a Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) presentó el pasado lunes una denuncia ante la Comisión Europea a la Comunidad por no hacer públicas las autorizaciones del proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro.
La FRAVM ha presentado la denuncia en nombre del Movimiento No a la Tala después de "no poder presentar propuestas y alegaciones a las autorizaciones del proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal ya que no han sido publicadas en los boletines oficiales", han explicado los colectivos vecinales en un comunicado.
Por el mismo motivo han ampliado la denuncia de la petición que está abierta en el Parlamento Europeo por las talas de árboles de una obra que cuenta con la financiación del Banco Europeo de Inversiones.
"Resulta increíble que las obras de ampliación de la línea se estén desarrollando sin la preceptiva publicación de las autorizaciones del proyecto constructivo", han subrayado. La denuncia llega un año después de que una delegación del Movimiento No a la Tala compareciese en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, para pedir la apertura de una investigación por los destrozos en el arbolado y zonas verdes.
Los colectivos vecinales vuelven a recurrir a las instituciones europeas "para defender el derecho de la ciudadanía a intervenir en decisiones administrativas que la afectan".
"Resulta increíble que las obras de la ampliación de la línea 11 de Metro se encuentran en ejecución desde noviembre de 2022, provocando unas afectaciones importantes en la población y el medio ambiente, al amparo de un proyecto constructivo final que se desconoce y, por lo tanto, no se puede recurrir", han subrayado.
El movimiento No a la Tala ya denunció otras irregularidades en este proyecto "obligando a la Comunidad de Madrid a tramitar una evaluación ambiental simplificada en 2023, con la consiguiente reducción de talas, con unos 500 árboles, la mitad de los previstos en 2022".
"No sabemos si la transposición de la ley no está clara para la Administración española, pero se incumple", ha destacado la FRAVM en la denuncia enviada a la Comisión Europea, que ahora tiene un plazo de doce meses para estudiarla y decidir si abre un procedimiento formal de infracción.