El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que en los próximos días se va a publicar una orden, firmada por él mismo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con el acuerdo alcanzado, por una "amplia mayoría", en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), para la restricción de la movilidad en los municipios de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos de Covid-19.
Medida que en el caso de la Comunidad de Madrid afecta a los diez municipios que superan los 100.000 habitantes --a 1 de enero de 2019-- cuentan con más de 500 positivios en coronavirus durante los últimos 14 días. La capital, Madrid, cuenta con 3.266.126 habitantes y 25.402 contagios. Móstoles es el segundo municipio más poblado de la región con 209.184 habitantes y registra 1.323 contagios.
Alcalá de Henares tiene una población de 195.649 habitantes y 1.030 contagios. Hasta los 2.263 contagios llega Fuenlabrada, con una población de 193.700 habitantes. Leganés (189.861 habitantes) registra 1.381 contagios en los últimos 14 días.
Le sigue en número de habitantes Getafe, con un total de 183.374 y 1.437 contagios. Alcorcón cuenta con 1.290 positivos en los últimos 14 días y 170.514 habitantes, mientras que Torrejón de Ardoz, municipio de 131.376 habitantes acumula en dos semanas 1.048 positivos.
Parla cuenta en el censo con 130.124 personas y registra, según el informe epidemiológico de la Comunidad 1.504 positivos. Por su parte Alcobendas, municipio de 117.040 habitantes, registra 1.155 contagios en las últimas dos semanas
Illa se ha pronunciado así tras el CISNS, el cual ha ido precedido de una reunión de la ponencia técnica y de la Comisión de Salud Pública, donde se ha analizado el acuerdo alcanzado el martes entre el ministro y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y que posibilitó el borrador presentado este miércoles a los consejeros autonómicos.
No obstante, Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía y Ceuta han votado en contra y Murcia se ha abstenido. "Ha habido una amplia mayoría por lo que es una decisión colegiada", ha dicho el ministro de Sanidad, para informar de que en el caso de Madrid afecta a 10 municipios, incluido la capital.
LA COMUNIDAD DICE QUE "NO ES JURIDICAMENTE VALIDO"
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que el borrador debatido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) "no ha sido aprobado por consenso", según recoge el art. 14.1, y "no es jurídicamente válido".
Escudero ha acusado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de utilizar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para "imponer medidas que van en contra de la voluntad de muchos españoles allí expresada".
El consejero de Sanidad madrileño ha comparecido tras la rueda de prensa ofrecida por el ministro, quien ha asegurado que el acuerdo ha sido aprobado "por amplia mayoría".
"El ministro, Salvador Illa, ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada, es falso", ha aseverado Escudero, quien también ha asegurado que "es falso" que la Comunidad de Madrid se mostrara "satisfecha" con la reunión del martes del Grupo Covid-19.
Escudero ha precisado que el propio ministro ha trasladado a los consejeros autonómicos que trasladaría la propuesta a la Ponencia de Alertas de Salud Publica para trabajarlo técnicamente, y que posteriormente debe pasar por la Comisión de Salud Pública, y "tras todo ese trabajo técnico, debatirse de nuevo en Pleno del Consejo Interterritorial, como así han expresado la mayoría de las CCAA, incluso las que han votado a favor de este borrador".
En cuanto al anuncio de Illa de que el acuerdo se publicará próximamente en el BOE y que va a ser de obligado cumplimiento, Escudero ha argumentado que las medidas de coordinación de Salud Pública, según el reglamento del Consejo Interterritorial, requieren "ese consenso que no ha existido, solo ha tenido el apoyo de las comunidades del PSOE, por lo tanto jurídicamente no es válido".
A este respecto, ha precisado que si se produce la publicación, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid "determinaría el tipo de actuaciones" que llevaría a cabo el Gobierno regional.
"Este documento recoge decisiones que atañen a todo el Sistema Nacional de Salud y sobre todo a derechos fundamentales y a la libertad de millones de personas", ha recalcado Escudero.
"Y nosotros siempre hemos apostado por esa mejora del documento, por el diálogo, por seguir avanzando y por dar un respaldo técnico a todo ese tipo de decisiones", ha proseguido.
El consejero madrileño ha reivindicado que es "el primero que conoce con todo detalle y al momento la situación" del sistema sanitario madrileño, en lo que respecta a la evolución de los contagios y la respuesta asistencial, así como "otra serie de parámetros".
Todos estos indicadores, ha afirmado, apuntan a una "situación favorable", de manera que ha rechazado "ese mensaje de alarma, de crispación, que está trasladando el ministro de Sanidad y, por lo tanto, el Gobierno de España, hacia Madrid".
"Seguimos ofreciendo ese diálogo a pesar de no haber sido escuchados, de no haber querido avalar con equipos técnicos esas medidas que se quieren aportar en ese borrador", ha manifestado el consejero madrileño.
En la misma línea, ha afirmado que siguen en la "vía del diálogo, de avanzar, de combatir contra el virus, de, sobre todo, dar respuesta a esta situación que está viviendo toda España, que vive todo el mundo".
