La plataforma de profesores asociados de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha denunciado que más de 2.000 compañeros de este colectivo podrían ser no renovados, en una decisión "sin transparencia ni debate" y por una aplicación "restrictiva" de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
En un comunicado, el colectivo achaca estos posibles despidos a motivos "exclusivamente económicos" y a pesar de que la LOSU busca la estabilización de la figura del profesorado asociado y una mejora de la calidad docente.
La plataforma denuncia que el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la Complutense ha implementado un plan "de reducción generalizada encubierta" del cuerpo de profesores asociados, un plan que no ha sido objeto de debate ni votación en el Consejo de Gobierno, según el colectivo de profesores asociados.
De acuerdo con sus datos, este plan apunta a una disminución significativa del número del número de profesores asociados por fases, reduciendo su presencia del 35,5% al 8% de la plantilla total, lo que implica, a su juicio, un incumplimiento de las condiciones que dispone la LOSU para la estabilización de este colectivo.
Los profesores explican que en el transcurso del presente año académico se prevé la finalización de la mayoría de los contratos de este colectivo en más de la mitad de las facultades, particularmente en aquellas con programas de ámbito generalista.
RECORTES ENCUBIERTOS DE PERSONAL
"Estos recortes encubiertos de personal forma parte de una estrategia de 'estabilización' que continuaría en el próximo año, poniendo en riesgo la continuidad de numerosos docentes con muchos años de servicio", han asegurado.
Asimismo, critican la decisión del Vicerectorado por la falta de negociación real con los directores de departamento y por una comunicación "deficiente", que ha dejado a los miembros del Consejo de Gobierno con un conocimiento "indirecto y fragmentado" de las medidas implementadas.
La plataforma también destaca que este proceso se está realizando con una "total falta de transparencia" en la que los criterios para determinar los puestos de profesores asociados a extinguir no han sido hechos públicos, lo que supone la posibilidad de "agravios comparativos" y "sospechas de discreccionalidad" por parte del Vicerectorado.
Los profesores asociados, casi 2.500 actualmente en la Universidad Complutense, aseguran que son profesionales con "acreditadas carreras externas" a la vía académica y su actividad docente permite a los estudiantes acercarse a la práctica real del mercado de trabajo y aumenta la diversidad de perfiles en los que pueden inspirarse para su futuro.
Por su parte, el Vicerectorado de Ordenación Académica y Profesorado asegura que estas medidas son necesarias para adaptarse a la nueva ley de universidades, si bien los profesores asociados han señalado que otras instituciones han optado por enfoques "muchos menos restrictivos" y respetando el espíritu de la norma, que no pasa por el "despido generalizado" del profesorado que se encuentra en la situación más precaria.
El colectivo de profesores asociados, que incluye a numerosos profesionales con más de seis años de experiencia docente, algunos llegan a la veintena, enfrenta así un futuro incierto, que provoca un clima de "desasosiego y desamparo" entre el personal docente.
"Esta precipitación en la aplicación de recortes se considera una amenaza directa a la calidad de la educación y la investigación en la UCM, anticipando un retorno a los problemas de masificación de décadas pasadas y la desaparición de asignaturas optativas", han denunciado.
A su juicio, la extinción de estas plazas no solo aumentaría la carga docente de los profesores permanentes y eventuales, sino que también podría deteriorar el impacto investigador de la Universidad, contraviniendo de esta manera lo que la LOSU establece sobre la calidad de la docencia y la investigación en las universidades públicas.
POSPONER LA MEDIDA
Por todo ello, la plataforma solicita posponer cualquier medida no consensuada hasta realizar un debate adecuado con representantes legítimos; en el caso del uso incorrecto de la figura del profesor asociado, demanda un ajuste que respete la especialización académica de cada docente en el ámbito de su asignación docente; y ante el argumento de ajustes por razones económicas, pide una auditoría transparente para evaluar la viabilidad de las decisiones tomadas.
Igualmente, los profesores asociados abogan por un plan de estabilización, con una revisión y aplicación justa que respete los derechos y la trayectoria del personal afectado, promoviendo una solución equitativa y sostenible que fortalezca la educación y la investigación en la Complutense.