El 89% de los inscritos de la formación han respaldado la posición de la dirección morada
La militancia de Podemos ha avalado por amplia mayoría que la formación condicione su apoyo al Gobierno en los futuros Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la ruptura de relaciones con Israel y bajar por ley un 40% los alquileres.
Concretamente, el 89% del total (34.417 personas) de los 38.324 inscritos que ha participado en la consulta lanzada por el partido, que arrancó el martes y concluyó la medianoche de ayer, han respaldado vincular el voto favorable de la formación a estas condiciones.
Por su parte, han votado en blanco 811 (el 2,12% de los que han emitido voto) y solo el 3.096 inscritos, un 8% del total, se ha mostrado en contra, según han informado este lunes en rueda de prensa los coportavoces morados Pablo Fernández y María Teresa Pérez.
De esta forma, Podemos presionará al Ejecutivo de cara a la negociación presupuestaria para que asuma sus postulados, enfatizando que serán firmes en estas demandas dado que no se considera socio parlamentario del PSOE y que sus votos son "decisivos" para sacar las cuentas públicas.
ES LO MÍNIMO ANTE EL GIRO A LA DERECHA DEL GOBIERNO
La secretaria general del partido, Ione Belarra, ya trasladó que lo mínimo que se podía exigir al Gobierno, al que reprocha haber desplegado un "giro a la derecha", es romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, ante su "genocidido" al pueblo palestino, y proceder a un embargo efectivo de compraventa de armas e impedir que España sea país de tránsito de material militar con destino al país hebreo.
En materia de vivienda, Podemos pide aplicar la rebaja del 40% a todo contrato que tenga que ser renovado o prorrogado y que, en caso de nuevos pisos que salgan al mercado, el coste del arrendamiento tendrá que ser sobre el 60% del precio fijado en el sistema estatal de referencia de precios del alquiler. Una medida que se aplicaría a municipios mayores de 200.000 habitantes o en localidades con menor población que hayan experimentado una subida del alquiler del 35%.
A su vez, Podemos pide limitar la compraventa de vivienda que no sea para uso residencial que aquellos que adquieran un inmueble deberán acreditar esa finalidad hasta familiares de segundo grado de consanguinidad al menos cuatro años para, a partir de ahí, ponerla en alquiler.
PODEMOS "VA EN SERIO" CON SUS DEMANDAS: PRESIONARÁN COMO JUNTS
Fuentes del partido recalcaron que esta consulta les fortalece de cara a la negociación con el Gobierno y que van en serio, recalcando que con el dictamen de su militancia hay poco margen de negociación con el Ejecutivo si este aspira a contar con sus votos.
De hecho, subrayaron que ya dieron gratis su apoyo a la investidura pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha desplegado ningún avance social hasta la fecha. Por ello, van a hacer valer la fuerza de sus cuatro diputados en el Grupo Mixto para exigir que se lleven a cabo estas medidas, que suscitan consenso en las bases progresistas.
Es más, la cúpula del partido ha destacado que van a hacer valer sus cuatro votos que tienen en el Congreso para conseguir sus objetivos, al igual que hizo Junts por ejemplo para conseguir aprobar la Ley de Amnistía pese a que el PSOE lo había rechazado hasta la fecha.
Todo ello conscientes del contexto de debilidad del Ejecutivo, que tiene una fuerte presión por las movilizaciones de la vivienda y por el impacto del 'caso Koldo'.
GOBIERNO NO VE VIABLES LAS DEMANDAS DE PODEMOS
Mientras, fuentes del Gobierno señalaron esta semana que aprecian necesidad de "protagonismo político" en Podemos y confía en que impere el sentido común a la hora de negociar, dado que consideran inviables la demanda de reducir un 40% el alquiler por ley.
Es más, creen que los morados piensan, con este tipo de exigencias, que no habrá Presupuestos y que se han equivocado en su estrategia, dado que la reducción que pretenden no se puede hacer desde el ámbito de competencias estatales. Además, no contemplan un escenario en el que los morados sean la única formación que se desmarque si el resto de aliados parlamentarios respaldan las cuentas públicas.
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