El País", han asegurado a Efe fuentes parlamentarias.

La comparecencia se ha aprobado hoy en la Diputación Permanente de la Cámara con los votos a favor del PP y el PSOE y la abstención de IU, que ha pronosticado que la sesión no servirá para "entrar en el fondo del asunto", ya que Granados ha solicitado comparecer para informar sobre cómo su Consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones".

El consejero no comparecerá ante el pleno -como exigían el PSOE e IU-, sino en una sesión extraordinaria de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, en cuyo orden del día se ha incluido por unanimidad que también dé explicaciones sobre su gestión de la nevada que cayó en Madrid el pasado 9 de enero.

La portavoz de IU, Inés Sabanés, ha advertido de que una comparecencia de Granados para "explicar cómo funciona su Consejería" sería una "tomadura de pelo", mientras que el portavoz del PP, David Pérez, ha sostenido que es una "práctica totalitaria aborrecible exigir a alguien a quien se le imputan acusaciones no demostradas que demuestre su inocencia".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, ha citado una de las célebres frases del presidente de Estados Unidos, Barak Obama, para transmitir a los 'populares' que los socialistas están "dispuestos a tenderles la mano, si abren el puño" en este asunto.

Menéndez ha aseverado que su grupo va a hacer del esclarecimiento de los hechos "toda la prioridad de su acción política", por considerar que los "recursos públicos no pueden utilizarse en ningún caso para actuaciones ilegales".

Durante el debate en la Diputación Permanente, el 'popular' David Pérez ha hecho hincapié en que el Gobierno de la Comunidad de Madrid es el "primer interesado en que se sepa qué hay detrás de este montaje" y en que "por ahora lo que ha sido demostrado es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido espiado".

"A lo mejor nos llevamos una sorpresa y hay algo muy distinto de lo que ustedes quieren dar a entender", les ha dicho Pérez a las portavoces de la oposición, tras subrayar que "hay medios que empiezan a hablar de la mano del señor Rubalcaba".

Pérez ha aseverado que el PSOE es el "partido del espionaje" y ha hecho referencia a que "miembros del CNI vigilaron el domicilio de (Manuel) Pizarro", a que el PSOE ha "espiado teléfonos de sus diputados" en la Asamblea y a que un vicepresidente socialista "dimitió por espiar al Rey".

Inés Sabanés ha vuelto a pedir el "cese" de Granados y ha argumentado que, "si es responsable de crear un equipo espionaje con fondos públicos, tendrá responsabilidad judicial", y que "si no se ha enterado es igualmente responsable políticamente".

"Los hechos graves no pueden ocultarse debajo de las alfombras. Han de afrontarse hasta el fondo. Las algaradas del señor Güemes no sirven, ni sirve matar al mensajero. Señor Pérez, usted sabe y calla; nosotros queremos saber", le ha replicado Sabanés al portavoz del PP.

También la socialista Maru Menéndez ha criticado que la reacción del Gobierno de Esperanza Aguirre al supuesto caso de espionaje haya sido "matar al mensajero" y "amenazar a todos los que dan crédito a esta guerra sucia".

Al igual que IU, el grupo socialista ha vuelto a exigir la creación de una comisión de investigación parlamentaria, además de "asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno regional", la "disolución de esa estructura parapolicial" y la "custodia de la documentación que obre en su poder".

Menéndez ha afirmado que el PP concurrió a las elecciones en Madrid con el lema "confianza" y que "hoy ha perdido todo su crédito"; y ha concluido que la "única gran mentira es la del Gobierno de Esperanza Aguirre, que tanto habla de libertad y que tan bajo ha caído".

Recordemos que, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Francisco Granados, ha indicado que la polémica en torno al control de Caja Madrid ha podido crear "algunos enemigos" al Gobierno regional dentro de esa entidad, que podrían "ser autores" de la trama de espionaje en la Comunidad.

En una entrevista publicada hoy en "El Economista", Granados insiste en que desconoce "quien ha facilitado, financiado y montado la infraestructura" que ha hecho posible que varios altos cargos de la política madrileña hayan sido seguidos en los últimos meses.

El consejero, que insiste en que detrás de este asunto debe haber "gente muy poderosa, con muchos medios estructura y dinero", no ve motivo para sospechar del Ministerio del Interior, pero "supone" que a raíz del "affaire" de Caja Madrid, "nos habremos creado algunos enemigos que estarán en las listas de posibles autores o beneficiarios de lo que está ocurriendo".

Granados manifiesta además que no se ha planteado "en absoluto" abandonar el Gobierno regional porque se le haya acusado de "orquestar" la supuesta red de espionaje y de financiarla con fondos públicos y prefiere "pensar" que los responsables de esta trama están fuera y no dentro del PP.

Sin embargo, lamenta que en "estos últimos días ha habido compañeros del PP que no han ayudado mucho a superar esta situación" y, al ser preguntado si se refiere al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, contesta: "entre otros".

El consejero de Interior anuncia asimismo que el servicio de seguridad de la Comunidad de Madrid se va a reestructurar en virtud de un convenio firmado con el Ministerio de Interior, de manera que una Unidad de Policía Nacional se adscribirá a la Administración regional para encargarse fundamentalmente de esas tareas.

Según Granados, se trata de una decisión que estaba tomada "desde hace mes y medio o dos meses" y que se iba a poner en marcha independientemente "de que haya ocurrido esto".

Respecto a la trama, el responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, ha opinado que lo que "se oye" es sólo un "ruidito de fondo que no tiene ningún sentido" frente a la "envergadura" de los problemas económicos que sufre España.

Montoro, al igual que otros compañeros de partido, fue abordado ayer por los periodistas en el Palacio Municipal de Congresos, donde se celebraba el I Foro abierto con militantes del PP, para recabar su opinión sobre la presunta trama de espionaje a miembros del Gobierno de Madrid y del Ayuntamiento de la capital.

"En el PP sólo hay una tarea en este momento (afrontar la crisis) y no puede haber otro objetivo. Lo que se oye es un ruidito de fondo que no tiene ningún sentido frente a la envergadura de los problemas económicos y sociales que tiene España", ha apostillado.

También ha restado importancia a la repercusión de estas denuncias en el partido el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, para quien se trata de "dimes y diretes" que el dirigente gallego no llega a creerse mucho.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica, Javier Arenas, ha opinado que la Justicia aclarará todo y "lo pondrá en su sitio".

El PP, ha continuado, está haciendo lo más importante, que es dedicar "el cien por cien de las energías a las familias, a las pymes y a la terrible situación económica".

El candidato del PP a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado la necesidad de que la Justicia aclare la existencia de esa supuesta trama y, por ello, el PP de Madrid ha puesto el caso "donde tenía que ponerlo, en manos del fiscal y los jueces".

Se trata, ha agregado el político gallego, de que la Justicia aclare si se trata de hechos delictivos, quién está detrás, "a quién le interesa y qué es lo que se está ocultando en este asunto".

"El Partido Popular -ha concluido Núñez Feijóo- quiere saber lo mismo que los ciudadanos: quién está detrás".