Carles Puigdemont y Toni Comín han denunciado al magistrado Pablo Llarena por retrasos injustificados en la tramitación de recursos relacionados con la Ley de Amnistía. Su abogado, Gonzalo Boye, solicita una investigación, argumentando que Llarena ha excedido los plazos legales establecidos, lo que podría constituir una infracción disciplinaria.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido una denuncia por parte del expresidente catalán Carles Puigdemont y el eurodiputado de Junts, Toni Comín. Ambos han señalado al magistrado Pablo Llarena, quien es el instructor de la causa del 'procés', por el "retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución" de los recursos relacionados con la aplicación de la Ley de Amnistía.
En un documento publicado por Europa Press, el abogado Gonzalo Boye solicita que el órgano encargado de la administración de los jueces lleve a cabo una investigación sobre dicho retraso. Según su opinión, el juez del Tribunal Supremo ha cometido una infracción disciplinaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial al haber "excedido con creces el plazo previsto" en la normativa para resolver los recursos.
El abogado señala que "la inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales tiene su respuesta disciplinaria en las faltas muy grave, grave y leve".
El abogado afirma que "los denunciantes han presentado dos recordatorios de la pendencia de dichos recursos de reforma". Según él, "no cabe duda alguna de que el magistrado ha tenido un conocimiento singularizado de las particulares circunstancias del asunto, habiéndosele dado cuenta específica de su retraso hasta dos veces; sin embargo, ha continuado sin despacharlo".
Se presentaron recursos específicamente contra el auto que declaró inaplicable la amnistía al delito de malversación atribuido a Puigdemont y Comín. Al menos, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, así como la defensa de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y del exconseller Lluís Puig, también impugnaron dicha decisión.
En su escrito, se refleja todo esto, a pesar de que Llarena decidió "sin efecto su licencia de vacaciones con el anhelo notorio de supervisar la captura" de Puigdemont.
"Lo que, además de poner de manifiesto lo malicioso de la dilación, indica que no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal", concluye.
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