El Grupo Parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid criticó hoy el "veto" del PP a su solicitud de que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, explique en la Asamblea la situación actual de los presuntos casos de espionaje a políticos de la región después de que un informe caligráfico apuntara que la letra de un funcionario de la Comunidad coincide con la de los partes de seguimiento al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el ex consejero Alfredo Prada.
En declaraciones en la Asamblea de Madrid, la portavoz socialista, Maru Menéndez, criticó que a pesar de que la Mesa de la Cámara dio el visto bueno a la petición socialista, el PP en la Junta de Portavoces se ha negado a la comparecencia de Granados. Por su parte, el portavoz del PP, David Pérez, afirmó que es un tema que está siendo investigado por la justicia, que es "donde se tiene que esclarecer", y señaló que ya se ha analizado en repetidas ocasiones, con más de 40 iniciativas y una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
La portavoz socialista criticó que el PP utilice la Junta de Portavoces para "vetar iniciativas calificadas por la Mesa" y más cuando hay "nuevos hechos" que apuntan a que "se ha cometido espionaje y que están implicados miembros de la Consejería de Interior".
Menéndez, que criticó que el PP ha apelado al argumento "de la mayoría de sus votos", indicó que no entienden como el Gobierno regional, que "trata de hablar de transparecencia, no es el primer interesado en dar las explicaciones oportunas en sede parlamentaria".
Así, criticó la "falta absoluta de transparencia cuando deberían ser el consejero Granados y la presidenta Esperanza Aguirre los principales interesados en dar explicaciones" en la Cámara. Asimismo, apuntó que no han asumido "ninguna responsabilidad" hasta la fecha.
El portavoz de IU, Gregorio Gordo, también se refirió a los hechos a pesar de no ser su grupo el impulsor de la iniciativa y dijo que IU "no es neutral", sino que está a favor de que la iniciativa del PSOE se introduzca en el próximo pleno parlamentario porque la iniciativa "se ajusta perfectamente al Reglamento de la Asamblea". En su opinión, la mayoría del PP ha hecho "uso y abuso" de los vosotros que consiguió en las elecciones y "han vetado la comparecencia".
Mientras, en el lado opuesto, el portavoz del PP, David Pérez, afirmó que la forma de hacer política del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid le produce "vergüenza". En su opinión, el PSOE está "sometiendo a una tensión innecesaria a la institución".
Pérez consideró una "vergüenza" que con 5 millones de parados el PSOE hable de espionaje, cuando ya ha habido una comisión de investigación, hay una investigación judicial en marcha y el tema se ha tratado "en repetidas ocasiones" en el Parlamento autonómico.
Respecto al caso de espionaje a políticos de Madrid, la jueza de los juzgados de Plaza de Castilla Carmen Valcarcel ha citado a declarar el próximo 15 de junio, en calidad de imputado, a José Manuel Pinto, empleado de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid.
En una providencia emitida el pasado 27 de mayo, la jueza explica que esta decisión proviene del conocimiento del informe pericial caligráfico sobre Pinto, que concluye que es el autor material de las anotaciones que aparecen en los partes de seguimiento realizados en abril de 2008 al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y al ex consejero Alfredo Prada.
La prueba pericial se practicó el pasado 28 de abril cuando Pinto acudió a los Juzgados a declarar en calidad de imputado por un delito de malversación de fondos públicos. Días antes, el agente autonómico solicitó a la juez Carmen Valcarcel someterse de forma voluntaria a la citada prueba.
La juez vuelve a llamar de nuevo a Pinto para que aclare su implicación en el delito que se le imputa, puesto que "el informe prueba que tenía conocimiento de los seguimientos". Al parecer, sus anotaciones aparecen en "tres papeles" de los partes de seguimiento.
Según fuentes fiscales, su letra coincide con diversas anotaciones. Una de ellas es la matrícula anotada del vehículo de la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores, una de las supuestas espiadas.
