Los afectados por la venta de viviendas del Ivima piden a la Comunidad que paralice los desahucios

jueves 02 de octubre de 2014, 12:47h
Un centenar de afectados por la venta de inmuebles del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a la empresa Azora registraba este pasado lunes, en la Asamblea de Madrid, otros tantos escritos dirigidos al consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, para pedir que se paralice cualquier procedimiento contra sus viviendas y se abran procesos de negociación.

La iniciativa ha sido impulsada por la Plataforma Afectados Vivienda Pública y Social (PAVPS), para pedir la paralización de los desahucios que, si no se hace nada, se efectuarán de manera inminente por una situación de impago sobrevenida, que afecta a vecinos de distintos municipios de la región, como Leganés, Móstoles, Vallecas, Navalcarnero, entre otros.

"Solicito se paralice cualquier procedimiento contra mi vivienda y se abran procesos de negociación para solucionar la emergencia habitacional en la que podríamos encontrarnos situándonos al borde de la pobreza y exclusión social", dice el escrito, acompañado de un breve resumen de la situación personal.

Por ejemplo, una de las afectadas es una madre soltera cuya renta ha pasado de 50 euros a 400 por la venta de las viviendas del IVIMA a un "fondo buitre", según informan desde la plataforma.

Los afectados, entre los que se encuentran algunos que ya han recibido la notificación de lanzamiento (desalojo) y otros a los que les ha llegado la carta de pago, el paso previo, exponen que, "habiendo tenido noticias de negociación con la Comunidad de Madrid para parar desahucios de viviendas VPO", la vivienda es uno de los derechos fundamentales, tal y como se encuentra recogido en la Constitución española.

En este sentido, apela al artículo 47 de la Constitución, por el que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" y los poderes públicos tienen la obligación de promover las condiciones necesarias y de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, "regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", mientras que "la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".

También cita el artículo 10, que se refiere a la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social, así como a la conformidad de las normas con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.

Finalmente, alude al artículo 15 sobre el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
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