• La familia de Alvaro Ussía pide que se acuda a la concentración de protesta en "El Balcón de Rosales"
El Gobierno de Madrid ha aprobado el decreto que regula el trabajo de los porteros de bares y discotecas, a los que prohíbe ejercer funciones de seguridad y les obliga a superar pruebas psicotécnicas y de conocimientos que les acrediten para ejercer funciones de control y acceso en esos establecimientos.
Así lo ha indicado hoy el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que ha acordado estas medidas, atendiendo una "demanda social", según ha dicho, provocada por la muerte violenta de Álvaro Ussía, presuntamente a manos de uno de los porteros de la discoteca madrileña "El Balcón de Rosales".
La nueva normativa regional establece la obligatoriedad de que los porteros de bares y discotecas posean y luzcan un distintivo, que tiene cinco años de vigencia, que les acredita para desempeñar el control de acceso y el aforo a los locales, después de que hayan superado unas pruebas en la academia de Policía Local de la Comunidad.
El acuerdo aprobado hoy, que se remitirá al Consejo Consultivo de la Comunidad para su preceptivo informe, establece que las únicas labores que pueden realizar estos porteros son el control del acceso y aforo de los locales, la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores y su consumo en la calle e impedir la entrada cuando el establecimiento haya cerrado.
"De ninguna manera" estos porteros podrán desempeñar tareas de seguridad, ha recalcado Granados, que ha dicho que en caso de que se produzca alguna alteración del orden público en bares o discotecas, estos empleados están obligados a comunicarlo a la Policía o a los servicios de seguridad de los locales, si los hubiere, pero "jamás" pueden intervenir.
Además, el decreto establece requisitos obligatorios para los porteros, como ser mayores de edad, tener nacionalidad española o permiso de residencia, carecer de antecedentes policiales y superar un curso de formación y unos test "psicotécnicos y psicológicos" que se les impartirán en la Academia de Policía regional.
El consejero calcula que en unos cuatro meses, una vez que el decreto haya sido aprobado por la Asamblea de Madrid, la Academia estará en condiciones de impartir los cursos a los porteros.
Finalizado el curso, se les entregará un distintivo acreditativo con cinco años de validez, transcurridos los cuales se prorrogará si las condiciones del empleado lo siguen permitiendo.
El incumplimiento de estas obligaciones, según ha explicado Granados, supondrá una falta muy grave que daría lugar a unas sanciones establecidas por la ley que van desde la multa de 30.000 euros a la propiedad del establecimiento, al cierre temporal o definitivo del mismo, en caso de falta reiterada.
El vicepresidente regional, Ignacio González, ha precisado que en cualquier caso la responsabilidad máxima en estos negocios es de sus propietarios, cuya actividad está regulada por ley.
Ha afirmado que lo que hace la Comunidad de Madrid ahora es regular una actividad "nueva" (la de portero de discoteca y de bares) que no tenía una "normativa específica" y precisaba "completarse" desde el punto de vista legal, dada la "proliferación de situaciones" que se están produciendo relacionadas con este colectivo.
Ha negado las acusaciones del vicesecretario general del PSOE, José Blanco, de que el suceso del Balcón de Rosales se haya producido por "dejación de funciones" del Ayuntamiento y la Comunidad y le ha recordado que Álvaro Ussía murió en la calle y que allí las competencias de orden público las tiene el Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno.
Por su parte Granados ha recalcado que la responsabilidad última de lo que ocurre en los bares y discotecas es de los propietarios de esos negocios y "no del que está en la puerta " y ha dicho que la Policía está obligada a controlarlos.