El pasado 28 de abril, Pinto reconoció que se montó un dispositivo de seguridad con anterioridad a 2008 en el domicilio de Prada, del que estaban informados tanto el ex consejero como sus escoltas.
PRUEBAS DE CARGO La investigación del caso podría finalizar en las próximas semanas. La juez deberá decidir si archiva la causa penal o da traslado a la Fiscalía de Madrid y a las partes personadas para que califiquen los hechos con la idea de sentar en el banquillo a los acusados.
Están imputados tres ex guardias civiles, el ex director de Seguridad de la Comunidad Sergio Gamón, y Manuel Pinto. Todos insisten en sus declaraciones que nunca se siguió a Cobo ni a Prada, ya que su función se limita a la de control de edificios y seguridad de actos oficiales.
La Fiscalía de Madrid cuenta con varias pruebas de cargo que podría sustentar su imputación. Una de ellas sería un informe sobre posicionamientos telefónicos que confirmaría que los tres ex guardias civiles siguieron en abril de 2008 a Cobo.
El escrito determina que los imputados estaban en los lugares donde se vigilaba a Cobo a la misma hora y fecha en la que se refleja en los partes de seguimiento, según apuntaron las mismas fuentes.
Otra de las pruebas sería el resultado de la prueba pericial practicada a Pinto, al confirmar su implicación en los seguimientos realizados a Cobo y Prada.
SEGUIMIENTOS A COBO Este procedimiento arrancó el pasado mayo, cuando la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por Cobo el 29 de febrero de 2009.
La 'mano derecha' de Alberto Ruiz-Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.
Los seguimientos en los que aparecen las notas manuscritas sobre matrículas corresponden a las contravigilancias realizadas sobre Prada en mayo de 2008 en Chinchón, donde tuvo una reunión con su equipo, y el 23 de mayo a Brea del Tajo
Por otra parte, los Grupos Parlamentarios de PSOE e IU en la Asamblea de Madrid tomarán medidas para esclarecer si la Comunidad de Madrid gastó 1.3 millones de euros en el acto de colocación de la primera piedra del Campus de la Justicia, y en concreto, el portavoz de IU, Gregorio Gordo, consideró que hay que hacer una auditoría de las cuentas de la Comunidad.
Según informa la Ser, un 1,38 millones de euros es lo que costó la ceremonia de colocación de la primera piedra del Campus de la Justicia, el 31 de enero de 2007, presidida por Esperanza Aguirre junto al su consejero de Justicia Alfredo Prada.
En declaraciones tras la Junta de portavoces de la Asamblea de Madrid, la portavoz socialista, Maru Menéndez, afirmó que van a pedir explicaciones a la Comunidad de cómo se ha podido gastar 1,3 millones de euros en un acto, un hecho que no le consta al portavoz del PP, David Pérez.
No obstante, Menéndez criticó el "despilfarro" del Ejecutivo regional, que "habla de austeridad y practica todo lo contrario" y afirmó que pedirán explicaciones a la Comunidad por este acto realizado en la "abandonada" ciudad de la Justicia, que va "en la línea" de otros actos que realiza la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
"Imaginamos que las piedras de después no han costado lo mismo", afirmó entre risas el portavoz de IU, Gregorio Gordo, que consideró que "las cuentas de la Comunidad están pidiendo a gritos ser auditadas". En su opinión, estos hechos son una "idea de cómo entiende la austeridad el Gobierno de Esperanza Aguirre" y de en qué términos hace política la Comunidad. "Es necesaria una auditoría de las cuentas de la comunidad", concluyó.
Por su parte el portavoz del PP, David Pérez, afirmó que esa cantidad "no consta en ningún sitio", pero no cuantificó cuál fue el coste de la inauguración. Pérez, afirmó que este acto se produjo cuando el diputado Alfredo Prada era consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre y por lo tanto, es a él "a quien hay que preguntarle por esos datos".