La acusa de un delito de prevaricación administrativa en relación al supuesto fraccionamiento de contratos de obras en colegios públicos antes de asumir la Alcaldía
La jueza de Instrucción número de Móstoles ha propuesto juzgar a la exalcaldesa de esta localidad Noelia Posse por la presunta comisión del delito de prevaricación administrativa en relación al supuesto fraccionamiento de contratos de obras en colegios públicos antes de asumir la Alcaldía.
Así consta en un auto dictado el pasado 27 de marzo, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la magistrada transforma las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, lo que supone la conclusión de la instrucción para dar paso al juicio si así lo acuerdan las partes personadas.
En la resolución, la jueza instructora da un plazo diez días para que las partes soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
En el documento, además, se acuerda el sobreseimiento provisional para todas las empresas; también para otros investigados como los ediles socialistas Jéssica Antolín y Javier Gómez y para el exconcejal de Ganar Móstoles Miguel Ángel Ortega.
Por otro lado, además de a Posse, que ejercía entonces de concejala de Medio Ambiente, Parques-Jardines y Limpieza Viaria -- hasta julio de 2016--, también mantiene como investigada a Ángeles Cortizas, jefa de Mantenimiento y Edificios Municipales y Colegios Públicos.
En los fundamentos de derecho, la jueza detalla que de lo actuado se desprende que se produjo "consciente y deliberadamente" por las mismas un fraccionamiento del objeto del contrato "para eludir el límite cuantitativo a fin de evitar acudir al procedimiento de contratación ordinaria".
De igual modo, también se recoge en la resolución de transformación de las actuaciones que la suma de todos los contratos con las diferentes empresas se eleva casi a los 385.000 euros.
Cabe recordar que en el caso de Posse también está investigada por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos menores en comunicación y también por el llamado caso ITV.
En relación a este último, el pasado mes de septiembre se daba a conocer que la jueza de Instrucción número 1 de Móstoles abría juicio oral, aún sin fecha, contra la exregidora, el actual secretario general del PSOE de Móstoles y varios exediles por la presunta comisión de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación al caso ITV por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.
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