Creen que las convocatorias deben suspenderse hasta que la Ley de medidas urgentes entre en vigor y los procedimientos judiciales se resuelvan
La Agrupación Sanitaria Española (ASAES) ha presentado junto con profesionales de toda la sanidad de Madrid 423 demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para recurrir de forma colectiva la impugnación de las OPES por la inseguridad jurídica que produce esta convocatoria.
Según ha informado el colectivo, la citación se produce cuando se encuentra en un avanzado estado de tramitacion la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que desarrolla el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio y, que por consiguiente tendrían que excluir de la convocatoria las plazas que deberían aplicarse según la Ley 20/21 para la reducción de la temporalidad.
El colectivo argumenta que la inseguridad jurídica afecta a todos, tanto al que lleva "sufriendo durante años la temporalidad, así como a quien pretende acceder a determinadas plazas".
"Si no se suspenden las OPES se podrá dar la situación de que alguien se prepare para acceder a una plaza y que esa plaza se saque de la convocatoria por haber sido declarada la fijeza por sentencia en un procedimiento judicial o por no ser necesario un examen oposición para su adjudicación según la Ley de reducción de la temporalidad", advierten.
"Todos aquellos que se encuentran sufriendo la temporalidad, ahora se ven sometidos a la incertidumbre de desconocer que pasará con sus plazas", agregan.
Según explica el colectivo, esto se produce porque la Ley de reducción de la temporalidad establece condiciones más ventajosas para obtener una plaza fija que las propuestas por las Convocatorias publicadas los pasados 14,15,16 y 17 de Diciembre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Desde ASAES señalan que entienden que se debe producir la exclusión de todas las plazas que puedan obtenerse tras acogerse a la Ley para la reducción de la temporalidad, que está pendiente de su publicación en el BOE para que entre en vigor. Además, deben excluirse aquellas plazas de quienes han sometido a juicio la fijeza de su plaza.
Por todo ello, las convocatorias deben suspenderse hasta que la Ley entre en vigor y los procedimientos judiciales se resuelvan. "Esto tiene la finalidad de no someter al pago de tasas, estudio de temario, apuntarse a una academía e iniciar el estudio del temario para esta OPE cuando en algunos casos podrían acceder sin examen a su plaza según la Ley para la reducción de la temporalidad", apuntan.
Insisten en que es "desproporcional e injusto" someter a la incertidumbre a un personal agotado por el trabajo extraordinario del Covid y después de más de 10 años de temporalidad en muchos casos.
Se han publicado 3.220 plazas de facultativos especialistas, 1.374 plazas de Técnico Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería y de Celador un total de 657 plazas.
A noviembre de 2021 en relación con los facultativos 4.528 plazas son ocupadas por interinos, es decir, contratos temporales. Y 1857 plazas son ocupadas por eventuales. Y todo, de un total de 12006 plazas, según datos del Servicio Madrileño de Salud.
Además, afirman que la Comunidad de Madrid está incumpliendo la obligación de identificar las plazas convocadas, sus carácteristicas, así como no están especificando, como en el caso de la especialidad de Pediatria las condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
ASAES está agrupando a todos los sanitarios para realizar impugnaciones colectivas y paralizar "este sinsentido que debía haberse producido de oficio, es decir, la propia Comunidad de Madrid debería haber procedido a la suspensión de la OPE a la espera de la Ley, sin mayor trámite, en vez de obligar a todos los aspirantes al inicio de un procedimiento judicial".