La nueva ordenanza para la Sociedad de la Información lista para su aprobación en el Pleno

La nueva ordenanza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de las Tecnologías relacionadas de Madrid quedó hoy lista para su aprobación definitiva en el Pleno municipal de este mes, tras pasar el trámite de la comisión ordinaria de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, donde fue aprobada con el apoyo del PP y las abstenciones de IU y PSOE, que manifestaron no obstante su satisfacción por la colaboración de la oposición en su tramitación.

Pese a que el Ejecutivo local no admitió todas las enmiendas presentadas --diez por parte de IU y cinco por parte del PSOE--, sí negoció propuestas transaccionales a algunas de ellas, con el objetivo de lograr el máximo consenso, también con los vecinos y el resto de actores implicados, según afirmó el delegado del área, Miguel Ángel Villanueva.

El concejal justificó la necesidad de esta nueva legislación indicando que el 36 por ciento de los trabajadores del sector TIC y el 61 por ciento del de las telecomunicaciones operan desde Madrid, lo mismo que el 61 por ciento de las empresas de este tipo. "Por eso hacía falta un impulso especial de las administraciones públicas", apostilló.

Así, el nuevo texto "integra en un único articulado las condiciones urbanísticas de instalación de infraestructuras de la información para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y los servicios a las empresas".

En concreto, en esta norma se "ordenan y trasladan las legislaciones estatales e internacionales más exigentes en la materia", conservando los "aspectos técnicos positivos" de la actual ordenanza. Además, se añaden algunos elementos para proteger a las comunidades de vecinos a la hora de que se instalen antenas en su dominio privado, y también se incorporan mecanismos de control de las infraestructuras y de protección de los ciudadanos en materias de salud, medio ambiente y urbanismo.

Para ello, ordena las condiciones de contratación de las comunidades de vecinos en el ámbito de la instalación de antenas, estableciendo, por ejemplo, límites a la modificación unilateral por parte de las operadoras de las condiciones contractuales inicialmente acordadas.

Por otra parte, se establecen diferentes criterios acerca de cómo desplegar este tipo de infraestructuras, añadiendo "elementos de ordenación paisajística y de patrimonio histórico sin añadir trabas burocráticas" para evitar que se hagan cableados por las fachadas y llevándolos por el dominio público, obligando a incorporar este tipo de canalizaciones en los nuevos desarrollos urbanísticos para evitar las zanjas a los pocos años de haber sido urbanizados.

Asimismo, se destaca el papel de las administraciones públicas a la hora de promover el hogar digital en las viviendas públicas, se refuerza el cumplimiento de la normativa estatal en materia de infraestructuras de telecomunicación para nuevas viviendas y rehabilitaciones integrales de viviendas, se fomenta el uso del software libre y gratuito para mejorar el acceso a la sociedad de la información y a la administración electrónica, y se vela por la seguridad de los menores con "un mayor control de los contenidos sexistas, xenófobos y violentos".

"Buscamos facilitar el despliegue de las redes que permiten que Madrid sea una ciudad puntera en la implantación de la sociedad de la información y garantizar la seguridad de los madrileños. Creo que es posible hacerlo", zanjó Villanueva.

Aunque tanto el PSOE como el IU manifestó su agradecimiento por la colaboración en la redacción de la norma, el portavoz de la coalición de izquierdas en la comisión, Ángel Lara, pidió que "se garantice la mayor protección de la salud" y lamentó que no se haya aprobado una enmienda en la que se pedía la creación de una red de control de las emisiones similar a otras redes, como la de contaminación atmosférica, que según defendió Villanueva ya es competencia del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Por su parte, la portavoz socialista, Isabel Vilallonga, propuso que se desarrolle una nueva ordenanza reguladora de la Administración electrónica en el Ayuntamiento, e insistió en que se siga buscando "un justo equilibrio entre el desarrollo de una tecnología esencial para la economía y la garantía de los derechos de los ciudadanos".