La directora general de Mayores y Prevención de la Soledad no Deseada, Silvia Saavedra, ha defendido que la gestión de reubicación "se ha realizado de manera adecuada" atendiendo a la urgencia de las obras a realizar en el edificio, unos trabajos que no han podido comenzar porque hay "cuatro personas que se resisten a irse".
Los trabajos están presupuestados en 3,7 millones de euros, a lo que ha añadido que "está costando a la Administración la actitud obstruccionista de estas cuatro personas porque hay un contrato que ha sido objeto de suspensión parcial pero hay que seguir manteniéndolo para conservar un servicio adecuado a estas cuatro personas mientras se tramita el procedimiento administrativo".
Para la concejala de Más Madrid Mar Barberán lo que está ocurriendo es "vergonzoso" porque "sacan de sus casas a cincuenta y tantas personas de los apartamentos de mayores diciendo que tenían que abordar una obra urgente e integral, obra que se iba a abordar en septiembre y cuya duración iba a ser de catorce meses pero se ha llegado a diciembre y aún no han empezado".
A la edil de Más Madrid no le vale con el hecho de que haya usuarios que no han abandonado las instalaciones porque esto denota la "falta de planificación del quince" de la Administración. "Tenían que haber tenido previsto esto, tenían que haber conseguido el consentimiento de todas y cada una de las personas y si no era así no haber no haber desplazado a ni una de ellas".
"Esas personas no saben cuándo van a volver ni cuándo van a iniciar las obras", ha lanzado Barberán, que ha defendido que las obras se podían haber planificado de forma sectorizada. "Los han desplazado y reubicado en un recurso que no era el más adecuado porque estaban en unas casas donde tenían autonomía para hacer absolutamente todas sus tareas cotidianas, para hacer una vida autónoma, pero les han desplazado incluso a otros municipios donde hay un desarraigo territorial", ha advertido.
"LAS OBRAS SON NECESARIAS"
Saavedra, por su parte, ha insistido en que "son necesarias las obras porque hay un informe técnico de la dirección general de Arquitectura que establece que es fundamental la subsanación de patologías en el edificio". El inmueble "está dispuesto para que existan 68 plazas disponibles pero, como consecuencia de las deficiencias del edificio, únicamente se puede disponer de 61".
"Para la realización de las obras es necesario que el edificio quede vacío", ha constatado la directora. Para ello el Ayuntamiento se puso en contacto con la Comunidad de Madrid tras comprobar las plazas disponibles en las residencias municipales.
Sin embargo, "cuatro personas se resisten a salir de los edificios del apartamento de los apartamentos". "No podemos forzar el consentimiento de esas personas porque eso se llama delito de coacciones. Nosotros tenemos que seguir el procedimiento adecuado y para ello hay que conseguir una resolución administrativa provisional, con un trámite de alegaciones, la notificación de la resolución firme y dar un plazo para que se vayan y si no iniciar el procedimiento administrativo que, al constituir el domicilio de las personas, exige un requisito de acuerdo con la ley y la entrada en domicilio", ha explicado.
Silvia Saavedra ha afirmado de que "de lo que se quejan la mayor parte de las personas que han sido trasladadas, sino todas, es de la insolidaridad de estas cuatro personas que no abandonan el edificio porque es fundamental realizar estas obras".
La directora ha insistido en que están acometiendo "una gestión adecuada" con la reubicación de usuarios según sus características y necesidades. Así 59 personas en total han sido reubicadas. De ellas 19 han elegido alternativas privadas mientras que otras han ido tanto a residencias de la Comunidad de Madrid como a municipales.