La Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la sentencia del caso mascarillas para que se condene a Luis Medina y a Alberto Luceño por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
En el recurso, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal impugna la absolución relativa a este tipo penal y no la referida a la estafa por la que ambos fueron exonerados tras la celebración del juicio. Además, solicita que se agrave la condena impuesta a Luceño por un delito de falsedad en documento oficial al considerar que se trata de un delito continuado.
El pasado 19 de marzo, la Audiencia Provincial de Madrid notificó la sentencia por la que absolvía a Medina y Luceño de un delito de estafa al Ayuntamiento de Madrid. El tribunal condenó a tres años de cárcel a Luceño por un delito de fraude fiscal y otro de falsificación de documento público.
El fiscal solicita ahora que se les condene como autores (el primero como autor material y el segundo, como cooperador necesario) de un delito continuado de falsedad en documento mercantil a la pena de dos años de prisión y diez meses de multa, con una cuota de 500 euros diarios.
DOCUMENTOS FALSOS
Destaca el fiscal que el destinatario final de los documentos falsos elaborados por Luceño, con la cooperación necesaria de Medina, fue "el SEPBLAC, unidad de inteligencia financiera en España y, en consecuencia, la máxima autoridad en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo".
Esgrime además que "al menos uno de esos documentos fue presentado por Luceño a la Agencia Tributaria durante la tramitación del expediente que ha dado origen a su condena por un delito contra la Hacienda Pública".
"Los documentos trascendieron el ámbito meramente negocial entre las partes y tuvieron trascendencia frente a terceros, llegando a influir en la seguridad del tráfico mercantil, pues pusieron en acción los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales de dos entidades financieras distintas y motivaron la elaboración de un informe de inteligencia financiera que fue remitido a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, siendo este informe precisamente el origen del presente procedimiento penal", señala.
Asimismo, reclama que a Luceño no se le condene por un delito de falsedad en documento oficial sino que se agrave a un delito continuado de falsedad en documento oficial al haber fabricado un carnet del CNI, entre otros documentos.
De igual modo, reclama que se acuerde el decomiso de los bienes propiedad de Luceño, así como de cualesquiera otros bienes en poder del acusado, hasta alcanzar el límite de 1.351.386,29 euros, dinero que habrá de ser destinado con carácter prioritario al pago de la responsabilidad civil.