El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha asegurado hoy que esta formación "en ningún momento se ha financiado de manera irregular" y ha afirmado que no tiene "ningún miedo ni ninguna preocupación" ante el levantamiento del secreto del sumario del "caso Gürtel"
Granados se ha referido así, a preguntas de los periodistas tras un acto en Tres Cantos, al levantamiento del secreto del sumario en el "caso Gürtel", del que según ha explicado aún no tenía datos, aunque el abogado de la formación sí había comenzado a acceder esta mañana sin problemas a los 50.000 folios del sumario sobre los que se ha levantado el secreto
Granados ha celebrado que "finalmente se levante el secreto del sumario" y se pueda acceder "a toda la información", y ha asegurado que no tiene "ningún miedo ni ninguna preocupación, sino todo lo contrario", ya que el PP de Madrid ha actuado siempre "de la manera más rápida y eficaz posible".
Ha afirmado que como secretario general del PP de Madrid puede asegurar que esta formación "en ningún momento se ha financiado de manera irregular, sino siempre de acuerdo con la ley".
Ha explicado que el PP de Madrid "desde el primer momento ha actuado con absoluta contundencia, incluso a riesgo de poder ser injusto con algunas personas", reaccionando "con contundencia, con rapidez y depurando inmediatamente las posibles o presuntas responsabilidades del caso".
"En este sentido el PP está satisfecho de cómo se ha actuado en Madrid", ha añadido, y ha incidido en que en la formación madrileña "financiación irregular no ha habido en ningún momento", al igual que cree que ocurre en el resto del partido, aunque ha precisado que a él sólo le compete lo que ocurre en Madrid.
Preguntado sobre casos concretos de corrupción, ha dicho que "parece evidente que sí hay actuaciones irregulares de personas concretas y que en consecuencia alguna de ellas se ha podido beneficiar o aprovechar de una posición determinada en el PP", y ha matizado que "de ahí a una financiación irregular o a una corrupción generalizada, desde luego nada que ver".
En cuanto a los problemas técnicos que han tenido esta mañana varios de los abogados personados en el "caso Gürtel" para poder acceder al sumario en la página web habilitada para ello, Granados ha dicho que no tenía "ninguna noticia" de esa incidencia, ya que esta mañana el abogado del PP había comenzado a acceder a los datos "con absoluta normalidad".
Ha añadido que "otra cuestión es que son 50.000 folios, es muchísima información, y cuesta mucho trabajo manejar esa documentación de una manera ágil", y ha apuntado que los fallos para acceder al sistema se podrían deber a que "todos los abogados han entrado a vez" en el mismo.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, ha afirmado que está completamente segura "de que la Justicia pondrá a cada uno en su sitio", y ha dicho que hay que esperar a que se conozca todo el sumario para hacer una valoración.
Valcarce ha dicho que uno de los objetivos fundamentales en política es "que la corrupción desaparezca", y ha afirmado que "detrás de los comportamientos ilícitos también hay responsabilidades políticas, y le corresponde a los partidos políticos, y en este caso al PP, tomar medias que pongan en evidencia que de verdad se comprometen a erradicar esta lacra".
"Los ciudadanos observan y quieren un compromiso claro contra la corrupción", ha añadido.
Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado y sobre las revelaciones del sumario del "caso Gürtel" en relación con el senador por Cantabria y ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, que en España no juzga la policía, "que depende del Gobierno", sino los jueces, por lo que hay que esperar.
La Policía no alberga dudas de que las anotaciones LB, L.Barc o "Luis el Cabrón" que aparecen en la "contabilidad B" de la trama que se investiga en el "caso Gürtel" corresponden al senador del PP por Cantabria Luis Bárcenas, que supuestamente recibió 1,3 millones de euros.
Así lo ponen de manifiesto las declaraciones prestadas en febrero y marzo del año pasado por el jefe de la sección segunda de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía y por un agente de este mismo Cuerpo, que figuran en la parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto, a la que ha tenido acceso Efe.
