Anteriores testigos llegaron a declarar al juzgado de Instruccion 41 y tras las preguntas salieron del mismo como investigados. Puede que este martes ocurra lo mismo, pero si así fuera tendría que enviar esa parte del sumario al Tribunal Supremo, dada la condición jurídica del presidente del Gobierno. Lo probable es que las respuestas de Pedro Sanchez, que serán grabadas, se unan al resto de las diligencias.
Con la Fiscalía en contra no sabemos si las acusaciones particulares podrán estar en el interrogatorio. Quién sí estará es Antonio Camacho, el que fuera primero fiscal, luego Secretario de Estado de Interior con dos ministros y parlamentario socialista por Zamora. Hace diez años abandonó la política y decidió dedicarse a ejercer la abogacia. Trabajó en el bufete de Pérez Llorca como experto penalista en delitos económicos.
Desde hace tres meses, cuando la denuncia presenta por Miguel Bernard en nombre de Manos Limpias, fue admitida a trámite y se inició el largo camino que ha llevado a la política española a una situación inédita y hasta impensable hace unos meses, la batalla entre el juez Peinado y el abogado Camacho se ha intensificado hasta el punto de no retorno. A las peticiones del segundo le han seguido las negativas del primero. Salvo que la Audiencia Provincial de Madrid decida entrar en los argumentos que defiende el magistrado, parece que la estrategia de la defensa de Begoña Gómez es la de esperar a que en instancias superiores se gane la guerra. Mientras el desgaste personal, social y político de Pedro Sánchez seguirá creciendo dentro y fuera del Gobierno y del PSOE.
La oposición que encarnan el PP de Alberto Núñez Feijóo y el Vox de Santiago Abascal no va a dejar pasar este regalo político para exigir responsabilidades, la dimisión del presidente y la convocatoria de nuevas elecciones generales. Todo ello con Sánchez viajando a Cataluña y a Euskadi para asegurar la investidura de Salvador Illa al frente de la Generalitat y el apoyo del PNV a los Presupuestos. Siempre con la molesta presencia y actuación de Carles Puigdemont y los suyos, empeñados en defender su radicalismo y sus intereses partidistas antes que el de todos los catalanes y, por supuesto, el de todos los españoles.
Es muy posible que la guerra jurídica y judicial la termine ganando el abogado de Begoña Gómez en esa meta en la que puede convertirse el Tribunal Constitucional e incluso el Supremo tras la renovación del CGPJ pero el precio personal que ya está pagando no es, ni será medible. Lo mismo que no lo será la segura reacción de Pedro Sánchez al regreso de las vacaciones veraniegas. La profundidad de los cambios dependerá de la valoración personal de los agravios y de la capacidad que el presidente tenga en ese momento.
