UPyD estudia ir al TC ante la negativa de la Mesa de la Asamblea a debatir sobre Caja Madrid

El Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid está estudiando presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) ante a negativa de la Mesa de la Asamblea de Madrid a que se debata en el Parlamento regional sobre la situación de Caja Madrid.

En rueda de prensa en la Asamblea de Madrid, el portavoz adjunto del Grupo de UPyD Ramón Marcos ha afirmado que su intención es acudir al TC para que "revoque las decisiones de la Mesa" como la negativa a celebrar una comisión de investigación o a tramitar una interpelación para investigar lo sucedido en Caja Madrid momentos antes de su integración en Bankia.

Y es que en opinión de Marcos, las responsabilidades por lo sucedido en Caja Madrid "se acabarán dirimiendo" aunque sea "en dos o tres años" a pesar de la "decisión arbitraria" de la Mesa de no tramitar sus peticiones, entre las que se encuentran la petición de celebración de una comisión de investigación, de una proposición no de ley (PNL) o de un pleno monográfico.

"CIRCO MEDIÁTICO"

"Estamos dispuestos a llegar hasta el final y que se debata", ha sostenido y ha negado que sea para establecer "un circo mediático" como les achaca el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Iñigo Henríquez de Luna. "Parece mentira que pedir un debate en la Asamblea de Madrid se trate de un circo mediático", ha criticado".

En este sentido, el portavoz del Grupo Popular ha considerado que lo que realmente quiere saber UPyD es lo que ha pasado con Bankia y "utiliza Caja Madrid cuando le interesa".

Henríquez de Luna ha insistido en que Bankia está compuesta por entidades financieras de varias comunidades autónomas, por lo que la competencia para esclarecer lo sucedido no reside en la Asamblea de Madrid, si no que es una "competencia de carácter global" y se tiene que residenciar en el Congreso de los Diputados. Además, ha apuntado que los órganos competentes en el caso de Bankia son el Banco de España y en el Ministerio de Economía.

Por eso, ha opinado que lo que está haciendo la formación magenta es "un circo mediático", que no sirve para "nada" y ha señalado que el PP apoyará esa transparencia en el momento en que no perjudique al sistema financiero.

"ESTIRAR EL CHICLE"

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE José Quintana ha destacado que ellos han respaldado a UPyD en la petición de reconsideración de la interpelación sobre Caja Madrid en la Junta de Portavoces, pero no se ha referido al recurso ante el TC.

El que sí lo ha hecho ha sido el portavoz de IU en la Cámara de Vallecas Gregorio Gordo, que ha señalado que apuestan por la transparencia, pero ha apuntado que "otra cosa es que grupos parlamentarios quieran estirar el chicle hasta límites insospechados".

Recordemos que la Comisión Europea ha aprobado temporalmente el plan de rescate de Bankia y su matriz BFA -que incluye la conversión en capital de los 4.400 millones de participaciones preferentes que posee el Estado y una garantía de liquidez por valor de 19.000 millones de euros- y ha reclamado un plan de reestructuración "profunda" de la entidad en el plazo de 6 meses.

La ayuda aprobada no incluye la inyección de capital de 19.000 millones reclamada por el nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que está siendo examinada por las autoridades españolas, según ha dicho el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

"No hay duda de que el beneficiario necesita llevar a cabo una profunda reestructuración", ha señalado el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia".

"La conversión de preferentes en capital simplificará la estructura de propiedad de BFA, que pasará a ser plenamente controlada por el Estado, y ello hará que las necesarias decisiones de reestructuración sean más fáciles de adoptar", ha indicado Almunia.

Según Bruselas, España se ha comprometido a presentar un periodo de reestructuración en el plazo de seis meses y a no pagar dividendos o cupones al capital híbrido a menos que sea obligatorio jurídicamente.

Con estas garantías, la Comisión ha aprobado las medidas durante seis meses. El plan de reestructuración, según Bruselas, deberá contener "medidas adecuadas para limitar la ayuda pública y sus efectos de distorsión al mínimo". La Comisión adoptará una decisión final cuando examine el plan de reestructuración.