Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han recalcado este martes que "no hay posibilidad" de negociar con el Gobierno una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que no conlleve los 1.000 euros por paga, por lo que han instado al Ejecutivo a "redondear hacia arriba" la cantidad de 996 euros que puso inicialmente sobre la mesa.
Así lo han señalado los líderes sindicales antes de participar en Valladolid en un encuentro con delegados laborales y con representantes de las candidaturas de PSOE y Unidas Podemos para las elecciones autonómicas de este domingo en Castilla y León, en el que han detallado las mejoras que se han alcanzado para todos los trabajadores con la aprobación de la reforma laboral la pasada semana.
Tras la conclusión de esa negociación, como ha explicado Pepe Álvarez, siguen pendientes otras, como la de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se debe concretar en los próximos días.
En este sentido, Álvarez ha recalcado que "no hay posibilidad de llegar a ninguna negociación que no conlleve los 1.000 euros", pues ha incidido en que se trata de un "compromiso previamente adquirido" en el mes de septiembre, mientras que Sordo ha calificado de "irrenunciable" alcanzar esa cifra.
El líder de CCOO ha recordado que la situación actual es de una inflación muy elevada, que "puede ser coyuntural", pero que hace que los sindicatos vayan a defender una subida que no perjudique más de lo debido el poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo el de los menores sueldos.
Álvarez ha señalado que los 1.000 euros serían una subida de algo más del 3% y que ya estarían por debajo de la inflación interanual actual, por lo que ha aseverado que “no ha lugar más que a que el Gobierno escuche y cumpla” lo prometido.
Los líderes sindicales han intervenido en una asamblea con varios centenares de delegados de UGT y CCOO a quienes han explicado los acuerdos que contiene la reforma laboral aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados.
Se trata de una norma que, para el secretario general de CCOO, es la reforma laboral “más trascendente para el mercado laboral” y con más medidas para la estabilización del empleo desde los años 80 del pasado siglo, aunque ha matizado que quizás con la excepción de la de 1997.
“Es un acuerdo que aportará una enorme intensidad en contratación, va a conllevar la estabilización y la caída de la tasa de temporalidad en los próximos trimestres y años, equilibra la negociación colectiva y ofrece alternativas a despidos a través de los ERTE, que han conseguido salvar más de 3,5 millones de puestos de trabajo”, ha indicado Sordo.
En conclusión, se trata de un “paquete” de medidas laborales con políticas laborales “distintas” a las que se tomaron en el resto de salidas de las crisis económicas y, además, con la mayoría de ellas “avaladas por patronal y sindicatos”.
LA CEOE LO RECHAZA POR UNANIMIDAD
El Comité Ejecutivo que la CEOE ha celebrado este martes con carácter extraordinario ha rechazado "por unanimidad" la propuesta del Gobierno de elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.000 euros mensuales desde el 1 de enero de este año, según han informado a Europa Press en fuentes empresariales.
La negativa de la CEOE a apoyar esta subida supone que el incremento del SMI será de nuevo fruto de un acuerdo bipartito entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, como ya sucedió cuando el SMI subió de 950 a 965 euros al mes el pasado mes de septiembre.
El Ministerio de Trabajo se reunió este lunes con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para abordar la subida del SMI para 2022 y les dio unas horas, hasta el miércoles, para analizar su oferta en sus órganos de dirección.
CCOO ya ha dado el sí a la propuesta del Gobierno y UGT ya ratificó en su última Ejecutiva un SMI de 1.000 euros si la oferta de Trabajo iba en esa dirección, como finalmente así ha sido.
A mediados de septiembre del año pasado, el Ejecutivo acordó con los sindicatos elevar el SMI hasta los 965 euros con efectos desde el 1 de septiembre de 2021, estableciendo también en dicho acuerdo el compromiso de que, mediante su "progresiva revisión" en 2022 y 2023, alcanzara el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y como prometió el Gobierno de coalición.
De dicho acuerdo se descolgaron las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que entendían que no era el momento de elevar el salario mínimo dado que la economía española estaba en los inicios de la recuperación y la creación de empleo podría verse dañada.
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