Abandonar la acción política y las decisiones, siempre polémicas y controvertidas que implica, para trasladarlas a,os jueces, es muy mala decisión. Basta con leer, oír o ver los medios de comunicación cada día para comprobar que España lleva está sometida, todavía de manera indirecta, al gobierno de los jueces. Toda la estructura del estado, todas las instituciones del estado están en los tribunales, desde miembros de la Casa Real a los Sindicatos, pasando por los partidos políticos, los empresarios, las entidades financieras y hasta la mismísima judicatura.
No es algo nuevo en la historia de la humanidad, tales gobiernos ya aparecen en el Libro de los Jueces nada menos que con quince periodos, la que van de Joshue a Samuel, y en la Grecia clásica nos encontramos con Solon y los arcontes. Mucho más cerca, en Italia, en 1992 son los jueces encabezados por Antonio di Pietro los que provocan con la investigación de la "Tangentopolis" la desaparición de las tres grandes fuerzas políticas que existían en esos momentos, desde la Democracia Cristiana al Partido Socialista y el PCI, propiciando un vacío parlamentario que llenarían nuevas formaciones y acabaría con Silvio Berlusconi en el poder.
La clase dirigente del país, la que debería estar preocupada casi en exclusiva por adelantarse a una posible crisis económica como la vivida en 2008, la formación de las futuras generaciones , y el mantenimiento y mejora de la sanidad, la educación y las pensiones en los niveles que conocemos, está más pendiente de los juzgados que de buscar los acuerdos necesarios que permitan trabajar unidos y en la misma dirección, con el mismo mensaje de confianza y esfuerzo hacia la sociedad.
Salvó cuatro o cinco nombres de la elite europea ligados a los esfuerzos monetarios y las famosas facilidades que unos países ofrecen sobre otros en cuanto al tratamiento de las inversiones y en especial las sicavs de los más ricos, el resto de los protagonistas se llaman Manuel García CastellónPablo Ruz, Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Javier Gómez Bermúdez, Fernando Andreu y Eloy Velasco, los magistrados de la Audiencia Nacional, que se reparten los casos más llamativos y que afectan tanto a líderes políticos como financieros y empresariales. O si se eleva el tiro judicial de la política, nos encontraremos con los componentes de dos Salas del Tribunal Supremo y con la controvertida Junta Electoral Central, cuyas decisiones sobre la Cataluña de Puigdemont, Torra y Junqueras han convertido la necesaria salida de convivencia - que no de solución - en ese territorio en un laberinto jurídico en el que el lenguaje y la interpretación de las Leyes permite decir varias cosas contradictorias al mismo tiempo.
Por los despachos madrileños de la Audiencia han pasado y siguen los sumarios que imputaban e imputan a Rodrigo Rato, Ángel Acebes, José Luis Olivas, Ignacio González, a los que acompañan desde Francisco González al grupo de comisarios que encabeza el ubicuo Villarejo. Auténticas estrellas mediáticas consagradas y que eran desconocidas por la inmensa mayoría de los ciudadanos hasta que estallaron los casos Gurtel y " sobres" como Francisco Correa y Luis Bárcenas. A los que se sumaron hasta oscurecerles los que hacen referencias a los espionajes empresariales y financieros, y el pago de comisiones millonarias que cruzan continentes e implican a empresas públicas como Mercasa o Defex. Y si miramos hacia Barcelona, Mallorca, Valencia o Sevilla nos encontraremos con algo muy parecido, desde los casos Pallerols y Palau a los Eres o Mercasevilla, con las cúpulas de la antigua Convergencia i Unió y del PSC y los repartos de dinero y ayudas interesadas desde los distintos gobiernos de la Generalitat. Desde la capital del Turia las dudas pasaron de la fallecidaalcaldesa Rita Barberá a los gobiernos del PP y del PSOE, desde Eduardo Zaplana a Ximo Puig; desde Palma de
Si en Mallorca el juez Castro concitó nuevas y desagradables sorpresas tras la imputación de Cristina de Borbón, la posterior condena de Iñaki Urdangarín ha dado paso a su lenta incorporación a la vida civil con sus permisos carcelarios mientras que la suerte penitenciaria de su antiguo socio, Diego Torres, permanece en un discreto y util silencio. Algo parecido a lo ocurrido en la capital andaluza con los sumarios de la juez Alaya y el largo camino que terminó con parte del antiguo gobierno socialista encausado, enjuiciado y condenado, desde Manuel Chaves a Gaspar Zarrias, que explica en parte la derrota electoral de Susana Díaz en diciembre de 2018, y que puede convertirse en un pozo sin fondo de actuaciones judiciales, sobre todo cuando aparecen nuevos "nichos" de posibles corruptelas.
La llegada de los jueces al poder ejecutivo, ya sea en Ministerios como el de Interior y Justicia o Defensa, desde Fernando Grande Marlaska a Margarita Robles pasando por Dolores Delgado y su “traslado” a la Fiscalía General, se produce siempre de la misma forma: la sociedad se aleja de los partidos, no encuentra en ellos la solución a sus problemas y más bien lo contrario, y acuciada por una grave crisis de confianza en las otras dos instituciones que conforman el equilibrio de poderes que señaló Montesquieu, se encomienda a los administradores de la Justicia para que reinstaure el equilibrio social necesario para el día a día ciudadano. Los ejemplos de los magistrados Marchena y Llarena son tan buenos como los que están y van a seguir emitiendo resoluciones y sentencias a lo ancho y largo de los próximos meses. Con la deriva hacia las jurisdicciones europeas que ratifiquen o anulen las decisiones que sus colegas españoles hayan emitido.
El Parlamento hace ya mucho tiempo que ha dejado, de verdad y a fondo, de cumplir con su función y los tribunales, por un lado, y "la calle", por otro, asumen el papel de ágora de discusión y debate de los problemas y sus posibles soluciones, con lo que ello supone de desnaturalización de la democracia y el peligro de enfrentamientos y violencia, de los que hemos tenido desgraciadas experiencias a lo largo de nuestra historia.
