Es una “guerra” que traspasa lo jurídico para llegar a lo personal. Así llevan diez años, desde que en septiembre de 2014 ambos pelearan por la presidencia de la Sala de lo Penal del Supremo. En aquella ocasión la balanza se inclinó a favor de Marchena por 12 votos dentro del Consejo General del Poder JUdicial mientras que sus rivales obtenían siete votos, Conde-Pumpido, y tan sólo uno Miguel Ángel Colmenero. El presidente del Gobierno era Mariano Rajoy y el jefe de la oposición era ya Pedro Sánchez tras ganar el Congreso Extraordinario del PSOE. Si la batalla política entre los dirigentes de las dos grandes formaciones acababa de empezar y se extendería hasta hoy, con los cambios electorales por medio y la moción de censura de 2018 como punto de inflexión en el cambio de poder en La Moncloa.
Cinco y siete más tarde, por razones de los propios tiempo de permanencia en los cargos, ambos magistrados vuelven a colocar sus liderazgos en juego. En el Supremo, la elección o renovación de Manuel Marchena en la crucial y codiciada presidencia de la Sala Segunda no tiene color. Es el único candidato y obtiene el apoyo de 19 de los 21 miembros del CGPJ. Frente a él y en el Constitucional, en 2021, Cándido Conde-Pumpido logra lo mismo. Estará en ese puesto hasta 2026. Las guerras políticas entre PSOE y PP se suceden con el intento de Referendum y los posteriores debates sobre los indultos y la Ley de Amnistía por medio, el gran tema en el que trascenderá el nacionalismo jurídico y la soberanía de las Cortes Generales para llegar a Europa.
Si el origen jurídico y profesional de Marchena y Conde-Pumpido era las respectivas fiscalías, será ahora, en estos dos últimos años cuando las batallas se extiendan a la Fiscalía General del Estado y a las actuaciones políticas de otros partidos y organizaciones. Siempre con los dos máximos protagonistas del Poder Judicial como referentes de la actualidad y los debates en los medios de comunicación. No están en cuestión sus conocimientos jurídicos, más que demostrados en sus largas carreras, lo que sirve de munición política es el momento en el que las resoluciones se producen. La última hace pocos días desde la ponencia en que se basa la Sala Segunda del Supremo sobre si la amnistía abarca a o no a la malversación de la que se acusa a Carles Puigdemont y a una parte de los dirigentes del Procés. Un auto de 65 folios con el respaldo de cinco de los seis integrantes de la Sala y con el voto particular de la magistrada Ana María Ferer.
Desde el Gobierno, desde el independentismo y desde la izquierda en general están a la espera de lo que decida el Constitucional cuando tenga que pronunciarse, con consecuencias sobre el carácter y la amplitud de la malversación a otros ámbitos como las sentencias sobre los ERES andaluces, con dos presidentes y varios consejeros de la larga etapa socialista a la espera de esa resolución, al igual que lo estarán en un inmediato futuro el exministro José Luís Abalos y hasta la esposa del presidente del Gobierno. Leyendo el Auto Final del Supremo, que me encuentra enfrascado en la lectura de uno de los libros más extensos y detallados sobre la historia de la CIA, “Legado de Cenizas”, escrito por uno de loa periodistas que han logrado el Premio Pulitzer, Tim Werner, numerosa y detallada información sacada de los archivos de la propia Agencia Central de Información y sus Memorandums con varios de los presidentes que han ocupado La Casa Blanca, me encuentro con una frase de Henry Kissinger durante la guerra de Vietnam que hoy, sesenta años más tarde, puede aplicarse de forma directa a nuestra España: “ esto tiene el desagradable olor de la verdad”. Ese olor se extiende por los legendarios y tantas veces incumplidos y despreciados tres poderes que sirvieron de base para las democracias occidentales desde el lejano siglo XVIII: Legislativo, Ejecutivo y Judicial se mezclan con tantas frecuencia que no se ven los limites que deben separarlos.
