El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha expresado este martes su rechazo hacia el cupo catalán, al que describió como una “suerte de corrupción política” y un “atropello al modelo” establecido por los españoles.
Estas declaraciones se produjeron tras la firma de un convenio con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, en la Real Casa de Postas. García Martín resaltó que tanto los presidentes del PP de diferentes comunidades, como los de otros partidos "sin excepción", están en contra de esta medida. Asimismo, señaló que agencias de calificación crediticia como Fitch, así como organismos internacionales y nacionales, han advertido sobre el impacto negativo que podría tener para las autonomías.
“Estamos hablando de compra de votos a través del sistema de financiación autonómico para que el presidente, Pedro Sánchez, pueda mantenerse en La Moncloa un poquito de tiempo más”, afirmó García Martín. Según él, este supuesto cupo beneficia únicamente a una comunidad autónoma, independientemente de cómo se le denomine.
El consejero madrileño criticó lo que considera “una financiación a la carta”, que a su juicio no encaja ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas. Argumentó que esta medida contradice el actual modelo territorial y va en detrimento del Estado y de las autonomías.
García Martín advirtió que, de materializarse este acuerdo, podría poner en peligro la financiación de servicios públicos esenciales como la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales en muchas comunidades autónomas. “Y lo decimos desde una comunidad autónoma solidaria, desde la más solidaria”, subrayó. Recordó que Madrid es la comunidad que más contribuye a la caja común, aportando el 70% de los recursos provenientes de las comunidades autónomas. Aun así, defendió que estas aportaciones deben hacerse “en condiciones de igualdad”.
El consejero concluyó haciendo un llamado a Pedro Sánchez para que “rectifique cuanto antes”, insistiendo en que no es aceptable romper el modelo territorial vigente en España. Subrayó que este tipo de decisiones “atentan contra la propia Constitución” y amenazan con desestabilizar el equilibrio del sistema autonómico del país.