Ni Pedro Rollán, ni Francina Armengol son unos recién llegados al campo de juego de la política. Los dos comenzaron como concejales para luego ir escalando puestos en el interior del PP y del PSOE. El primero en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, la segunda en el mallorquín de Inca. Han recorrido toda la escala de poder hasta llegar a la presidencia de sus respectivas Autonomías. Rollán durante cuatro meses tras las obligadas renuncias de Cristina Cifuentes y Angel Garrido, con la suficiente astucia para moverse primero hacia Pablo Casado y más tarde hacia Núñez Feijóo. Mucho aprendido desde que fuera conceal en 2003 y mucho más cuando estuvo al frente, de forma sucesiva de hasta ocho competencias en tres Consejerías y una Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid.
La historia de Armengol es más sencilla y más rápida. Llegó antes a la presidencia con el catalanismo lingüístico como arma electoral y aceptada por el Partido Socialista. Perdió en los comicios autonómicos de 2023 y tras pasar a las listas de las elecciones generales del mes de julio, como premio, se convirtió en la sucesora de Meritxell Batet en la presidencia de la Cámara. A partir de ahí y durante los siguientes once meses han sido continuos choques entre ambas instituciones del Estado, otro agujero negro en esta España en la que las trampas entre partidos es una constante y que siempre terminan en el posterior choque entre tribunales, jueces y fiscales. Justo todo lo contrario de lo que los ciudadanos desean pero se ven obligados a presenciar.
Los resquicios legales que utilizan tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se producen por la falta de negociación entre ambos y por los deseos de poder de Feijóo y Sánchez. La ruptura de la mínima relación política exigible para evitar que la base de la estructura constitucional se resquebraje aparece casi imposible. Tal vez, tan sólo tal vez, ese primer acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial pueda convertirse en un primer paso para que la necesaria discusión política entre dos proyectos de gobernanza - no tan diferentes como pretenden hacernos creer sus protagonistas - se imponga y la Legislatura deje de colocar al Poder Judicial en el centro de atención y decisión. El desgaste es innecesario por la contaminación que produce en todo el sistema democrático.
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