El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por "impedir" la aplicación de la Ley estatal de Vivienda en el municipio.
En un comunicado, el Consistorio ripense ha explicado que este recurso responde a la negativa del Gobierno regional a tramitar su solicitud para declarar al municipio como Zona de Mercado Residencial Tensionado, tal como establece la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. "La Comunidad de Madrid está impidiendo a la ciudadanía ripense acceder a sus derechos", ha denunciado la alcaldesa del municipio, Aída Castillejo.
El Ayuntamiento remitió el pasado 11 de diciembre un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid instando a su Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras a cumplir con la normativa vigente y poner en marcha el procedimiento de declaración del municipio como zona tensionada. Como respuesta, ha indicado, la Comunidad de Madrid ha ignorado este requerimiento, por lo que el equipo de gobierno local considera que se está incumpliendo la "obligación de aplicar la ley y dejando en una situación de indefensión a la ciudadanía ripense".
Desde el Gobierno regional han resaltado que la Comunidad de Madrid, pese a oponerse a la Ley estatal de Vivienda, "aplica en todos los artículos que son de carácter obligatorio". Sin embargo, no es el caso de las zonas tensionadas, ya que tiene carácter potestativo, es decir que, que está en manos de las Comunidades Autónomas aplicarlas o no.
En cambio, la regidora de Rivas ha defendido que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "no puede decidir qué leyes aplica y cuáles no". "Su inacción en materia de vivienda perjudica gravemente a las familias de Rivas, que tienen derecho a las medidas excepcionales contempladas en la ley estatal. Desde el Ayuntamiento, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para garantizar el acceso a una vivienda digna, pero exigimos que el Gobierno regional asuma también su responsabilidad y deje de boicotear soluciones que buscan aliviar la situación del mercado del alquiler y proteger a la ciudadanía", ha añadido.
Rivas solicitó formalmente el 25 de septiembre de 2024 que el municipio fuese declarado Zona de Mercado Residencial Tensionado, al considerar que cumplía con los requisitos recogidos en la Ley estatal de Vivienda. La Comunidad de Madrid rechazó iniciar el procedimiento argumentando, según el Ayuntamiento, que había recurrido la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional.
El Consistorio de la localidad defiende que la interposición de un recurso no suspende la aplicación de la ley, "que sigue siendo de obligado cumplimiento, máxime cuando el propio Tribunal Constitucional ha rechazado ya la mayor parte de los recursos interpuestos sobre la Ley de Vivienda".
EVIDENTE MALA FE
Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, han indicado que la decisión del Ayuntamiento de Rivas "no es más que una estrategia política que persigue, con evidente mala fe, hacer creer a la opinión pública algo que no es", que la Comunidad de Madrid se ha declarado en rebeldía contra la Ley de Vivienda estatal.
"Evidentemente no es así, y tan solo es necesario leer la propia norma para entenderlo", han indicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Jorge Rodrigo. La Comunidad La Comunidad de Madrid se opone frontalmente a la ley al considerar que cuestiona el derecho a la propiedad privada, ataca la seguridad jurídica, genera incertidumbre y, en consecuencia, ahuyenta la inversión.
"Y si no hay inversión, la actividad se para, el empleo se destruye, la oferta de vivienda se retrae y los precios se disparan porque si no hay oferta, los precios suben", han alegado para insistir en que se oponen a topar los precios "porque produce efectos negativos, como demuestran las experiencias fallidas que conocemos en lugares como San Francisco, Berlín, Escocia, Canadá, o incluso en la propia Cataluña, donde el precio fijo ha generado reducción de la oferta y aumento de los precios".
AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA, AL TSJM
Tras agotar la vía administrativa, el Ayuntamiento ha dado el paso de acudir a los tribunales para que se reconozca la obligación del Gobierno regional de tramitar su solicitud, lo que permitiría aplicar las medidas previstas en la Ley de Vivienda y que Rivas incluyó en el plan de medidas que acompañó la solicitud.
Entre otras, propuso la posibilidad de una prórroga extraordinaria anual para el arrendamiento tras la finalización del contrato o que en los nuevos contratos a nuevos inquilinos se limite el precio del alquiler a la renta del contrato anterior, con una excepción de una posible subida del 10% si se hubiesen efectuado obras de rehabilitación o mejora de la vivienda.
Además, se establecía la condición de gran tenedor a aquellos titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial y la limitación de los precios de alquiler de sus viviendas y las de aquellas personas propietarias de viviendas que no hubiesen estado arrendadas en los últimos 5 años.
También, la aplicación a los propietarios de los incentivos fiscales previstos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para el alquiler de larga duración en las zonas tensionadas, estimulando así también la salida al mercado del alquiler de las viviendas vacías.
Por último, se solicitaba la convocatoria de nuevas ayudas para el incremento del parque público de viviendas en alquiler, más de 500 en el caso de Rivas según el Plan Estratégico de vivienda de su empresa municipal. En este sentido, se pedía a las administraciones competentes, tanto la Comunidad de Madrid como al Gobierno de España, financiación a los ayuntamientos para el incremento del parque público de viviendas.