Condenada a nueve meses de prisión una ex concejala del PP de Las Rozas
Por un delito de falsedad documental en la adjudicación de la gestión de la ludoteca a una empresa de su sobrina.
jueves 02 de octubre de 2014, 12:47h
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a nueve meses de prisión a la que fuera concejal de PP en el Ayuntamiento de Las Rozas en 1996, Isabel Montero Caballero, por un delito de falsedad documental relacionado con la adjudicación de la gestión de la ludoteca por 24.000 euros a una empresa de su sobrina.
En una sentencia, la Sala condena a Montero y a Dolores Pérez, antigua educadora social, como autoras responsables de un delito de falsedad en documento público, con la atenuante de dilaciones indebidas. Así, la pena con nueve meses de prisión y seis meses de inhabilitación para ejercer como cargo público.
Además, los magistrados la absuelven del delito de uso de documento falso del que había sido acusada. Asimismo, deberá pagar una multa de un mes y 15 días con cuota diaria de seis euros.
Los magistrados basan la condena de la exedil en la versión de los testigos al estimar que son "concluyentes al declarar como es Isabel quien da la orden de confeccionar tales documentos".
En la vista, la exedil acusó a la exdirectora de la Concejalía de Servicios Sociales Mar Palacios Pérez del delito de falsedad documental por encargar un informe falso que favorecía la adjudicación de una ludoteca a una sobrina.
Por su parte, la ex directora aseguró ante el tribunal que se negó a hacer los informes porque "no eran ciertos" y tenían la fecha cambiada, negando la acusación.
HECHOS PROBADOS
Según la resolución, Dololes encargó a la educadora social en su condición de concejal que confeccionara un informe y una nota de régimen interior desfavorable a la actuación de la empresa que en el año de 1996 resultó adjudicataria del servicio de ludoteca del Ayuntamiento de Las Rozas.
Con dicho informe, pretendieron justificar la propuesta realizada por Isabel, en marzo de 1997, para la adjudicación de este servicio a favor de un grupo integrado por la sobrina de la acusada. Estos hechos ya fueron juzgados por tráfico de influencias.
Para ello, las acusadas fecharon el informe en diciembre de 1996 y la nota en febrero de 2002 cuando realmente se había realizado posteriormente, por lo que no figuraba en el expediente administrativo de 1997.
