El Congreso abre la puerta a privatizar Telemadrid

La reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que abre la puerta a la privatización de las televisiones públicas autonómicas, como Telemadrid, se remitirá este jueves, 7 de junio, al Senado, tras su previsible aprobación en la Comisión de Industria del Congreso, que cuenta con competencia legislativa plena.

La Comisión de Industria del Congreso debatirá y votará las 90 enmiendas parciales presentadas a la reforma de Ley General de Comunicación Audiovisual: 11 de ERC, 46 de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), dos de UPyD, cinco de PNV, cinco de BNG, tres del PP, 16 del PSOE y dos de CiU.

Concretamente, el PP ha presentado una enmienda destinada a permitir que tanto las televisiones como las radios públicas puedan alcanzar acuerdos tanto entre sí como con RTVE "con el objetivo de mejorar la eficiencia de su actividad". En el proyecto de ley presentado por el Gobierno se preveía esta posibilidad para las televisiones, pero no para las radios.

Asimismo, el PP ha registrado dos enmiendas para asegurar que las cadenas de televisión, en abierto o de pago, posibilitan el control parental para aquellos contenidos que pueden ser perjudiciales para los menores. La Ley Audiovisual ya incluía artículos destinados a este fin, aunque las enmiendas presentadas por el PP pretenden "reforzar" esa protección.

Por su parte, CiU ha registrado dos enmiendas parciales al proyecto de Ley para suprimir o modificar la obligación de que las televisiones autonómicas tengan un límite máximo de gasto. Ambos textos, a los que ha tenido acceso Europa Press, hacen referencia al apartado del proyecto de Ley que se refiere al cumplimiento de la Ley presupuestaria.

La primera pide la supresión de todo el apartado por considerarlo una invasión de competencias en materia de autonomía financiera y medios de comunicación. "Corresponde a las comunidades autónomas, de acuerdo con la autonomía financiera que ostenta en el desarrollo y ejecución de sus competencias, fijar y regular, dentro de los límites déficit público permitido, la organización y el sistema de financiación de su servicio público de televisión", añade.

La segunda enmienda propone una modificación del mismo apartado para establecer que los prestadores de titularidad pública del servicio público estarán obligados a no tomar ninguna iniciativa que comporte el crecimiento del gasto presupuestario, pero en caso de que no se disponga al mismo tiempo de los recursos adicionales necesarios.

AL MENOS UN CANAL PÚBLICO

Por su parte, el PSOE ha presentado una enmienda en la que exige que al menos un canal de las comunidades autónomas sea de titularidad pública, para que "en ningún caso" todos los canales puedan ser explotados por gestores privados.

A su entender, atribuir todos los canales a empresas privadas para su explotación en régimen de licencia, dado la duración, renovación y extinción de las licencias, "equivale a impedir una futura decisión sobre creación" de una televisión pública autonómica.

Además, incluye en otra enmienda la posibilidad de que las cadenas puedan presentar al órgano competente de la comunidad autónoma una solicitud de aportación extraordinario para cubrir el déficit o un incremento de ingresos para los dos ejercicios siguientes "como máximo igual a la pérdida o el déficit generado".

Mientras, ERC ha presentado un conjunto de enmiendas en las que propone dar más presencia a las obras de lenguas oficiales distintas al castellano en las cadenas de televisión.

Así, en una de las enmiendas plantea la inclusión de una obligación para que los canales privados o públicos que emitan en comunidades autónomas con lengua o lenguas oficiales propias distintas del castellano garanticen que, "al menos el 50 por ciento del tiempo de emisión anual de cada canal o conjunto de canales distribuido en dichas comunidades se emita en la lengua, o lenguas, respectivas".

QUE EL ESTADO GARANTICE EL SERVICIO PÚBLICO

Por su parte, el PNV ha presentado una iniciativa en la que propone que el Estado garantice la prestación del servicio público de comunicación audiovisual en aquellas comunidades autónomas que decidan prescindir de gestionar sus propios canales.

Concretamente, el grupo propone que la "obligación" que actualmente tiene el Estado de prestar un servicio público de comunicación audiovisual de cobertura estatal, con objeto de emitir en abierto canales generalistas o temáticos, se "extienda territorialmente a las comunidades autónomas cuando éstas no cuenten con un servicio público de comunicación audiovisual propio".

El Consejo de Ministros aprobó a finales de abril el proyecto de Ley que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio, y si desean prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada.