PSM cree que Aguirre "tiene que hacerse mirar quién le rodea" al surgir "día sí y otro también presuntas corrupciones"

La portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, ha asegurado que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "tiene que hacerse mirar de quién se rodea" porque "un día sí y otro también" aparecen "casos de presuntas corrupciones". En declaraciones en los pasillos de la Asamblea de Madrid, Menéndez se ha referido a la imputación del alcalde de Arroyomolinos "por un delito de malversación", cuestión sobre la que ha dicho estar "esperando a que Aguirre diga algo y exija alguna responsabilidad". "Ella, que es la presidenta del Gobierno de todos los madrileños y está rodeada permanentemente de presuntos casos de corrupción, sólo lanza cortinas de humo de manera bastante vergonzosa", ha dicho aludiendo también a la presunta "implicación" del consejero de Economía, Percival Manglano, en Gürtel por "haber recibido regalos del señor Correa". Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, se ha remitido a las "declaraciones" que supone que "hará el alcalde" de Arroyomolinos y ha señalado que "estar imputado en diligencias previas no significa que seas culpable". "Yo quiero recordar que hace tiempo sufrí una situación similar. Estar imputado en diligencias previas no significa que seas culpable. Yo en aquel momento presté declaración e informé a los medios de todo lo que afectaba a este caso y lo lógico es que el alcalde lo haga. Nosotros en este tema ni tenemos información ni nada más que decir", ha dicho en la Cámara de Vallecas. La denuncia interpuesta por el PSOE que ha motivado la imputación del alcalde de Arroyomolinos, Juan Velarde (PP), por una presunta malversación de fondos y adjudicación irregular de obras entre 2004 y 2007 por un montante de 44 millones de euros pide que se investiguen las adjudicaciones de obras que se realizaron mediante encomiendas a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMUVISA) y que se realizaron en algunos casos sin "conocimiento" de Intervención o con "fraude de ley" según los informes de Secretaría. Así, los socialistas piden al juzgado que se investiguen los procesos por los que se construyó la Casa Cuartel de la Guardia Civil (por 12 millones de euros), la escuela de música (26 millones), las obras en el recinto ferial (2,4 millones) o el complejo deportivo 'Los Mosquitos' (3,6 millones). Además, la denuncia, de unos 1.500 folios, reclama al juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero que se indague en las adjudicaciones de los bajos del centro Polifuncional, en la construcción de un vivero de empresas (339.297 euros) y en un edificio en la calle Potro (1,3 millones), así como en la instalación de paneles solares en la piscina del polideportivo municipal (146.476 euros), el ajardinamiento de 'Las Castañedas' (1,9 millones) o la reordenación de huertos familiares (103.767 euros). Estos son las principales obras que, según el secretario general de la Agrupación Socialista local, Juan Carlos García, figuran en la ampliación de la denuncia que hizo el PSOE en mayo de 2007 y que ratificó en septiembre de 2010. El PSOE ha asegurado que, en este decálogo de adjudicaciones de 2004, figura un abono del Ayuntamiento por importe de 52.000 euros a la "empresa personal" del ex secretario de Organización del PP y actual concejal 'popular' de Seguridad, José Vallejo. Según el portavoz de los socialistas, la adjudicación carecería de contrato y contaría, además, con un informe desfavorable de Intervención. Para los socialistas, en estas adjudicaciones "no se siguió el procedimiento administrativo habitual" por lo que, a su entender, "existen fuertes indicios de comisión de un posible delito de prevaricación". En este sentido, según Juan Carlos García, las adjudicaciones se realizaron mediante "encomiendas de gestión a la Empresa Municipal de la Vivienda" (EMUVISA) y contaron con "informes desfavorables de Intervención y Secretaría". De hecho, la documentación aportada por los socialistas revelaría la existencia de un informe de la Secretaría general del Ayuntamiento que, en 2004, calificó las encomiendas como "fraude de ley y huida del derecho administrativo", según García. En la ratificación, los denunciantes aseguraron que el Ayuntamiento arroyomolinense no mantuvo un "control análogo" sobre la EMUVISA y consideraron que "en muchos de los casos" las encomiendas se realizaron sin que Intervención tuviese "conocimiento previo" para poder "realizar una fiscalización". Además, entre otras presuntas irregularidades se apunta al hecho de que algunas facturas de EMUVISA no estaban "conformadas por personal laboral" que mantuviese en aquel momento "relación laboral con el Ayuntamiento" o que, en el caso de la rehabilitación de 'El Torreón', se iniciaron obras "careciendo de los permisos necesarios", hecho éste que denunció el Grupo municipal ante la Dirección General de Patrimonio. DIMISIONES "INMEDIATAS" Por otro lado, el portavoz del 'Partido Independiente de Arroyomolinos' (PIArr) y exedil del PP, Francisco Ferrero, ha anunciado este jueves que pedirá en Pleno municipal la "dimisión inmediata" del alcalde y de los dos ediles de Gobierno imputados en la causa, Félix López (primer teniente de alcalde) y Ana Belén Millán (tercera teniente de Alcalde). Ferrero ha considerado que la providencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero citando a declarar al regidor y a sus dos ediles el próximo 14 de diciembre --así como al exconcejal 'popular' Laureano Arrogante y al arquitecto municipal, Carlos García-- es "bastante grave". En este sentido, ha apuntado que su Grupo "dará todos los pasos necesarios para que se solucione" la situación "de una manera u otra", y no ha descartado "una moción de censura o cuestión de confianza" si el Gobierno municipal no atiende a las reivindicaciones de dimisión de los independientes. Ferrero ha recordado que, en septiembre de 2010, ya trasladó a los responsables del PP de la zona su "descontento" por el hecho de que "la justicia" estuviese "investigando la situación" en el municipio, motivo que le llevó a presentar su renuncia "de manera irrevocable" en las filas del PP y pasar a formar parte del "grupo de concejales no adscritos". Durante el Pleno en que justificó su dimisión, Ferrero le recordó al alcalde la imposibilidad de "estar en el mismo partido". "Mi condición de demócrata no me permite estar al lado de aquellos que se encuentran bajo sospecha judicial", esgrimió el exedil 'popular'.