Ambas ciudades no firmarán contrato alguno con empresas con sede en Arizona
Jueves 02 de octubre de 2014
Los legisladores de San Francisco y Los Ángeles (California) aprobaron por abrumadora mayoría este jueves un boicot contra el estado de Arizona (sur de EEUU), que recientemente aprobó una ley para combatir la inmigración ilegal, que consideran discriminatoria.
La resolución del Concejo local de San Francisco, votada por 10-1, llama a que la ciudad evite firmar contrato alguno con empresas con sede en Arizona. Sin embargo, la declaración no es vinculante y no tiene capacidad de obligar a su cumplimiento.
También reclama que San Francisco evite enviar funcionarios locales y empleados públicos a conferencias en Arizona y estudiar la forma de no continuar con los contratos existentes con compañías que tengan sede en el estado del suroeste estadounidense.
En Los Ángeles, el consejo municipal adoptó por 13 votos contra 1 un boicot similar, congelando los desplazamientos por negocios a Arizona y pidiendo a los jefes de los servicios municipales no trabajar con empresas cuya sede está en Arizona cuando sea legalmente posible.
Según el controlador financiero de Los Ángeles, actualmente la ciudad tiene 15 contratos con empresas con sede en Arizona, por un total de 7,7 millones de dólares.
"Se trata de enviar un mensaje muy claro de que si un estado aprueba una ley tan atroz como esta, el pueblo de buena conciencia en otras partes del país tiene una obligación, una responsabilidad, de hablar fuerte y no quedarse callado", dijo el supervisor David Campos, quien auspició la medida en San Francisco.
La ley, llamada SB 1070, exige a la Policía local pedir documentos a quien sospeche puede estar indocumentado en el país, aunque no esté implicado en ninguna actividad ilegal.
Organizaciones civiles y laborales estadounidenses lanzaron también un boicot contra Arizona y exigieron una revisión del sistema migratorio.
Mientras, la amplia mayoría de los estadounidenses (73%) aprueba la ley, según un sondeo del Centro de Investigaciones Pew divulgado este miércoles. De las 994 personas consultadas por Pew entre el 6 y el 9 de mayo, el 73% se dijo a favor de que la Policía pueda exigir a alguien demostrar la legalidad de su estatuto migratorio, mientras que el 23% se opuso.
Además, el 67% de los encuestados aprueba que la Policía pueda detener a cualquier persona que no pueda justificar su estatuto migratorio, mientras que el 62% considera legítimos los controles policiales en base a la simple "duda razonable".
La ley en su conjunto recibió el visto bueno del 59% de los consultados, contra la condena del 32% de ellos.
Noticias relacionadas