Las diferencias que en 1978, dentro del Título VIII de la Constitucion, se crearon para distinguir entre las llamadas Comunidades históricas y el resto eran tan injustas entonces como ahora. Los “padres constitucionales” partieron de las estructuras que se habían previsto en la II República para Cataluña, Euskadi y Galicia y le añadieron Andalucía por el simple hecho de que los dirigentes del PSOE, desde Felipe González a Rafael Escuredo, eran andaluces y ese territorio fue el último que estuvo en manos árabes hasta la conquista del Reino de Granada por los Reyes Católicos y gracias - guiños de la historia - a las ayudas económicas y la planificación financiera de la minoría judía que llevaba mil años en España.
Los artículos 143 y 151 establecieron las diferencias hace 46 años de forma tan “ caprichosa” y falta de rigor histórico como era privarle a León o a Valencia o a Murcia de su pasado como Reinos que fueron. Esas diferencias han ido saltando por los aires con el paso del tiempo y la aprobación y desarrollo de los 17 Estatutos de Autonomía. Sobre esa base inestable y desde la izquierda española más global se han querido dar los pasos hacia un nuevo Estdo Federal, monárquico o republicano según estuvieran los equilibrios políticos. Lo acordada entre el Gobieno y ERC, con sus evidentes intereses a corto plazo como son las investidura del socialista Salvador Illa, por una parte, y el apoyo en el Congreso a Pedro Sánchez, por otra, no son más que pequeñas piezas del puzzle más ambicioso: la federalizacion completo de España sin tener que afrontar una reforma constitucional que exigiría acuerdos de dos tercios en Congreso y Senqdo, y que podría abrir la puerta a la pregunta clave en el necesario Referéndum: Monarquía o República.
Es imposible dar marcha atrás en el desarrollo autonómico para recentralizar España. Ninguna Autonomía quiere ser menos que las demás, con derechos históricos y sin ellos. Tienen toda la razón. No hay juatificación alguna que un estremeño, un manchego, asturino, riojano o madrileño esté y se sienta discriminado frente a un catalán, un vasco, un gallego, un navarro ( peculiaridad que sólo se explica por las luchas entre las familias que deseaban el trono español y los pactos con presencia francesa y austriaca ) o un andaluz.
Es evidente que el pacto entre los nacionalistas catalanes y el Gobierno de Sánchez obedece a la necesidad concreta e inmedita de conseguir el poder en Cataluña y mantenerlo en Madrid. Lo necesitan tanto Sánchez como Junqueras y les molesta tanto a Puigdemont como a Abascal. No tanto a Feijóo y al PP, que estarían más que dispuestos a hacer algo parecido si de alcanzara el poder y mantenerlo se tratara. Basta con mirar lo que socialistas y populares han estado haciendo en sus suscesivas negociaciones con los nacionalistas de derechas e izquierdas en esas Autonomías. Por eso es difícil de entender las posiciones de algunos presidentes, que se obsesionan en la pretendida defensa de una España que ya no existe.
