Iniciado el procedimiento para declarar lugar de memoria la sede de la Comunidad

Iniciado el procedimiento para declarar lugar de memoria la sede de la Comunidad

jueves 24 de octubre de 2024, 10:54h
Durante el franquismo acogió las dependencias y calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS). El Ejecutivo también declará lugar de memoria la antigua cárcel de Carabanchel y la tapia del cementerio de La Almudena

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha iniciado este jueves los procedimientos para la declaración como Lugar de Memoria Democrática el edificio de la Puerta del Sol que actualmente alberta la sede de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ya que durante el franquismo acogió las dependencias y calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS).

Así aparece publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde también se recoge la incoación para declarar como Lugar de Memoria la antigua cárcel de Carabanchel, en Madrid, y la Tapia del Cementerio de La Almudena.

Esta publicación en el BOE surge después de que el Congreso aprobara este miércoles una iniciativa de Sumar en la Comisión Constitucional del Congreso para declarar como lugar de memoria la antigua Dirección General de Seguridad.

La Ley de Memoria Democrática define el Lugar de Memoria como aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos.

ACTUAL SEDE DEL GOBIERNO DE MADRID

El primero de los lugares incoados es la antigua Dirección General de Seguridad, antigua Casa de Correos y actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"La Dirección General de Seguridad desempeñó un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente en dictadura franquista. Son numerosos los testimonios de represaliados en los sótanos de la antigua Dirección General de Seguridad, cuya práctica habitual era el uso de la tortura para extraer información y confesiones y atemorizar y desmoralizar a los detenidos y a la oposición al régimen", defiende el Gobierno.

En el caso del Cementerio de la Tapia de la Almudena, el Gobierno lo declara como Lugar de Memoria porque en ese lugar fueron fusiladas las Trece Rosas el 5 de agosto de 1939.

En cuanto a la "cárcel de Carabanchel", el Gobierno defiende que se atiende un compromiso con las entidades memorialistas, que reclamaban su declaración. Esta cárcel se erigió en centro penitenciario de sufrimiento por donde pasaron, entre otros presos, intelectuales, estudiantes, opositores al régimen, políticos, homosexuales y dirigentes vecinales, convirtiendo Carabanchel en foco de resistencia a la dictadura.

El Congreso ha aprobado exigir que el edificio de la Puerta del Sol que actualmente alberga la sede de la Presidencia del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid sea declarado lugar de Memoria Democrática, ya que durante el franquismo acogió las dependencias y calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS).

Ha sido a raíz de una iniciativa presentada por Sumar en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja y que ha salido adelante con 19 votos a favor y 18 en contra de PP y Vox.

En el texto presentado, los de Yolanda Díaz recuerdan que durante la dictadura la antigua Real Casa de Correos albergó las dependencias de la Brigada General de Información y funcionó como "centro de torturas". Por allí "pasaron miles de personas por motivos políticos y sociales, por luchar por las libertades y la democracia, por sus convicciones religiosas, su orientación sexual o por su mera discrepancia con el régimen".

Así, el Congreso ha aprobado exigir que, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, se coloque una placa con los nombres de las víctimas, acompañadas del de las organizaciones en las que militaban con el objetivo de honrar la memoria de quienes allí "sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por ejercer sus derechos fundamentales, por defender las libertades y la democracia".

UNA PLACA A GRIMAU EN EL SENADO

Una acción que desde Sumar consideran que sería "un paso más" en la reparación de las víctimas y "homologaría" a la Comunidad de Madrid con otras capitales europeas que han sido escenario de la barbarie del nazismo y del fascismo, donde hay placas o museos que recuerdan a las personas que lucharon por su liberación.

Además, también se ha aprobado promover un acto específico para la "rehabilitación democrática" de una de las personas que fueron torturadas en los calabozos de la DGS, el dirigente comunista Julián Grimau, que fue condenado a muerte y de cuyo fusilamiento de cumplieron 60 años en 2023.

Y por último, la colocación de una placa su memoria, pero en el actual edificio del Senado, en la Calle del Reloj, donde estaba ubicado el Tribunal Militar en el que se le juzgó en un juicio, destacan, "plagado de irregularidades incluso con las leyes franquistas de la época".

LEY DE VAGOS Y MALEANTES

En la misma sesión de la Comisión Constitucional se ha debatido otro texto, del PSOE, para impulsar el reconocimiento y homenaje a las personas del colectivo LGTBI que fueron víctimas de represión durante la guerra y la dictadura, por ser "discriminadas y perseguidas por el Estado, así como excluidas por la sociedad". Una iniciativa que también ha sido aprobada con el voto favorable de todos los partidos menos Vox.

En el texto, los socialistas destacan que en 1954 el gobierno franquista modificó la 'Ley de Vagos y Maleantes' para incluir a las personas LGTBI como "potencialmente criminales de delitos sexuales" por lo que podía aplicar determinadas medidas de seguridad ante ellas.

En concreto, se remiten a estudios que apuntan a que más de 5.000 personas fueron condenadas bajo el régimen franquista por su orientación o identidad sexual o expresión de género, aunque "el número podría ser mayor dado el estigma social que existía en esa época".

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