CCOO denuncia por lo penal a dos altos cargos de la Consejería de Educación

La denuncia contra los directores de área territorial Madrid Oeste, José Macías, y Madrid Norte, Enrique Ramos, está motivada, según la denuncia presentada por CC.OO, en la posible actuación delictiva de ambos altos cargos al adoptar resoluciones, a sabiendas no ajustadas a derecho, que suponen graves perjuicios para algunos profesores destinados en centros educativos públicos de esas áreas territoriales. Los profesores castigados lo son, como se fundamenta en la denuncia presentada, por haber osado ejercer su derecho constitucional a opinar y por haberse comportado éticamente de forma ejemplar, declarando públicamente la verdad sobre su situación laboral: que estaban haciéndose cargo de asignaturas de las que no eran especialistas y que la propia administración reconoce que no son afines a las materias en las que esos profesores son titulados. Los profesores, ahora, represaliados informaron en distintos periódicos y medios de comunicación audiovisuales que estaban impartiendo asignaturas de las que no eran especialistas. Los dos directores de área, en vez de reconocer y corregir esa situación perjudicial para el alumnado, amenazaron a los profesores, advirtiéndoles, verbalmente y en conversaciones personales, de las consecuencias negativas a las que se exponían, si no rectificaban sus declaraciones. Es decir, estos altos cargos de confianza, nombrados por la consejera Lucía Figar, desautorizaban a esos profesores, les exigían mentir y los chantajeaban, ya que les recomendaban aceptar la caprichosa e improcedente sanción que les imponían: trasladarse del centro en el que estaban trabajando a otro centro. Los profesores finalmente trasladados a otro centro u obligados a compartir dos centros -al que habían sido adscritos en principio y uno nuevo, al que estos dos altos cargos los destinan tras sus declaraciones-, cumplen con la injusta e improcedente sanción, pero no aceptan el chantaje y por eso mantienen su denuncia pública de la arbitraria decisión de la Administración y presentan a través de los servicios jurídicos de CCOO la denuncia penal correspondiente por prevaricación y abuso de autoridad. Para CCOO estos hechos y acciones son propios de otros tiempos no democráticos, inadmisibles en el actual estado de derecho, por lo que pedimos el pronunciamiento judicial correspondiente, ya que nos encontramos ante una actuación que puede ser constitutiva de delito especial propio, que sólo pueden cometer aquellas personas en quienes concurra una determinada condición que aquí tiene un doble contenido: 1.- Cualidad de funcionario público que abarca también a las autoridades a quienes a estos efectos se les considera funcionarios. Que el funcionario, por el cargo que desempeña, ha de tener competencia para resolver asuntos administrativos. 2.- Dicho funcionario ha de dictar una resolución injusta en un asunto administrativo. 3.- El funcionario, al resolver injustamente, ha de obrar “a sabiendas”, es decir, con conocimiento de la injusticia de lo resuelto.