La Ley Eurovegas: González se lo pone fácil a Adelson

El Gobierno de Ignacio González ha metido en el Proyecto de Ley 6/2012, de Medidas Fiscales y Administrativas, que es una especie de cajón de sastre donde entran, a última hora, todos los temas urgentes, la creación de los llamados Centros Integrados de Desarrollo (CID), que junto a la modificación de las normas que regulan el juego, parece hecho a la medida para favorecer la instalación del complejo de Casinos y Ocio que quiere montar en Madrid el magnate norteamericano de Las Vegas, Sheldon Adelson.

En el Título IV, se comienza por modificar la Ley 9/1995, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, “con la finalidad de impulsar la utilización de los Proyectos de Alcance Regional, como medida activa para el fomento del crecimiento económico y creación de empleo en la región”. A tal efecto -dice el preambulo de la nueva Ley- se modifican algunos aspectos de la regulación general de los Proyectos de Alcance Regional que permitan flexibilizar su desarrollo y se regulan, como una nueva categoría, los Centros Integrados de Desarrollo, para complejos de promoción privada de dimensiones considerables, que tengan por objeto la prestación integrada de actividades de muy diverso signo (industriales, turísticas, de convenciones y congresos, de ocio, juego, culturales, comerciales, sanitarios) o cualquier otro uso, y cuya especial configuración determina la aplicación a éstos de especialidades en el procedimiento para su elaboración, aprobación y efectos.

La concepción tradicional del juego -continua la norma que quiere aprobar el Gobierno de González- se ve así superada por la configuración física y operativa propia de los casinos de juego presentes en estos Centros Integrados de Desarrollo, lo que plantea situaciones y nuevos escenarios no contemplados por la normativa general vigente en materia de juego. Este escenario, en opinión de los responsables madrileños, requiere un nuevo marco regulador que ofrezca seguridad jurídica a los operadores de los Centros Integrados de Desarrollo, a las empresas que desarrollen las actividades de juego presentes en tales Centros así como, a los jugadores y participantes en tales actividades.

Todo ello -finaliza esta declaración de intenciones-, sin menoscabo de la protección del orden público y la lucha contra el fraude. Por estas razones -dice la nueva Ley- combinando elementos de regulación propios y conocidos del sector del juego, con nuevas herramientas de flexibilización en torno a la práctica, comercialización y organización de la actividad del juego desarrollada en tales centros, se prevé un régimen jurídico del juego específico, adaptado a las características propias de los Centros Integrados de Desarrollo y del turismo que promueven.