El tijeretazo educativo de Esperanza Aguirre es tan sólo la punta de un iceberg que navega sin rumbo y cuyas consecuencias son todavía difíciles de prever. De lo que no hay duda es de que lejos van quedando aquellos días de abundancia en los que los gobiernos regionales, también los municipales, regaban con subvenciones las necesidades ciudadanas, incluso aquellas cuya finalidad no pasaba de la categoría lúdico-festiva, como ha sido el caso de las casas regionales, cuidadas con tanto mimo por los políticos de turno al considerarlas auténticos caladeros de votos.
De aquellos excesos de la abundancia, hoy ayuntamientos y comunidades se encuentran desnortadas ante una época de vacas flacas que amenaza con dar al traste incluso con esas actuaciones que hasta hoy garantizaban salida social a los estamentos más débiles de la población.
Los programas de formación y empleo, antaño un auténtico mana que permitió a algunos hacer caja (el “caso Imefe” está ahí para demostrarlo), hoy la administración los gibariza y aplaza su puesta en marcha, con el fin de ganar tiempo y, en un ejercicio de prestidijitación, justificar dos ejercicios lectivos en uno.
Puede también aventurarse el fin de los municipios de cuidadas zonas verdes y calles resplandecientes, así como el de colegios impolutos y centros deportivos y culturales a pleno rendimiento. Es ya un hecho que más de un responsable local intenta bandear el temporal del impago a las empresas que prestan estos servicios- en más de una localidad los trabajadores están en huelgareduciendo sus contratos.
Eso por no hablar de los temidos recibos de la luz- los ayuntamientos tiemblan con que les corten el suministro de calles y dotaciones municipales- o los problemas de mantenimiento y personal que comienzan a hacerse patentes en servicios sanitarios o de bomberos, por poner sólo algún ejemplo.
Las administraciones, lo digan o no, se han convertido en una suerte de Eduardo Manostijeras que poda todo aquello que ha alimentado y cuidado en los últimos treinta años. El paganini, como no podía ser de otra forma, el ciudadano de a pié condenado a apretarse el cinturón hasta la extenuación en los próximos años, ante unos políticos que, como siempre, saben nadar y guardar su ropa. Como muestra de ello valga el botón del Ayuntamiento de Parla, acuciado por las deudas hasta el punto de ser embargado por la Justicia ( en firme o no) por una deuda de cuatro millones de euros.
Uno de los parches que el equipo de gobierno parleño ha puesto para aliviar su asfixiante situación económica ha sido poner en la calle a casi doscientos trabajadores municipales y, sorpresa, reducir tan sólo en un cinco por ciento los cargos de confianza y los salarios de los cargos públicos.
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