Así lo ha puesto de manifiesto el Ejecutivo tras la reunión del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. El objetivo de la reunión era darles cuenta de la postura del Gobierno ante la intención de la CEE de establecer "un sistema de compensación no vinculante sin participación de las víctimas y al margen de las recomendaciones del Defensor del Pueblo", según ha informado este departamento.
Este encuentro ha tenido lugar un día antes de que una Asamblea Plenaria Extraordinaria de la CEE debata, y en su caso apruebe, el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA).
Bolaños ha explicado que durante los últimos meses el ministerio ha estado en contacto con la CEE para negociar un sistema de reparación para aquellos casos donde las acciones judiciales han prescrito de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el Informe del Defensor del Pueblo, que consisten en la creación de un órgano mixto entre Iglesia y Estado.
En esa línea, el ministro ha transmitido que el Gobierno no aceptará "en ninguna circunstancia" un sistema unilateral como el propuesto por los obispos y ha asegurado que no se ha transmitido "en ningún momento" al Ejecutivo. Sin embargo, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, aseguró la semana pasada que los obispos habían informado al Gobierno de sus intenciones a través de la comisión bipartita en la que están representadas ambas partes.
Según el ministerio que dirige Bolaños, el plan de la Iglesia no cuenta con presencia de las víctimas, no es obligatorio para las diócesis y sus resoluciones no tienen carácter vinculante, por lo que no se garantiza "en ningún momento" la reparación. Los obispos tienen previsto someter el plan a votación de la Asamblea Plenaria este martes 9 de julio. Para su aprobación, necesitará mayoría de dos tercios, pero las diócesis no dependen de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que es un órgano exclusivamente de coordinación, sino que son soberanas, por lo que siempre quedará a voluntad de cada obispo la aplicación del mismo.
"Ha costado mucho que las víctimas consigáis que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se os garantice una reparación adecuada. El Gobierno estará a vuestro lado", ha subrayado Bolaños.
En definitiva, Bolaños ha transmitido a las víctimas que el Gobierno mantiene su apuesta por cumplir "fielmente" con las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo, que fueron además asumidas formalmente por el Ejecutivo a través de un plan de implementación aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2024. En este sentido, se ha dado cuenta a las víctimas de las gestiones realizadas ante la CEE y de cómo se ha defendido esta postura tanto en las reuniones como en diversas misivas del ministro al presidente de esta institución.
EL EJECUTIVO PIDE UN SISTEMA QUE GENERE UN "ENTORNO SEGURO"
Para finalizar, el ministro ha reiterado que se seguirá dirigiendo a la CEE para negociar un sistema de reparación acordado entre Iglesia y Estado que vincule a la Iglesia, cuente con la participación y la aprobación de las víctimas, genere un "entorno seguro y de confianza" para plantear sus casos, actúe con "criterios transparentes", esté integrado por profesionales independientes y compense "adecuadamente" a las víctimas de los abusos a cargo de la propia Iglesia.
Las asociaciones de víctimas que han acudido a la reunión han sido la Asociación de Víctimas de abusos de Navarra (AVA), la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), - Justice Initiative España, la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia (Lulacris), la Asociación nacional de Víctimas Anuladas (ANVA), Mans Petites y la Fundación Vicki Bernadet. La representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha estado integrada por el ministro, Félix Bolaños, el subsecretario, Alberto Herrera, y la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de abril el 'Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos', con el objetivo de saldar la deuda con las víctimas.
Entre las medidas se incluye la organización de un acto público con las víctimas y sus familiares y la adopción de las medidas legales y administrativas para aquellos casos en los que no hayan tenido oportunidad de una reparación en el ámbito judicial. El Ejecutivo quiere articular, con participación de la Iglesia, un fondo estatal de compensación a las víctimas de abusos.
Sin embargo, los prelados españoles señalaron que solo participarían en casos de que el fondo se destinaran a todas las víctimas y no solo las de la Iglesia. Además, los obispos han preparado un plan de atención integral a las víctimas que, según han avanzado, también contempla indemnizaciones. El plan será debatido y aprobado el martes 9 de julio con la intención de presentárselo al Papa este mismo mes en caso de que se apruebe.