La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha dado un plazo de una semana a las comunidades autónomas de Aragón, Madrid y Extremadura para que envíen o rectifiquen los datos sobre menores extranjeros no acompañados que tienen en la actualidad en acogida. De no hacerlo, según ha explicado, harán uso "de la última cifra acreditada de sus sistemas de acogida" para establecer el reparto de los más de 4.000 menores que acoge Canarias.
Mientras que Aragón no ha remitido ninguna cifra, Madrid y Extremadura, según ha explicado, han enviado datos "muy genéricos" sobre los menores migrantes no acompañados que tienen en acogida y "no reflejan el número de plazas ocupadas".
En este sentido, ha fijado plazo hasta la aprobación en el Congreso del Real Decreto que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería, prevista para el próximo jueves 10 de abril, para que aclaren "cuál es la tensión que tienen en cada uno de sus sistemas de acogida y qué número de plazas tienen ocupadas".
Así lo ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación en Pamplona, tras mantener un encuentro con la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro.
Los últimos datos con los que contaba el Gobierno sobre acogida de menores migrantes por parte de las comunidades autónomas datan de 2023 y con ellos el Ejecutivo hizo un cálculo provisional a la espera de los datos actualizados a 31 de marzo de 2025 solicitados a las comunidades autómas. Según este cálculo, Madrid es la región que más menores tendría que acoger, con un total de 806, mientras que Extremadura asumiría 169 y Aragón, 186.
Rego ha explicado este viernes que los datos solicitados a las comunidades autónomas, a las que se había dado de plazo hasta el 31 de marzo, tienen como objetivo "dimensionar el sistema de acogida y saber, por tanto, cuántos niños y niñas iban a llegar a cada uno de los territorios".
"La idea es que tengamos un criterio común para poder dimensionar el sistema igual que lo hay por ejemplo para establecer las camas de hospital que tiene que haber por población, las plazas de la escuela pública o para el sistema de dependencia y residencias", ha indicado.
"De la misma manera que el resto de servicios públicos que atienden a derechos fundamentales, en el caso de la infancia tenemos que hacer exactamente lo mismo", ha defendido. "Estamos hablando del interés superior del menor y del derecho que tienen los niños y las niñas, independientemente de su origen, a ser atendidos y a ser cuidados; por tanto tiene que haber un sistema público que garantice ese derecho y tiene que tener un criterio común para todos los territorios", ha subrayado.
Un criterio, ha destacado, "académico y de sentido común" que plantea "un índice que regula en términos de igualdad todos los territorios y dimensiona el sistema con las plazas preceptivas que debe tener". "Lo que vamos a ver es que, de acuerdo con los niños y niñas que hay en el territorio, hay sistemas que están más tensionados y otros menos tensionados", ha apuntado.
La ministra ha valorado que "hay gobiernos autonómicos que han hecho un esfuerzo mayor para dimensionar sus sistemas de acogida, que hasta ahora era voluntario". "Las plazas se creaban de alguna manera a demanda. No se creaba un sistema fijo de plazas con carácter preventivo", ha señalado.
Lo que se pretende ahora, ha explicado, es "que haya un número de plazas equilibrado que dé una capacidad de respuesta en caso de que sea necesario, sobre todo atendiendo el fenómeno migratorio, que es un fenómeno estructural y es un fenómeno dinámico".
Sira Rego ha destacado que "es un proceso de transición de cambio del sistema de acogida que pretende poner en el centro los derechos de los niños y de las niñas a todos los niveles y poner en valor que el sistema de acogida en el Estado es un sistema universal, cosa que no ocurre en otros países europeos". Un sistema "que no hace diferencia entre los niños y niñas que han nacido aquí y los niños y niñas que han nacido fuera" y que, ha remarcado, "hay que preservarlo como valor y reforzarlo".
También ha recordado que habrá "acompañamiento económico", ya que el decreto se acompaña de una partida de 100 millones de euros, para aquellas comunidades autónomas cuyos sistemas "estén más tensionados".