Los fallos se produjeron en cadena, empezando por la lentitud y demora en avisar a los ciudadanos de los peligros a los que se iban a enfrentar y de lo que debían y no deberían hacer. Por ejemplo, bajar a los sótanos o a los parkings de las grande superficies. Las últimas inundaciones y destrozos producidos por los huracanes en Estados Unidos y los avisos que se mandaron por todos los medios de comunicación por las diversas autoridades de los estados que iban a estar más afectados, eran el mejor ejemplo de lo que debía hacerse, tanto por los servicios metereológicos como y sobre todo por los responsables políticos.
No se tomaron en serio las advertencias, que llegaron tarde y con cuenta gotas; no se exigió el cierre de las grande superficies y de los comercios, no se exigió a los ciudadanos que se fueran de las zonas más sensibles y que, si no estaban en ese eje maldito del Barranco del Pollo, se subieran a lo más alto de sus casas. Todo se mantuvo igual, se mantuvieron las empresas, fábricas y negocios abiertos. Se pensó que era un aviso más, unas lluvias más, unas inundaciones más. Lo mismo que ha sucedido en los últimos años. En Estados Unidos los muertos se quedaron en 25, en España puede que se acerquen o incluso sobrepasen los trescientos. En Estados Unidos los ciudadanos obedecieron las órdenes para salvar sus vidas, en España a los ciudadanos nos han acostumbrado a no obedecer las suaves consignas que se lanzan desde unos poderes públicos que, con esta dramática y última constatación, no gozan de la credibilidad, ni de la confianza de la sociedad a la que representan. Hay un grave problema de infraestructuras y de diseño de las ciudades y pueblos en este país; eso existe un problema mucho más graves: las instituciones y organismo públicos y los representantes elegidos se están alejando de la sociedad que los ha elegido a pasos agigantados.
Mientras en la Comunidad Valenciana están enterrando a sus muertos y mirando a un horizonte negro para los que se han salvado, dejando al desnudo el mal funcionamiento de la Generalitat, que no es otra cosa que la extensión del propio estado, en Cataluña los independentistas de de Junts y ERC se siguen peleando por quién gana más poder y más exige y consigue del Gobierno central. El Estado español, tal y como está hoy estructurado tras cuarenta años de democracia, exige cambios profundos. La tragedia de Valencia es la mejor de las evidencias.
Los dos presidentes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón, como máximos responsables de sus gobiernos, están obligados a analizar, asumir y reconocer públicamente sus errores y obligar a dimitir o cesar a los directos responsables. Se lo deben a toda España y es la mejor forma de intentar que no se repita una tragedia de estas dimensiones. Ponerse un pantalón vaquero y un chaleco de emergencias y acompañar a los Reyes en su visita a las zonas más afectadas no es suficiente.
