El fiscal pide al TC que no legalice a Sortu porque no ha roto con ETA

La Fiscalía ha presentado ante el Tribunal Constitucional un escrito en el que, al igual que hizo la Abogacía del Estado el pasado lunes, solicita a este órgano que no legalice a la formación abertzale Sortu porque no hay "certeza" de que haya roto con ETA, cuya existencia "supone un riesgo cierto, real y grave para la sociedad española". En este documento, el Ministerio Público se posiciona en contra de la estimación de la demanda de amparo que fue presentada por la defensa de Sortu contra la decisión del Tribunal Supremo de prohibir la inscripción de esta formación en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. "Se trata de evitar el riesgo que para el Estado Democrático representa la participación política, a través de una nueva formación de aquellos que, siendo Batasuna, dicen haber roto con los postulados y métodos de la banda terrorista ETA sin que su conducta y actividades evidencien la certeza de aquella ruptura", afirma el Ministerio Público en su escrito, que ocupa 198 páginas. VÍCTIMAS Y PETICIÓN DE DISOLUCIÓN Añade la Fiscalia que las declaraciones formales de condena de la violencia y el uso de métodos democráticos para la defensa de los intereses que Sortu dice representar, y que incluye en sus Estatutos, no pueden considerarse "suficientes". Así, considera razonable que la sociedad que ha sufrido la violencia etarra "exija un reconocimiento incuestionable de las víctimas del terrorismo de la banda ETA y una petición clara e indubitada de quien durante cincuenta años ha venido utilizando el terror para la defensa de unas ideas" que según la Fiscalía "se podrán compartir o no", pero son defendibles "siempre que sean respetados los derechos y libertades fundamentales". Una vez presentadas las alegaciones, queda saber si el Tribunal Constitucional abordará este asunto con tiempo suficiente para que, de estimarse el recurso, Sortu pudiera concurrir a los comicios del próximo 20 de noviembre, si bien hay que tener en cuenta que el plazo hasta el momento en el que deben ser proclamadas las candidaturas es muy corto. El fiscal ante el TC , además de insistir en los argumentos que presentó ante el Tribunal Supremo para instar la no inscripción de Sortu en el Registro de Partidos, recalca en su escrito que ETA no ha desaparecido, "se ha limitado a declarar un alto el fuego permanente y verificable". Sobre el alto el fuego, argumenta que la banda lo proclamó "para favorecer la actuación política de la Izquierda Abertzale y crear un clima político que favorezca la legalización", evitando así "posibles declaraciones de condena y, por tanto, difíciles compromisos para la izquierda abertzale frente a la violencia de la banda terrorista". "PASIVIDAD ARMADA" Además, del estudio de los documentos en los que se basó el Supremo para dictar el auto que prohibió la inscripción, la Fiscalía concluye que la banda terrorista ETA propicia con su "pasividad armada" la operación de legalización en cuanto a que "está dispuesta a adecuar sus acciones al proceso político de la Izquierda Abertzale a la que se le otorga el protagonismo de transformación política de la situación para la autodeterminación y la reunificación de Euskal Herria". En todo caso, respecto al distanciamiento de la violencia, la Fiscalía señala que es " una táctica instrumental" y se utiliza un vocabulario "eufemista", en el que se emplean "circunloquios o paralelismos con la actuación legítima de las fuerzas de seguridad". Concluye que no puede ignorarse que es la propia ETA la que señala cómo debe realizarse el rechazo de los actos de terrorismo. La Fiscalía insiste, en coincidencia con lo señalado en su día por el Supremo, que ETA diseñó en 2009 una estrategia, que en sus aspectos nucleares sólo debía ser conocida por la propia organización terrorista y la dirección de su brazo político, "para superar su estado de debilidad y tomar parte activa en la vida política y constitucional", un objetivo que viene intentando desde que Batasuna fue ilegalizada en marzo de 2003. Por lo que respecta a los Servicios Jurídicos del Estado, el pasado lunes presentaron un escrito de 25 páginas en el que se defendía que "mientras ETA no desaparezca definitivamente, la Izquierda Abertzale (...) no puede pretender colocarse en el plano de la normalidad política de los demás partidos" si no se desvincula de la organización "sin ofrecer ningún atisbo de duda, mediante un rechazo expreso de la violencia etarra y una petición de disolución de la banda terrorista". El recurso de Sortu ante el tribunal de garantías fue presentado el pasado 18 de mayo por el abogado de la formación, Iñigo Iruín, quien en dicha ocasión se mostró confiado en que la demanda pueda prosperar al asentarse en el "bagaje jurídico sólido" que se contiene tanto en el voto particular que suscribieron siete magistrados contra la decisión de la mayoría de vetar a Sortu como en argumentos de la sentencia del propio TC respecto de la coalición Bildu.