El líder de los populares no quiere presentar una moción de censura pero exige al presidente del Gobierno que vaya a ver al Rey para decirle que dimite, que disuelve el Parlamento y que convoca elecciones generales. Con la nueva posición de Junts y de Carles Puigdemont, junto a sus siete representantes en el Congreso, que han impedido la aprobación del techo de gasto como paso previo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, Feijóo cree que volverá a ganar las elecciones y que en caso de no tener la mayoría absoluta con el apoyo de Santiago Abascal, serán los parlamentarios de Junts, con su posible abstención, los que le llevarán al palacio de La Moncloa.
Si desde el PP de forma constante han acusado al Gobierno socialista de haber aceptado el chantaje de los independentistas catalanes para llegar y mantenerse en el poder, deberían pensar que en ese camino con el que sueñan recuperar el Gobierno perdido en 2018, con la histórica moción de censura ganada por Pedro Sánchez, se encontrarán con el mismo problema más agudizado si es que ello fuese posible. Todo está sujeto a dos circunstancias: el posible acuerdo del PSC con la ERC de Oriol Junqueras y Pere Aragonés para llevar a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat; y los pasos que se den dentro del procedimiento contra Begoña Gómez y el resto de investigado por el juez Peinado.
Los tiempos políticos en Cataluña terminan el 5 de agosto, después serán conovocadas nuevas elecciones autonómicas. Los tiempos judiciales son muy distintos y se retomarán en septiembre con la aceptación o no de los recursos contra las decisiones del titular del juzgado 41. Tiempos que se suplementan con los económicos de los PGE y en los que aparecen los nuevos equilibrios que se van a dar tras la renovación del CGPJ y la Unión en un mismo titular la presidencia del mismo y la del Tribunal Supremo. Progresista y conservadores medirán fuerzas y es muy posible que, por primera vez, sea una mujer la que ocupe ambos sillones. Casi todo lo que está pasando y va a pasar, inluida la nueva interpretación de la Ley de Amnistía por parte del Supremo y su petición al Constitucional - otro pulso entre los magistrados Marchena y Conde Pumpido - y la también guerra abierta dentro de la Fiscalía General y la posición de García Ortiz, tendrán una nueva andadura a partir del cinco de agosto. Se trata de otro paso, no el dfinitivo para que los intereses del Estado y de todos los españoles se coloquen por encima de los de los partidos políticos y sus dirigentes.
