Ayuso y Ayala, la batalla de La Cantueña: La Comunidad dice que "pare de boicotear" y el alcalde pide ayuda a Feijóo

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, espera que el Ayuntamiento de Fuelabrada "pare de boicotear" el proyecto de un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados en La Cantueña y deje también de buscar "excusas administrativas" para impedir su desarrollo.

Después de conocer el anuncio del Consistorio de que retirará este viernes el precinto de las obras, Dávila ha advertido de que, no obstante, y a tenor de lo manifestado por éste, "parece que sigue buscando excusas administrativas" y "sigue declarado en rebeldía" para "rechazar la presencia de estos menores", ha declarado la consejera.

Sobre los argumentos del Ayuntamiento, Ana Dávila ha asegurado que "se basa en recuperar unas instalaciones que nunca fueron del Ayuntamiento y que además durante más de 20 años tampoco ni ha querido ni ha trasladado su intención de realizar ninguna actividad allí".

En cualquier caso, la titular de Asuntos Sociales ha mostrado su deseo de que el Ejecutivo local "pare de boicotear y de rechazar a estos menores" que "siguen llegando" y que la Comunidad de Madrid ha de "atender".

Además, ha recordado que el Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para acordar "mayor número de menores".

El Consistorio ha dado hoy cumplimiento al auto del Juzgado Contencioso Administrativo número 24 de Madrid que suspendió de forma cautelar el decreto del Ayuntamiento que paralizaba las obras en la Cantueña, estimando así el recurso de la Comunidad, que se amparó en la Ley del Suelo para justificar el uso de este espacio para el proyecto.

El Consistorio fuenlabreño ha anunciado también que presentará alegaciones al recurso del Gobierno regional para "defender" en los tribunales "los derechos de los vecinos y las vecinas", así como por "recuperar el espacio de La Cantueña", sobre el que hay abierto un expediente de reversión, recuerdan.

El Ayuntamiento precintó el pasado miércoles las obras en cumplimiento del decreto municipal, pues considera que la Comunidad de Madrid incumple el convenio de cesión del espacio de La Cantueña al destinarlo a este fin y, por lo tanto, "la ciudad está en su derecho de recuperarlo", subrayó entonces su regidor, Javier Ayala (PSOE).

Ana Dávila ha cargado contra "ese acto de cinismo" del alcalde que busca "cualquier trámite administrativo que se le ocurra" para impedir la acogida de esos menores, ha lamentado la consejera. "Tenemos la obligación legal y moral desde el gobierno autonómico de atender y así lo vamos a hacer", ha concluido.

AYALA PIDE A FEIJÓO QUE INTERVENGA

Por su parte, el propio regidor se ha dirigido a través de sus redes sociales al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con un vídeo en el que expone la situación y le pide que intervenga para poner "sentido común" y para "este atropello".

Después de que este mismo miércoles el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, acusara al Consistorio fuenlabreño de estar "en rebeldía" por precintar las obras pese al auto judicial --el Ayuntamiento esgrimió entonces que aún no había recibido comunicación del mismo--, desde el Consistorio subrayan que "seguirá estando en rebeldía" contra "la prepotencia mostrada por la Comunidad de Madrid y contra su obsesión por que este macrocentro para menores no acompañados se levante en Fuenlabrada".

Así, insisten en que la decisión del Gobierno regional "no atiende a la necesidad de atender a menores de una manera adecuada", sino que responde solo "a la obsesión de que este equipamiento se construya en Fuenlabrada cueste lo que cueste".

Además, insiste en que el modelo elegido por la Comunidad de Madrid "contraviene las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de servicios sociales". "Un macrocentro en medio de la nada y rodeada de polígonos industriales y autovías no es manera de atender a menores", concluyen.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada cedió el centro a la Administración regional hace 20 años para un centro de difusión ambiental, por lo que al incumplirse el convenio, a juicio del Ayuntamiento, éste activó la cláusula que le habilita a recuperar las instalaciones, si bien el Ejecutivo regional se amparó en la Ley del Suelo autonómica para defender la legalidad de su actuación.

EL JUZGADO ESTIMÓ LA PETICIÓN DE CAUTELARÍSIMAS DE LA COMUNIDAD

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid estimó la petición de medidas cautelares provisionalísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid, suspendiendo así la aplicación del decreto de la Concejalía de Infraestructuras, Urbanismo, Movilidad y Mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada que paralizaba las obras en La Cantueña.

El auto del Juzgado, al que tuvo acceso Europa Press, dio un plazo de tres días al Consistorio para que presente alegaciones antes de dictar auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida cautelar.

Según argumenta el auto, concurren en este caso "suficientes elementos" que "permiten apreciar la situación de urgencia requerida" por la Comunidad de Madrid para solicitar la suspensión del decreto municipal.

SUSPENSIÓN DEL DECRETO A LA ESPERA DE UN PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO

Asimismo, el juez considera que ante el reciente inicio de las obras, acceder a la suspensión cautelar de la decisión de paralización representa "el mantenimiento de la situación material y jurídica preexistente", sin perjuicio de su posible modificación una vez se reciban las alegaciones del Ayuntamiento y se resuelva de forma definitiva y tras escuchar a todas las partes.

Tampoco se advierte, sostiene el auto, "un grave perjuicio del interés general" por el hecho de permitir que las obras continúen ejecutándose durante "el breve plazo de tres días que se concederá para la formulación de alegaciones por el Consistorio".

Por el contrario, sostiene, la clausura y precinto de dichas obras "supondrá su inmediata paralización", lo que "presupone objetivamente un perjuicio mayor si después hubiera de ser removido el precinto", dado el "presumible retraso que la ejecución de dicha remoción podría conllevar en cuanto representa la reanudación de unas obras de remodelación, con el subsiguiente traslado de personal, maquinaria y materiales de obra".

Tras el decreto municipal que paralizaba las obras por tratarse de un uso que, a juicio del Ayuntamiento, incumple el convenio de cesión del espacio a la Administración regional, la Comunidad de Madrid --que se ampara en la Ley del Suelo autonómica para justificar la legalidad de su decisión--, recurrió ante la Justicia.

Un centro que la Comunidad quiere habilitar "lo antes posible" y para el que prevé invertir 6,9 millones de euros para habilitar un centenar de plazas de acogida y poder así "atender las demandas del Gobierno de España" con respecto a los menores extranjeros no acompañados que "va a trasladar" a la región madrileña.