El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, propondrá este martes en el Pleno del Consejo Fiscal el nombramiento del fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública que estará encargado de fijar criterio --entre otros-- sobre el delito de revelación de secretos por el que se investiga al jefe del Ministerio Público. La Asociación de Fiscales (AF) ya ha mostrado públicamente su oposición a que García Ortiz realice esta propuesta de nombramiento.
Según consta en el orden del día, el fiscal general planteará su candidato hacia el final del Pleno, cuando los vocales se detengan en el punto duodécimo, que contempla el concurso discrecional por el que se convocan plazas para las jefaturas de cuatro unidades especializadas de la Fiscalía: la de delitos contra la administración pública, la de delitos económicos, la de seguridad vial y la de violencia de género.
Las propuestas de nombramientos son potestad --a discreción-- del fiscal general, quien previsiblemente anunciará sus elegidos para elevarlos al Consejo de Ministros tras escuchar a los vocales del Pleno, que podrán pronunciarse sobre la lista de peticionarios.
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press precisan que para la vacante de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública se presentan seis personas, entre los que figuran el fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo, quien se opuso a investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por presuntos delitos de terrorismo; el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana, quien fue candidato español a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) en 2021; la fiscal de Anticorrupción y exfiscal de la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell; y la fiscal decana de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, Virna Alonso Fernández.
En el caso de la plaza de fiscal coordinador de delitos económicos constan cinco peticionarios, incluido el actual fiscal de sala delegado de delitos económicos, adscrito a la sección penal de la Fiscalía del Supremo, Fernando Rodríguez Rey.
Por su parte, se han registrado 10 fiscales como candidatos a la plaza de fiscal de sala coordinador de seguridad vial de la Fiscalía General del Estado, que dejó vacante el fiscal Luis del Río tras su fallecimiento el pasado enero.
A la plaza de fiscal de sala de violencia contra la mujer, que quedó vacante tras el ascenso de Teresa Peramato a fiscal de sala jefa de la sección penal del Supremo, se ha presentado una sola persona: la fiscal superior de Asturias y delegada de violencia de género en dicha comunidad autónoma, María Eugenia Prendes.
Cabe recordar que las unidades de seguridad vial y violencia de género llevan tiempo en funcionamiento, mientras que la de delitos contra la administración pública y la de delitos económicos se crearon el año pasado y esta es la primera vez que se designará a sus respectivos jefes.
FIJARÁN CRITERIOS
Fuentes fiscales inciden en que estas dos nuevas unidades especializadas se centrarán en la lucha contra la corrupción de manera "complementaria" a la Fiscalía Anticorrupción. Según explican, mientras el equipo que dirige Alejandro Luzón se encarga de la labor jurisdiccional --es decir, de investigar y ejercer la acusación en juicios--, los fiscales de sala coordinadores de delitos económicos y de delitos contra la administración pública no tendrán competencia jurisdiccional.
En concreto, estas dos nuevas unidades se ocuparán de coordinar las actuaciones de los fiscales especialistas y de unificar los criterios de actuación. Se centrarán en causas más pequeñas que queden fuera de Anticorrupción, pero que merecen una atención especializada e implantada en los territorios.
La unidad de delitos económicos estará especializada en delitos fiscales y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Aunque ya existe un fiscal de sala de delitos económicos --Fernando Rodríguez Rey-- y fiscales especialistas en este tipo de delitos en Fiscalía autonómicas, no existe una unidad específica dedicada a unificar criterios y coordinar a todos los fiscales, que es lo que se pretende ahora.
Por su parte, la unidad de delitos contra la administración pública se centrará en fijar criterios en lo relativo a malversación, cohecho o prevaricación en causas que tienen su origen en gobiernos autonómicos, provinciales y municipales.
QUEJA PÚBLICA DE LA AF
Ya el pasado marzo, la AF --asociación mayoritaria de la carrera fiscal-- mostró su oposición a que García Ortiz presentara su propuesta de nombramiento para el cargo de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública.
"En la actual situación jurídico procesal del fiscal general del Estado, y dejando claro --como lo hemos hecho siempre- nuestro máximo respeto a su derecho a la presunción de inocencia, resulta sencillamente inconcebible que se vaya a cubrir esta plaza en este momento", señaló la asociación el pasado marzo en un comunicado.
Para la AF, "no es de recibo" que García Ortiz vaya a decidir el nombramiento de "la persona que habrá de ocuparse de unificar los criterios de actuación del Ministerio Fiscal sobre unos delitos como, por ejemplo, la violación de secretos", por el que está siendo investigado en el Supremo.
La AF también calificó dicha plaza de "innecesaria y perturbadora por su posible colisión con las competencias de otros órganos del Ministerio Fiscal". "Llamamos la atención sobre esta burla intolerable a nuestra institución y a la sociedad en su conjunto en un tiempo en el que es pública la investigación de diversos procedimientos que afectan al entorno del propio Gobierno", señaló.
INFORME SOBRE EL CAMBIO DE ACCESO A LA CARRERA
En el marco del Pleno del martes, está previsto a su vez que el Consejo Fiscal aborde su informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal. El ponente del borrador del informe es el fiscal Miguel Rodríguez Marcos, quien ha sido vicepresidente de la AF.
El anteproyecto en cuestión propone incluir un examen escrito para el acceso a la carrera judicial y fiscal, ampliar el número de plazas de jueces y fiscales y de becas para opositores y prohibir la financiación privada de las asociaciones, entre otras cuestiones.
Cabe recordar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya emitió su informe, en el que alerta de "disfunciones" que podrían generar "una carrera a dos velocidades". En el texto, aprobado el pasado marzo, indicaba que en el anteproyecto destacaban "ciertas innovaciones de calado" que pueden "generar dudas" sobra la "falta de idoneidad de alguna de las medidas" planteadas para alcanzar los objetivos del legislador.