El Gobierno da luz verde a la 7ª reforma educativa

El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la séptima norma eduactiva en 37 años de democracia, para su remisión "inmediata" al Congreso de los Diputados, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría.

En comparecencia junto al ministro de Educación, José Ignacio Wert, Saénz de Santamaría ha afirmado que se trata de "la ley más importante de la Legislatura" y "una de las reformas fundamentales" del Ejecutivo, pues tiene "un doble cometido esencial, mejorar la calidad de la educación y la empleabilidad de los jóvenes".

"Necesitamos la remodelación urgente de nuestro sistema educativo porque no nos podemos permitir las cifras de fracaso, abandono y paro juvenil", ha señalado Sáenz de Santamaría, quien ha destacado que la reforma tiene entre sus objetivos refuerzo de conocimientos instrumentales, la flexibilización de las trayectorias, la incorporación y desarrollo de sistemas de evaluación externa y la promoción de la autonomía en los centros docentes.

Asimismo, ha destacado que para su redacción "se han tenido en cuenta" las opiniones de las comunidades autónomas, los padres de alumnos, los docentes, los representantes sindicales, los profesionales de la educación, las asociaciones, plataformas y los ciudadanos en general con un buzón de sugerencias.

Inicialmente su aprobación estaba prevista en el Consejo de Ministros el viernes 10 de mayo, lo que suscitó una crítica unánime entre los sindicatos y asociaciones de padres y estudiantes que habían convocado una huelga general en el sector educativo justo un día antes, el 9 de mayo, en contra de la ley.

Cuando llegado el día, el texto no llegó al Consejo de Ministros, estos sectores, reunidos en la Plataforma por la Escuela Pública, interpretaron que era un aplazamiento fruto de la presión popular, pues decenas de miles de personas se habían manifestado en una treintena de ciudades contra la ley y los recortes durante la jorada de protesta.

No obstante, el texto podría incluir otras novedades respecto de su redacción original, ya que Educación se ha mostrado dispuesto a atender determinadas observaciones del Consejo de Estado sobre su contenido. Se trata en concreto de dos: la forma de garantizar la libre elección del castellano como lengua vehicular en Cataluña y de permitir que los colegios que separan por sexo a los alumnos tengan acceso a conciertos públicos.

Otro aspecto sobre el que podrían introducirse cambios de cara al Consejo de Ministros es en el diseño de la asignatura que se oferta como alternativa a Religión, ya que a juicio del Consejo de Estado puede ser discriminatorio tener que elegir una u otra, asunto sobre el que Gomendio se mostró asimismo dispuesta a trabajar.

El objetivo del Gobierno es que la LOMCE, la séptima ley educativa 37 años de democracia, esté aprobada "en otoño" a fin de que se pueda cumplir el preceptivo plazo de diez meses para la adaptación curricular y llegue a las aulas en el curso 2014/2015, es decir, dos años después de su presentación.

ITINERARIOS, EXÁMENES DE FIN DE ETAPA Y FP BÁSICA

La andadura se inició el pasado 21 de septiembre, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de la ley. Desde entonces, su principal promotor, el ministro José Ignacio Wert, se ha reunido con la mesa sectorial de Educación (sindicatos) y con las comunidades autónomas, y ha sometido la iniciativa al dictamen del Consejo Escolar y del Consejo de Estado.

Entre las principales novedades se encuentra la implantación de evaluaciones a nivel estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato, además de una prueba en 3º de Primaria para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarias para obtener el título y, en concreto, el segundo, que los sectores críticos llaman "reválida", sustituirá a la actual Selectividad.

Otro de los cambios más notables afecta a 3º de la ESO, pues se adelantan a este curso los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato a través de asignaturas optativas. Estas dos vías estarán ya completamente diferenciadas en 4º de la ESO.

Además, el anteproyecto aumenta la capacidad del Ministerio de Educación para decidir sobre los contenidos comunes de las asignaturas mientras cede libertad a centros y comunidades autónomas para hacer lo propio con las materias no instrumentales, a fin de que se especialicen. Mientras, se incrementa la carga lectiva en todas las etapas de las asignaturas instrumentales --Matemáticas, Lengua e Inglés--.

En cuanto a la FP, prevé la creación de una Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), dirigidos a alumnos de 15 años. Además, introduce asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y facilita el paso hacia la FP de grado superior.

UNA LEY DE 400 MILLONES DE EUROS

Sobre la memoria económica, si bien Wert dijo al presentar el anteproyecto que tendría un coste "nulo" de implementación y para su consolidación se necesitarían unos 300 millones de euros, en enero de este año concretó que el Estado asumiría costes directos por importe de 408 millones de euros --23 millones el primer año; 130, en el segundo; y 255, en el tercero--.

Las comunidades, según dijo entonces, asumirán los gastos de consolidación, que variarán en función del "éxito" en términos de abandono escolar de la reforma. Tanto el Consejo Escolar como el Consejo de Estado advirtieron de la necesidad de dotar de medios suficientes a ley.