Aguirre, tras la inauguración de las nuevas instalaciones de una empresa en San Fernando, ha calificado de positivo el levantamiento del secreto del sumario del "caso Gürtel", tanto para los encausados como para los que tienen que tomar decisiones políticas en relación a ellos.
Tras opinar que "debe ser bastante difícil" acceder a los 80 tomos del sumario sin "ningún buscador", Aguirre ha indicado: "no sé si vamos a tener capacidad de leer todo eso".
"La justicia española debería replantearse este tipo de actuaciones", según la presidenta regional quien ha añadido que, a pesar de esas dificultades, el hecho de que el sumario del "caso Gürtel" sea público es "positivo para los encausados" y "para los que tenemos que tomar decisiones políticas en relación a ellos".
A preguntas de los periodistas sobre las nuevas revelaciones del sumario en relación a Luis Bárcenas, la presidenta regional ha insistido en que "hasta ahora España es un estado de derecho", por lo que "no juzga la Policía, que depende del Gobierno, sino los jueces", por lo que hay que esperar.
Los portavoces del PSOE e IU en la Asamblea, Maru Menéndez y Gregorio Gordo, han reprochado a la presidenta Esperanza Aguirre su falta de "firmeza" y "contundencia" con los tres ex diputados del PP que mantienen su escaño en esta Cámara, a pesar de estar imputados en el caso Gürtel.
Según la socialista Maru Menéndez, la actitud de Aguirre hacia Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosh -en la actualidad diputados no adscritos a ningún grupo- no refleja un "compromiso real por esclarecer los hechos" en los que supuestamente están implicados, ya que el grupo parlamentario popular mantiene una "estrechísima relación" con ellos.
También Gregorio Gordo (IU) ha constatado que "ni siquiera existe mal rollo entre estos tres imputados y el resto de parlamentarios del PP" y que Esperanza Aguirre "no muestra ni el más leve signo de contundencia contra ellos".
Desde que López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosh abandonaron el PP y se convirtieron el diputados no adscritos acuden cada jueves a los plenos de la Cámara, aunque no entran en el hemiciclo hasta que no finalizan las preguntas de control a la presidenta y al Gobierno.
La portavoz del PSOE cree que Aguirre ha "montado una gran mentira respecto a su supuesta actuación contra ellos, porque todos los jueves, a partir de las ocho de la tarde, aquí podemos comprobar cómo entran a votar los tres diputados imputados en la trama Gürtel".
Según Gordo, estos diputados no asisten a las preguntas de control al Gobierno "para que no sea tan visible su situación, que no es de gran confrontación ni de personas que han sido expulsadas" de un grupo parlamentario.
En este sentido, Menéndez ha recordado que, según consta en el Registro de la Asamblea, ninguno de los tres ha sido "expulsado", sino que ellos mismos "solicitaron su baja, sin duda tras un acuerdo entre los tres imputados y el grupo".
"Esperanza Aguirre trata de aparentar un gesto de actuación en relación a tres imputados, cuando realmente no hay ningún compromiso real por esclarecer los hechos, que son muy graves y que ponen de manifiesto, entre otras cosas, que los madrileños hemos estado pagando los actos institucionales de la presidenta con dinero que iban a parar a manos de las empresas de la trama de corrupción", ha lamentado la portavoz socialista.
Ambos portavoces han reprochado además al Gobierno de Aguirre su su posición "victimista" en este asunto y Menéndez ha considerado "inaudito escuchar que digan que quieren saber, cuando ella (Aguirre) es la principal responsable y debería tener muy claro los contratos realizados por su Gobierno con empresas de la trama Gürtel".
Recordemos que el juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, exige fianzas por un total de 201.450.000 euros en concepto de responsabilidad civil al supuesto líder de la trama de corrupción ligada a cargos del PP, Francisco Correa, y a sus colaboradores.
