A más de una década, de mantener congeladas las cuentas de varios empresarios que se vieron afectados por el caso de la Banca Privada de Andorra, la controvertida jueza Stephanie García y Joan Carles Moynat Rossell, continúa obstaculizando la resolución a favor de uno de los empresarios, al intentar desprestigiar, a pesar de que no se le ha podido comprobar que el origen de sus recursos sea ilícito.
Entre este grupo de afectados, de todas partes del mundo se encuentran mexicanos, que suman varios millones de euros que siguen retenidos de manera injusta, bajo procedimientos pocos claros de las autoridades del Principado de Andorra, donde impera la opacidad y violación de derechos humanos.
Uno de los empresarios de origen mexicano, que por seguridad ha preferido no exponer sus datos personales, recientemente dio a conocer su preocupación por los argumentos sin fundamentos con las que buscan despojar de sus bienes, al tratar de vincularlo con lavado de capitales, cuando incluso se ha sostenido mediante pruebas y auditorías internacionales que sus negocios son completamente lícitos.
“Es una mentira más que están utilizando las autoridades de Andorra en mi contra, después de casi 10 años, siguen dañando mi integridad, cometiendo actos de discriminación por ser mexicano, he vivido una persecución y un daño a mi patrimonio irreversible, ahora están intentando vincular mi caso con delitos que jamás he cometido” mencionó.
Responsabiliza a Joan Carles Moynat Rossell, por ser quien emprendió la persecución en su contra valiéndose de su cargo para girar una orden de aprensión injustificada, únicamente para amenazar e intentar extorsionar al empresario.
El equipo de abogados del mexicano, explicó que la jueza del Principado de Andorra Stéphanie García, ha indicado como prueba un supuesto argumento que no tiene sustento para señalarlo por lavado de dinero, lo que expone una difamación, discriminación y violación a los derechos humanos del afectado.
Aunado a ello, la Fiscalía General de la República en México, a través de su oficina de asuntos internacionales, con anterioridad ha emitido un documento de asistencia jurídica en favor del empresario mexicano donde precisa su inocencia ante los delitos mencionados, en este se manifiesta la inexistencia de pruebas para imputar alguna conducta ilícita, así como el llamado al principado de Andorra a respetar los acuerdos internacionales y no violentar los derechos del mexicano.
El abogado de uno de los empresarios Antoni Riestra, confesó que lleva una amistad con la jueza Stephanie Garcia, además que es el único abogado que la juez permiten para su representación, menciono que la jueza Garcia le comento en privado que no confía en la información oficial proveniente de México por la corrupción, un insulto desvergonzado y contraproducente, cuando el Principado de Andorra mediante un sin número asistencias judiciales ha solicitado información a México pero como la misma no opera a su favor, deciden desconfiar de la veracidad de la información recibida.
Expertos juristas mexicanos, se pronunciaron a tal situación, reclamando que si la información enviada al principado de andorra, es a favor de nuestros clientes y las misma sirve para demostrar su inocencia, automáticamente las autoridades andorranas dicen que la información, oficios y asistencias no son confiables, situación que vulnera la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y los convenios internacionales.
Cabe mencionar que la jueza Stéphanie García, ha estado a cargo en diversos casos de persecución contra empresarios extranjeros, que en algún momento invirtieron sus capitales en el Principado de Andorra, y bajo acusaciones infundadas ha sido causante del despojo de cuentas bancarias de dichos empresarios.
Una vez más intenta criminalizar a un empresario, operando uno de tantos despojos que ocurren en ese país donde por error depositaron su dinero y a 10 años de liquidar la Banca Privada de Andorra BPA, el estado se ha apropiado de de su dinero sin ningún elemento que compruebe que provenga de una actividad ilícita y sin opción a defenderse, ya que han basado las acusaciones en su contra, en suposiciones infundadas.
Lo más grave ha sido la intimidación en contra del empresario e incluso intentos de extorsión, por parte de los funcionarios cómplices Stephanie García y Joan Carles Moynat Rossell, quienes por medio de amenazas de órdenes de aprehensión pretenden que los empresarios renuncien a parte de su patrimonio, situación que se agravo poco tiempo después que al empresario se le ofreciera renunciar al setenta porciento de la totalidad de los dineros aprehendidos a cambio que se levantaran las medidas cautelares del proceso, propuesta que el empresario negó rotundamente.
Actualmente, el empresario mexicano confía en el apoyo de las autoridades mexicanas competentes para defender sus derechos ante las acusaciones arbitrarias de las autoridades de Andorra, y en espera de los avances que logren sus abogados, confía se obtenga una resolución a su favor para recuperar su patrimonio y se aclaren las acusaciones que de manera injusta se han hecho en su contra.