El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que cite como testigo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al considerar que puede arrojar luz sobre la presunta revelación de secretos por la que se le investiga porque asegura que tuvo acceso a los 'emails' filtrados "antes" que él mismo.
Así consta en un escrito presentado por la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, en el TS en la causa donde investiga al fiscal general por la presunta filtración de unos correos electrónicos que daban cuenta de las negociaciones entre el abogado de Alberto González Amador --el novio de Díaz Ayuso-- y el fiscal del caso donde se le investiga por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, para llegar a un acuerdo.
En este escrito de 14 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, los Servicios Jurídicos del Estado aseguran que "existen indicios de que Miguel Ángel Rodríguez accedió cuando menos a una parte del contenido de aquellos correos".
Y se basan en una información publicada por eldiario.es el 17 de octubre donde se afirma que 'La primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez: correos a varios medios antes del desmentido de la Fiscalía'; y en dos mensajes publicados por el jefe de gabinete en la red social X.
En el primero de estos mensajes, detallan, se publicó "un bulo" a las 22:41 del 13 de marzo. "Resumen de la locura de hoy: La Fiscalía ofrece por 'email' un acuerdo al señor González; antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes 'de arriba' para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio".
En el segundo, del 17 de octubre, Rodríguez indicaba: "Aclaremos: si doy información con copia de un 'email' oficial de la Fiscalía en el que se propone un acuerdo con González Amador ¿dónde está el bulo? Si se demuestra que el fiscal general paró la operación y se negó al acuerdo ¿dónde está el bulo? Republica bananera con B de Begoña".
Para la Abogacía, "los documentos reseñados revelan, al margen de la veracidad o coincidencia con la realidad de la información, que Miguel Ángel Rodríguez propagó información manifiestamente falsa a propósito de la actuación desarrollada por la Fiscalía, que aquel tuvo acceso a los correos electrónicos que constituyen objeto de análisis en el presente procedimiento o, al menos, a alguno de ellos antes que la fiscal jefa provincial de Madrid (Pilar Rodríguez), la fiscal superior de Madrid (Almudena Lastra) o el fiscal general del Estado".
Por ello, pide al instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, que tome declaración como testigo a Miguel Ángel Rodríguez, "a fin de esclarecer: a qué correos electrónicos tuvo acceso; quién le facilitó el acceso a los correos electrónicos o le informó de su contenido; si difundió información relacionada con el contenido de los correos electrónicos y, en tal caso, a quién y en qué consistió; y si conoce qué personas conocían el contenido de aquellos correos electrónicos antes de las 21:54 horas del 13 de marzo de 2024".
La Abogacía alega que "se trata de una diligencia a todas luces pertinente y útil a fin de determinar el círculo de personas que razonablemente pudieron difundir el contenido de los correos electrónicos que constituyen objeto de este procedimiento".
Y en este sentido recuerda que, conforme a la jurisprudencia del propio TS, "cuando se revela un secreto y, más aún si el destinatario de lo revelado es un profesional de la información, el secreto o la información reservada ha dejado ya de serlo".
"De ahí que en el presente caso resulta útil y pertinente conocer si a Miguel Ángel Rodríguez le consta, a la vista de que tuvo acceso al menos parcial a dichos correos, qué personas y, en especial, qué profesionales de la información pudieron haber tenido conocimiento de los mismos", incide.
TAMBIÉN PIDE QUE TESTIFIQUEN OCHO PERIODISTAS
La Abogacía hace un detallado relato cronológico de lo acontecido la noche del 13 de marzo, cuando comenzaron a aparecer publicadas en prensa las primeras informaciones sobre las negociaciones entre González Amador y la Fiscalía.
Al hilo, recuerda que el TS "centra su investigación en concretar qué persona envió a los medios de comunicación, con anterioridad a la difusión de la nota informativa del Ministerio Fiscal, los correos electrónicos".
"El alto tribunal sugiere o sospecha que la revelación pudiera partir del fiscal general del Estado o de la fiscal jefa provincial de Madrid (...) porque parte de un premisa --en estrictos términos de defensa, errónea e incompleta-- consistente en que 'los correos entre fiscal del caso y el letrado de González Amador fueron revelados estando los mismos en poder del fiscal general y de la jefa provincial", expone.
Frente a ello, precisa que hasta 16 personas (12 fiscales y 4 funcionarios) tuvieron acceso a la cuenta de correo electrónico a la que se enviaron inicialmente, y que ya el 13 de marzo Salto mandó esos 'emails' de forma simultánea a Pilar Rodríguez y Almudena Lastra a las 21:52 y a las 21:54, respectivamente, y que la fiscal jefe provincial de los reenvió a García Ortiz a las 21.58 horas de ese mismo día.
La Abogacía indica que la primera publicación en prensa relativa a estos correos electrónicos la hace 'El Mundo' a las 21:29 horas bajo el titular: 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita los dos delitos fiscales mientras judicializa el caso'.
De ello deduce que "'El Mundo' tenía en su poder el correo electrónico o le habían revelado literalmente su contenido antes de las 21:29 horas del día 13 de marzo, es decir, antes de la hora en que el señor Salto remite el correo electrónico" a sus superiores jerárquicos.
La defensa de García Ortiz destaca que posteriormente, desde las 22:10 horas, otros medios se hacen eco de esos correos electrónicos pero en sentido contrario. "La pareja de Ayuso ofreció un pacto a la Fiscalía para admitir dos delitos fiscales", dice citando la noticia de La Sexta de las 22:10.
A ello anuda que, de lo declarado por Salto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, "se infiere que previamente a la llamada recibida sobre las 22 horas del 13 de marzo (de Lastra, reclamando esos 'emails'), no había informado ni a la fiscal jefa provincial ni a la fiscal superior de Madrid ni al fiscal general del Estado sobre el precitado acuerdo de conformidad".
EL SECRETO PROFESIONAL
Con todo, recalca que "en este momento procesal se ignora, por no haber sido practicada diligencia alguna a fin de determinar dicho extremo", qué periodista fue el primero en revelar el contenido de esos 'emails', concretamente el del 2 de febrero.
"Quién fue el primero en difundir el contenido de ese correo electrónico y a qué hora tuvo lugar dicha difusión constituyen sendas incógnitas que en el presente momento procesal difícilmente podrán despejarse", lamenta.
No obstante, ve "difícil concebir que la fuente que reveló las informaciones publicadas" a partir de las 22:10 "pudiera ser la fiscal jefa provincial de Madrid o el fiscal general del Estado". Y ello porque "resulta ilusorio pensar que en un lapso temporal de 16 minutos" dio tiempo a que Rodríguez o García Ortiz se pusieran en contacto con la prensa y se redactara la información.
En cualquier caso, interesa tomar declaración como testigos a esos ocho periodistas y sobre esto hace hincapié en que, "si bien no hay obligación de revelar las fuentes, sí debe acreditarse lo que se ha hecho para no menospreciar la veracidad de la información, evitando que quede reducida a un conjunto de rumores o insinuaciones vejatorias carentes de protección constitucional".
"Por eso parece quedar fuera de toda duda que el secreto profesional debe ceder cuando conste fehacientemente que la fuente ha falseado dolosamente la información", afirma.