Lo que parece evidente siempre merece explicación.
Pedro Sánchez ha negociado
la amnistía con Carles Puigdemont por la imperiosa necesidad de los siete votos que Junts tiene en el Congreso
. Si no fuera así no estaría hablando nadie de la amnistía, ni siquiera ERC, el PNV, Bildu, el BNG o la Cup
. El presidente del Gobierno miente por necesidad, al igual que
lo hacen la inmensa mayoría de los líderes políticos a lo largo de su vida como tales. Es un hecho, no una crítica moral. Hacen de la necesidad, virtud. Es una de las servidumbres o cualidades que primero aprenden los que hacen de la política su vida. Tiene un precio, a veces muy alto. Los líderes están dispuestos a pagarlo.
Un escaño más por Madrid para el PSOE, el que perdió tras el recuento del voto exterior y una negociación con Coalición Canaria parecida a la que finalmente se ha hecho y Puigdemont y los suyos se habrían quedado sin la fuerza que tienen. Sánchez habría conseguido la investidura en segunda vuelta por dos votos de diferencia. Ciento setenta y tres frente a siento setenta. Aquella fue la primera lectura que se hizo en La Moncloa y en la sede central de Ferraz. Junts podía sumarse a la mayoría minoritaria o abstenerse. Ni podía, como tampoco puede ahora, juntarse co el PP y Vox.
No ocurrió y el presidente sólo tuvo una salida al laberinto del poder en el que estaba: se tragó el “sapo” de tener que enviar a Santos Cerdán a Waterloo y firmar todo lo que el político fugado le ponía sobre la mesa. Siempre se encuentra una explicación, una excusa con la que defenderse ante la oposición y los ciudadanos. Lo dijo el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en el Congreso contestando a Núñez Feijóo: “Si me colocan entre Vox y la amnistía, me quedo con la amnistía”.
De la misma forma hay que entender las acusaciones y los ataques desde la oposición a Sánchez y a su Gobierno. Convertida en palabra maldita, la amnistía ha conseguido que todos los poderes del Estado, desde el Legislativo, al Judicial pasando por el Ejecutivo, en sus diversas formas y funciones estén enfrentados. Hasta conseguir que el Consejo General del Poder Judicial, en una reñida votación sobre el Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortiz, se haya partido por la mitad: ocho en contra de su designación, siete a favor y una abstención. Algo que nunca había pasado en la breve historia de nuestra democracia.
Lo mismo o muy parecido que ha hecho el Tribunal Supremo haciendo suyas las tesis de la Fundación que dirige la abogada del Estado, Elisa de la Nuez, que soñó con un Ministerio cuando se sumó al Ciudadanos creado por Albert Rivera, cuando desde esa formación se soñaba con desplazar al Partido Popular y llegar al Gobierno: la ex ministra Magdalena Valero no podía presidir el Consejo de Estado, por una razón tan discutible como que no era una jurista de “reconocido prestigio”. El poder judicial convertido en la punta de lanza de la derecha española para ensartar a Pedro Sánchez en los terrores nocturnos que le deben asaltar tras conseguir mantenerse en La Moncloa.
Tan evidente como lo anterior era que la Legislatura iba a ser muy dura y que el Gobierno de los 22 Ministerios es repetir el desastre del anterior. Si era discutible el Ministerio de Igualdad, lo es aún más el Ministerio de infancia y Juventud. Las ocurrencias siempre terminan mal, incluso cuando se producen sobre hechos que les dan la razón. Pasa en la política nacional y mucho más en la internacional. El mejor de los ejemplos es la guerra de Isareal contra Hamas, con más de quince mil muertos, dos tercera partes mujeres y niños. Pese a tener razón en sus explicaciones tras viajar a Gaza,
Pedro Sánchez se ha olvidado de que los esquemas de poder se basan en la postura del líder de la parte del mundo en el que estás y dentro de los organismos a los que perteneces. Si ya es difícil gobernar con 121 escaños y tener a los otros 58 que necesitas siempre pidiendo más, sin que nunca se vayan a sentir satisfechos, sentir cómo las referencias históricas de tu propio partido cuestionan tu comportamiento de forma abierta, pero sin atreverse a avanzar más, como sería defender un Congreso extraordinario o un abandono de la organización, como son los casos de Felipe González y Alfonso Guerra, a los que no les cuesta tampoco nada mentir sobre lo que son y lo que fueron, e incluso sobre lo que dice el propio texto constitucional.
El que fuera santo y seña del socialismo hispano ya es, para su desgracia, un “quintacolumnista” de la derecha española e internacional. Capaz de convencer cada vez a menos gente y empeñado en destruir al partido que él mismo transformó hace más de cuarenta años.
