El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este lunes que la Comunidad de Madrid ha presentado un requerimiento previo al Gobierno central para que "de forma inmediata evalúe el coste" de la Ley de Eficiencia de la Justicia y ha avisado de que si no le responde en el plazo de tres meses con los que cuenta el Ministerio, irá al Tribunal Supremo (TS).
"Acabamos de realizar el requerimiento previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que el Gobierno central evalúe el coste real de implantación de la Ley de Eficiencia y dote a las comunidades autónomas de la financiación suficiente a través de los mecanismos establecidos en la propia Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común", ha dado a conocer en los Desayunos Madrid de Europa Press.
Así, ha reprochado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no cumpla "con las obligaciones que establece la propia Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común".
"Porque apostar por la Administración de Justicia requiere invertir en ella. De lo contrario, todo lo que se haga se queda en mera cosmética", ha indicado el consejero, quien ha criticado que pese al "enorme alcance" de esta ley, se haya llevado a cabo la norma sin "la necesaria dotación presupuestaria".
Este reproche ya llegaba este viernes tras la Conferencia Sectorial de Justicia presidida por el ministro del ramo, Félix Bolaños. Los consejeros del PP abandonaban el encuentro, que García Martín tachaba de "paripé".
Este lunes, el consejero ha criticado el ministro "Félix trolaños", a quien ha descrito como un "cobarde" por no acusarle a él la acusación de "gamberrismo" como sí hizo ante los medios de comunicación.
Ha continuado reclamando que tiene que "negociar y acordar con los legítimos representantes" de las autonomías y ha negado, además, que se hayan destinado 50,6 millones de euros a Madrid para el desarrollo de esta ley.
García Martín ha insistido en que esta Ley supone un "cambio radical" en la organización del sistema judicial y que se ha hecho "sin contar con el propio Poder Judicial, ni con las comunidades autónomas". Ha cifrado en 43 millones de euros el coste de la aplicación de esta Ley en la Comunidad de Madrid, de los que gran parte son estructurales. Además de anunciar el requerimiento previo, ha solicitado una nueva Conferencia Sectorial.
Por otro parte, ha informado de que se ha llegado a un acuerdo con los colegios de abogados para fijar un nuevo baremo para compensar a los abogados del turno de oficio que realicen actuaciones en materia de mediación y conciliación.
"Los letrados percibirán 385 euros cuando su actuación culmine con acuerdo, y 200 si finaliza sin acuerdo", ha trasladado el también portavoz del Gobierno autonómico.