Prevé también una "reforma integral" del Código Penal en lo relativo a los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado, lo que incluye al Ejecutivo pero también a la Corona
El Gobierno encargará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMC) la creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben, en el marco del Plan de Regeneración Democrática, que ha presentado este martes el Ejecutivo.
"Este registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente, y, en ese caso, hemos decidido que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMC)", ha anunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En este sentido, ha avanzado que se va a "reformar" dicha comisión con el objetivo de que "pueda asumir esas competencias", y este es otro de los puntos, para que tenga esas competencias.
EL GOBIERNO REFORMARA EL CODIGO PENAL POR LOS DELITOS DE LIBERTAD DE EXPRESION QUE AFECTAN A INSTITUCIONES O RELIGION
El Gobierno prevé además una "reforma integral" del Código Penal en lo relativo a los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado, lo que incluye al Ejecutivo pero también a la Corona, en el marco del Plan de Acción por la Democracia aprobado en Consejo de Ministros.
Así lo ha trasladado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha adelantado algunas de las 31 medidas que prevé desarrollar el Gobierno en los próximos tres años en este ámbito.
Dentro del segundo eje, el de "fortalecer la transparencia, la pluralidad, la responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar información veraz en los ciudadanos", Bolaños ha incluido una "reforma integral del Código Penal" para tratar "los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos".
Según ha indicado, el objetivo es adecuar el Código Penal español "al Derecho de la UE" y ajustarlo en lo relativo a estos delitos "a lo que es la última jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos"
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