Se trata de una ley regional que modifica 131 artículos de 10 leyes sobre urbanismo, suelo y medio ambiente
sCCOO Madrid ha presentado ya alegaciones contra la Ley ómnibus que ha preparado el Gobierno regional, que modifica 131 artículos de 10 leyes sobre urbanismo, suelo y medio ambiente, y anuncia que prepara protestas en otoño contra este proyecto, pero también contra otras políticas regionales que consideran relevantes.
En un jornada del curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial, la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, ha criticado que esta proyecto de Ley ómnibus se haya tramitado por el trámite de urgencias en pleno verano, "en un periodo difícil dar cualquier tipo de respuestas". "Es una práctica habitual de la Comunidad hacerlo en épocas en las que baja la actividad. La anterior ley ómnibus se presentó el 28 de diciembre", ha reprochado.
La líder sindical considera que las modificaciones administrativas nuevamente sobre ley del Suelo, ley de protección ambiental o sobre los, suministros eléctrico y de agua "quieren volver a privatizar todos los servicios, intereses particulares y seguir fomentado un modelo de desarrollo urbanístico insostenible".
"Se va a volver a producir modificaciones de suelos urbanizables y se le dará carácter residencial. Y las empresas privadas con una declaración de responsabilidad pueden seguir haciendo todas las modificaciones que quieran en materia urbanística. Es una vuelta de tuerca más en la liberalización del suelo, con beneficio a las empresas privadas en detrimento de la ciudadanía", ha esgrimido.
Como ejemplo, Paloma López ha indicado que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han talado miles de árboles, "y ahora se contrata a una empresa para que ponga sombras en la Puerta del Sol porque los 40 grados de Madrid hoy son inasumibles". "Con esta ley, nos preocupan nuevas modificaciones contra el arbolado urbano. Nuevamente el Gobierno regional solo beneficia a sus amigos y empresas privadas, y deja en una absoluta indefensión a la ciudadanía", ha insistido.
La secretaria general de CCOO Madrid ha anunciado también que van a plantear un escenario de movilizaciones por la ley ónmibus, pero también por otros elementos de conflicto con la Comunidad, "tras la renuncia de esta para la negociación social".
Así, en otoño convocarán protestas para recuperar las 35 horas semanas para los empleados públicos, por la falta de cambio en el modelo productivo, a favor del tejido industrial de Madrid, y por la sanidad y educación pública.
En el sindicato esperarán el informe de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2025, aunque temen que "no va a ir en dirección positiva, por los últimos, que nunca han sido favorables para los trabajadores".
"Entre octubre y noviembre, cuando se debata la ley ómnibus, uniremos esta protesta con una movilización amplia del tejido social. En septiembre movilizaciones con la escuela pública por la falta de negociación, profesorado, falta de acuerdo con horas lectivas y falta de dinero para reforzar la educación pública. El inicio del curso escolar será un casos si la Comunidad no pone los recursos sociales para mejorarlo y reformarlo", ha añadido Paloma López.
Por último, ha mostrado su satisfacción y alegría por el hecho de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la reforma de la ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la Comunidad de Madrid, más conocida como la ley trans regional. "Esa reforma ha quedado suspendida y esperamos que el fallo sea finalmente favorable y que el Gobierno regional pueda retirar derechos a las personas trans", ha concluido.
LA FRAVM PIDE ANULAR LA LEY OMNIBUS
La FRAVM ha presentado esta una única alegación al proyecto de la nueva ley ómnibus de la Comunidad de Madrid, pidiendo que "sea anulada su tramitación y se reinicie el proceso para poder garantizar la participación ciudadana".
En una nota de prensa, critican que el Gobierno regional tan solo ha concedido siete días para presentar propuestas y alegaciones ante una norma que modificará 131 artículos de 10 leyes. "Se trata de un tiempo absolutamente insuficiente para leer, analizar y elaborar alegaciones y sugerencias ante un proyecto de la envergadura e importancia del Anteproyecto de Ley de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio", condideran.
La FRAVM ve evidente que el Ejecutivo autonómico "no tiene ningún interés en facilitar la participación de la sociedad civil en cuestiones que la afectan de manera tan directa y determinante, y en este caso ha actuado siguiendo el mismo guión usado en la tramitación de la anterior ley ómnibus".
Al igual que ha hecho ahora, tan solo concedió siete días, entre la Nochebuena y la Nochevieja de 2021, para presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, destinado a modificar 33 leyes y 5 decretos. Lo hizo igualmente en la antesala de un periodo de vacaciones laborales, recuerda la entidad vecinal.
Ahora, el plazo de información pública del nuevo anteproyecto finaliza hoy vineres, "una urgencia que no se acierta a entender y que no compartimos", puede leerse en el documento registrado por la federación vecinal.
El pasado 8 de mayo el viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio propuso su tramitación urgente, y de esta forma eliminó el trámite de consultas públicas previas, redujo el plazo de información pública y ha recortado su trámite parlamentario. "Todo ello sin que existan razones veraces que justifiquen ni la envergadura de la modificación ni la urgencia de la misma", sostiene la FRAVM.
"Siete días es muy poco tiempo para estudiar adecuadamente un texto que modifica 131 artículos de diez leyes relacionadas con el urbanismo, el medio ambiente y la protección animal que, dicho sea de paso, no surgen de demandas de sectores mayoritarios de la ciudadanía o de la sociedad civil, ni desde una necesidad perentoria, no estando en plena pandemia y ni nada similar. El artículo 11 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo no está redactado para acortar los plazos caprichosamente, sino para poder actuar con celeridad en situaciones de verdadera urgencia", subraya la organización vecinal en su alegación.
MODIFICACIÓN DE NORMAS HETEROGÉNEAS
La iniciativa propuesta por el equipo de Ayuso afecta a normas tan heterogéneas como la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, la Ley 2/1991 para la protección y regulación de la flora y fauna silvestre de la Comunidad de Madrid, la Ley 8/2005 de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, la Ley 4/2014 de Medidas Fiscales y Administrativas, la Ley 2/2007, de 27 de marzo, por la que se regula la garantía del suministro eléctrico de la Comunidad de Madrid, la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, la Ley 17/1984 reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, la Ley 4/2016 de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid y la Ley 26/1997, de Creación del Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria (IMIA) de la Comunidad de Madrid.
A juicio de la FRAVM, el Gobierno regional "está cercenando gravemente los derechos ciudadanos y los de las asociaciones interesadas al impedir 'de facto' el derecho a la participación en los asuntos públicos", establecido en normas como la Ley 10/2019 de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid y la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
"De hecho, no se entiende este mínimo plazo a no ser que lo que se pretenda, precisamente, sea la ausencia de una participación rigurosa y fundamentada. Hay que tener en cuenta que por imperativo de la agenda de la Asamblea de Madrid, el debate parlamentario no se producirá, como pronto, hasta octubre", indica la FRAVM.
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