A pesar de que ha abogado por el "entendimiento", ha acusado al Gobierno de España de no haber mostrado todavía, tras la reunión entre el presidente, Pedro Sánchez, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "ni la más mínima actitud de tratar de ayudar a nuestra comunidad".
RESTRICCIONES
En concreto, estas restricciones pasan por restringir entradas y salidas de las personas que vivan en esos municipios, menos si es para asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplir con obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales; asistir a centros educativos; volver al lugar habitual de residencia; asistir a personas mayores, menores, dependientes, con discapacidad o vulnerables; acudir al banco, juzgado o notaría; renovar documentación oficial; realizar exámenes; o por cualquier otra causa de fuerza mayor. Sí se permite circular por dentro de los mismos.
También se restringe a un máximo de seis personas las reuniones familiares y sociales, tanto en la vía pública como en los espacios privados, excepto en el caso de actividades laborales e institucionales; y se cierran los parques infantiles de uso público, entre otras medidas.
PLANES ESPECIALES EN CADA CCAA Y CIUDAD AUTÓNOMA
Además, el departamento que dirige Salvador Illa recomienda que las comunidades y ciudades autónomas aprueben planes especiales de actuación para controlar la expansión de los contagios en aquellos municipios de menos de 100.000 habitantes pero con una alta incidencia de infectados de coronavirus.
Finalmente, el texto señala que cada comunidad autónoma afectada y el Ministerio de Sanidad tendrán que revisar semanalmente, y de manera conjunta, la situación epidemiológica de los municipios a los que se aplique la Declaración de Actuaciones Coordinadas.
"En el marco de esta relación bilateral se valorará la modificación del ámbito de aplicación de las medidas contenidas en la declaración, siempre y cuando se observe una reducción suficiente de la incidencia acumulada en los términos establecidos en esta y teniendo en cuenta también los factores de corrección que pudieran afectarla", zanja Sanidad en el documento.
."TIENE QUE HACERSE EFECTIVA"
"Hay ya una orden que se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado, que es fruto de una decisión colegiada, y que tiene que hacerse efectiva", ha afirmado Illa durante su comparecencia, en la que ha recordado que fue la propia Comunidad la que aceptó estas medidas en su reunión de este martes con el Gobierno, aunque después haya dado marcha atrás, sin que "nadie" lo entienda.
A este respecto, ha asegurado que tendrá que ser el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso el que explique el cambio de opinión, pero ha dejado claro que, al publicarse la orden en el BOE, tiene que hacerse efectiva y cumplirse. De hecho, ha asegurado que no contempla el escenario de que Madrid no cumpla y, por ello, no ha adelantado qué hará el Gobierno en ese caso.
Las medidas que se trasladará a esa orden en el BOE, y que han sido aprobadas de "forma colegiada" en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el voto favorable de 13 Autonomías, buscan restringir la movilidad en los municipios de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos de Covid-19.
Para requerir la aplicación de esas medidas también se tendrá en cuenta que esos municipios presenten un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas superior al 10 por ciento en las últimas dos semanas; y que la ocupación de camas por pacientes con Covid en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en hospitales de la Comunidad supere el 35%.
Actualmente hay diez municipios, según el Ministerio, que se encuentran en esta situación, y todos ellos están en la Comunidad de Madrid, empezando por la capital, además de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.
Las restricciones que se aplicarán son las que el Gobierno lleva desde hace días pidiendo a la Comunidad de Madrid que aplique en todos esos municipios, ante la negativa del Gobierno de Ayuso, que argumentaba que no era justo que no se trasladara estas medidas al resto de España.
El Gobierno accedió finalmente este martes a trasladar estas medidas a una acción coordinada de salud, para aplicarla en todo el territorio. Sin embargo, la Comunidad de Madrid --donde se ubican todos los municipios afectados-- ha decidido este miércoles desmarcarse y rechazar de nuevo las medidas, reclamando al Ministerio "criterios objetivos y claros".
CADENA DE DESENCUENTROS ENTRE EL GOBIERNO Y MADRID
Los desencuentros entre el Gobierno y Madrid comenzaron apenas cuatro días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudiera a reunirse con Ayuso a la Puerta del Sol --sede del Ejecutivo regional--, y acordaran crear un "espacio de cooperación reforzada" que desarrollara un plan especial para hacer frente a la pandemia en Madrid.
Desde entonces, ha planeado la posibilidad de que del Gobierno tomara el control de la pandemia en la Comunidad de Madrid; algo que podría hacerse a través de diferentes vías, como volver a recurrir al estado de alarma; la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la Comunidad; la ley de Salud Pública o el decreto de 'nueva normalidad' que se aprobó tras la desescalada.
De momento, el ministro de Sanidad ha anunciado que van a recurrir a una orden en el BOE, que obligará a las Comunidades a aplicar en sus territorios las medidas pactadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, en concreto, a Madrid, a confinar la capital.
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