Gallardón inicia acciones judiciales para recurrir la liquidación del presupuesto del Estado de 2008

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha acordado este jueves iniciar acciones judiciales "en defensa de los intereses" de la capital para recurrir la liquidación del Presupuesto General del Estado (PGE) del año 2008, según ha confirmado el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, en rueda de prensa.

Así, el Consistorio recurre la resolución del 20 de julio del director general de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales que acordaba la liquidación de las cuentas del año 2008 derivadas del sistema de financiación local correspondiente al municipio de Madrid.

Esta liquidación supone que la capital deberá ingresar al Estado 128 millones en los próximos cinco años, es decir, 25,6 millones por ejercicio, una cifra que se eleva hasta los 1.515 millones al sumar todas las corporaciones locales de España.

En concreto, al Ayuntamiento de Madrid se le reclaman 117 millones por el Fondo Complementario de Financiación --una transferencia incondicionada del Estado a las entidades locales-- y otros 11 millones por la cesta de tributos, consistente en la participación de las corporaciones locales en los tributos estatales (IRPF, IVA e impuestos especiales).

Esta situación se debe a que las previsiones del Ejecutivo central para el año 2008 superaron la ejecución final del presupuesto, por lo que el dinero que se adelantó a los ayuntamientos era más del que finalmente les habría correspondido, por lo que ahora se les reclama la diferencia.

Sin embargo, de prosperar el recurso, el Consistorio madrileño pasaría de adeudar 128 millones de euros a reclamar 178 millones de euros al Estado, por lo que las arcas recibirían una inyección de al menos 48 millones, cifra que se elevaría hasta los 543 millones si todos los ayuntamientos presentaran recursos similares y fueran atendidos.

LEALTAD Y SUFICIENCIA

Según explicó el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, el pasado mes de septiembre, este recurso se basará en el principio de lealtad institucional y en el derecho de suficiencia financiera de las haciendas locales, reconocido por la Constitución española.

Así, el Ejecutivo local alegará que las ayudas aprobadas por el Gobierno de la Nación, como el 'cheque bebé' o la deducción de 400 euros, se han realizado vía IRPF en vez de vía gasto, por lo que suponen una merma directa de la financiación de las corporaciones locales, cuyos interese públicos no han sido tenidos en cuenta.

Y es que, según el Ayuntamiento, el Estado debería haber descontado el efecto de sus propias decisiones fiscales a la hora de calcular la liquidación presupuestaria; al no hacerlo, parte de los beneficios fiscales los financian los ayuntamientos, que no tienen capacidad de decisión y no reciben ninguna compensación, según señala el Gobierno madrileño.

Así, el Estado incumple la lealtad institucional hacia el Ayuntamiento, un derecho no establecido en la Ley de Haciendas locales pero que existe como regla general de relación entre las diferentes administraciones públicas y que obliga a tener en cuenta la totalidad de los intereses públicos implicados y, en especial, aquéllos cuya gestión está encomendada a las haciendas locales, según señaló Cobo hace unos meses.

Con respecto al principio de suficiencia financiera, el Ayuntamiento considera que el articulo 142 de la Constitución y diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) señalan que el Estado debe garantizar a la hacienda local los recursos suficientes para el desempeño de sus funciones.