En varios autos notificados en los últimos días, el magistrado impone a Correa y a su "número dos", el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, una fianza de 85 millones de euros a cada uno, a las que se suma la fianza de 30 millones exigida al abogado y ex vicepresidente de Repsol YPF Ramón Blanco Balín.
Además, Pedreira ha fijado una fianza de 800.000 euros para la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, y de 650.000 euros para el supuesto responsable de la trama en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.
La fianza, que si no es satisfecha llevará al embargo de bienes, responde a las responsabilidades pecuniarias por los delitos fiscales y de blanqueo de capitales que se les imputan a todos ellos.
Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía fechado el pasado 30 de enero dice que el conglomerado de empresas constituido por Correa conseguía contratos publicitarios, de organización de eventos o de diseño de campañas a cambio de "contraprestaciones" económicas o de otro tipo a los políticos que se los concedían.
Correa también negociaba previamente la concesión de adjudicaciones de suelo, obra pública o construcción de viviendas igualmente a cambio de compensaciones económicas.
De hecho, la resolución señala que la trama entregó más de 2.800.000 euros a diversos cargos públicos en concepto de sobornos.
Las sociedades que controlaba emitían facturas falsas para justificar los ingresos, que luego eran blanqueados en paraísos fiscales, lo que ha permitido a Correa "disponer de una capacidad inversora en cualquier parte del mundo".
Los autos también recogen el informe de la Agencia Tributaria sobre la actividad económica de los imputados entre 2002 y 2007, que en el caso de Correa -que en ese periodo no hizo la declaración de la renta- revelan que "debería responder a título de autor de los delitos relacionados con su IRPF cuya cuota total asciende a más de 18 millones de euros".
En los delitos fiscales y de blanqueo que se imputan al supuesto líder de la trama "habrían participado numerosas personas", entre las que se cita a los abogados Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, cuya actuación se encaminó a "dar opacidad a las operaciones que realiza Francisco Correa".
De Blanco dicen los autos que "diseñó" la estructura de blanqueo de la trama, colaboró en la gestión del patrimonio personal de Correa y participó en la estrategia de desvincularle de la investigación judicial poniendo como testaferro de sus sociedades a su primo Antoine Sánchez.
Por su parte, sobre Crespo, el considerado 'número dos' de la trama, el juez señala que en 2006 dejó de declarar a Hacienda 539.120,13 euros, aunque el auto sostiene que todavía no se ha podido cuantificar la cuota que "podría haber dejado de ingresar la sociedad patrimonial Sabaris, Cresva, S.L.".
Además, considera que "hace ejecutar las directrices" de Correa, como la realización de transferencias internacionales y da instrucciones al resto de los integrantes de la organización.
Entre los hechos que se le imputan figura el haber cargado la factura de una bicicleta que compró su hija a la sociedad Orange Market.
La mujer de Correa, Carmen Rodríguez, es considerada "copartícipe en la estrategia de ocultación de su patrimonio" y se la acusa de haber favorecido a las empresas de su marido cuando era directora de Gabinete en el Ayuntamiento de Majadahonda.
Según el auto, Rodríguez usaba la estructura empresarial creada por su marido "para su propio beneficio" y como ejemplo menciona los viajes que ésta realizaba y que eran preparados por una de las empresas de la trama, Pasadena Viajes SL.
La sitúa el juez también como beneficiaria del patrimonio adquirido por la organización y asegura que conocía las actividades de ésta.
Por último, Pedreira dice que la sociedad controlada por Álvaro Pérez, Orange Market, dejó de ingresar en 2006 y 2007 por el concepto de retenciones de trabajo personal un total de 330.833,81 euros, cantidad que justifica la fianza de 650.000 euros impuesta a 'El Bigotes'.
Pérez aparece en la causa, recuerda el juez, como responsable de la captación de eventos en la Comunidad Valenciana, donde se encargaba de acordar la adjudicación de contratos con los "responsables políticos" autonómicos y negociaba el pago de las deudas pendientes del Gobierno de la Generalitat y del PP con la empresa.